El Ayuntamiento atiza la polémica por el servicio de bomberos en el alfoz de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha vuelto a encender la polémica como consecuencia de la decisión de la Diputación Provincial de Valladolid de asumir directamente la gestión del servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil en todo el ámbito provincial. Tras el desencuentro inicial entre ambas instituciones, riptura de las negociaciones, acusaciones mutuas, reproches y grabaciones sin consentimiento, ayer la institución provincial firmaba con Arroro de la Encomienda el acuerdo para ubicar en dicho municipio el nuevo parque de bomberos que atenderá a los municipios del alfoz, servicio que antes prestaban los bomberos de la capital.

Tras la rúbrica de ayer, el Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado a la Agencia de Protección Civil que dejará de proporcionar este servicio fuera de su término municipal a partir del 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, las llamadas que se reciban en el 112 a partir del 1 de enero de 2021 no podrán ser derivadas al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid, «salvo en los casos en los que se correspondan con aquellas emergencias ubicadas en el municipio de Valladolid, marco geográfico en el que este Ayuntamiento tiene competencia para la prestación de dicho servicio «.

Y matiza que la Diputación Provincial asume de forma directa la prestación del servicio y la responsabilidad que se deriva del mismo, algo que -subraya el Ayuntamiento de Valladolid- no solo está en su derecho de hacer sino también en la obligación de hacerlo. «El Ayuntamiento de Valladolid respeta la decisión adoptada por la Institución Provincial y le desea el mayor de los éxitos en la asunción de la gestión de su competencia de forma directa«. Pero dicho esto, enfatiza que «no puede en modo alguno aceptar las afirmaciones vertidas en el día de ayer para justificar esa decisión. Dichas afirmaciones son esencialmente dos: que el Ayuntamiento de Valladolid ha manipulado las cifras en las que basa su posición y que ha tensado las negociaciones hasta límites inaceptables«.

Respecto de la primera de esas interpretaciones, el Ayuntamiento de Valladolid reitera «que ha sustentado sus cálculos en criterios estrictamente legales y técnicos» y que está aún esperando a que la Diputación Provincial traslade o haga públicos los suyos, pues hasta la fecha se han limitado a decir qué cantidad estaban dispuestos a pagar sin aportar documento alguno en el que se establezca una valoración alternativa a la realizada por el Ayuntamiento de Valladolid.«

Respecto a la segunda de las afirmaciones, desde el Ayuntamiento se recuerda el «lamentable episodio protagonizado por el todavía vicepresidente de la Institución Provincial, grabando las conversaciones con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento –sin consentimiento- y difundiendo el contenido de esas grabaciones en un grupo de whatsapp, en un hecho sin precedentes en la historia de ambas instituciones y que revela el grado de deslealtad y bajeza política con el que la Diputación se ha comportado en la negociación«.

En dicha grabación, afirma el Consistorio vallisoletano, no puede extraerse otra conclusión que el Ayuntamiento dice en público y en privado lo mismo, manteniendo la coherencia en todos los ámbitos, mientras que la Diputación Provincial por boca de su vicepresidente dice en privado que no está en condiciones de asumir el servicio con fecha 1 de enero de 2021, mientras su presidente declara en público que podrá hacerlo sin problema. Uno de los dos no dice la verdad«.

Por último, el Ayuntamiento remitirá hoy una comunicación al presidente de la Diputación Provincial dejándole claro que el Consistorio queda liberado, de «cualquier responsabilidad por daños en bienes o personas que se produzcan en un ámbito que a partir del 1 de enero de 2021 es de su exclusiva competencia, y por tanto de su exclusiva responsabilidad»; que el Ayuntamiento de Valladolid no dispone ya de habilitación legal alguna para operar fuera de su término municipal y que no pondrá en riesgo la seguridad y vida de su personal, ni dejará potencialmente desatendidos a los ciudadanos de Valladolid por atender emergencias acaecidas en la provincia, menos aún cuando desde la Institución Provincial se asegura públicamente que puede asumir la obligación legal de atender esas emergencias con sus propios medios«.

Y concluye señalando que de no ser ciertas esas afirmaciones, es la Institución Provincial, a través de sus máximos representantes, «quien se ha situado deliberada y conscientemente en la posición de no poder atender las emergencias que se produzcan en el ámbito de su competencia geográfica y, por tanto, quien pone en riesgo la vida, y la integridad de personas y bienes».

Pero ahí no queda la cosa. Porque los alcaldes socialistas del alfoz de la capital también se han puesto en pie de guerra y denuncian no haber recibido «ningún tipo de información» por parte de la Diputación en el asunto de los bomberos que les concierne, al tiempo que acusan al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, «de falta de liderazgo para solucionar el problema». Dicen, en un comunicado, sentirse «muy preocupados» por cómo se prestará el servicio de extinción de incendios a partir del próximo 1 de enero de 2021, ya que entienden que el servicio que porestaba el Ayuntamiento de Valladolid «es el más eficaz».

El regidor de Cigales, José Ignacio Fernández, manifiesta sentir «estupefacción» por lo que denomina «bandazos de la Diputación en este asunto». Asegura que la semana pasada envió una carta al presidente para transmitirle «su intranquilidad» y añade «me he enterado por la prensa de que se firmaba un acuerdo con el Ayuntamiento de Arroyo. Creo que no disponen de medios para prestar el servicio.»

Pedro José Pérez, alcalde de Trigueros del Valle, señala también su «desasosiego por la manera en que se prestará el servicio a partir del día 1». Según el regidor, «lo importante es tener un buen servicio y el que existe ya lo es».

La alcaldesa de Zaratán, Alejandra Fernández, indica que «hay mucha improvisación en algo tan importante para los bienes y personas de Zaratán. Nosotros tenemos a pocos minutos el parque de bomberos de Valladolid. Esto es un despropósito».

Para Emiliana Centeno, alcaldesa de Mucientes, «estamos ante una auténtica irresponsabilidad» en la gestión del servicio de extinción de incendios a los municipios. Apunta que «un parque de bomberos no se improvisa de la noche a la mañana».

Javier Gómez, alcalde de Tudela de Duero, expresa su «malestar» con esta situación. Él confirma que también mandó una carta a Conrado Íscar para decirle que «estaba muy preocupado por la prestación del servicio de extinción de incendios y que la responsabilidad de cualquier fallo o deficiencia sería de la Diputación».

Desde Villanueva de los Infantes, Jesús Palomo también «teme» por el futuro: «Creo que no se están haciendo la cosas bien y esperemos no tener que lamentarnos», declara.

En Villavaquerín, su alcalde, Diego Recio cree que «se está jugando con algo muy importante; no se puede improvisar así, ni tratar esto como si fuera cualquier cosa», lamenta.

La Cistérniga mostró su ofrecimiento para albergar unas instalaciones óptimas para los bomberos, y su alcaldesa, Patricia González, ha confesado que «hacer un parque nuevo es algo que hay que estudiar con tiempo y lo apropiado es hacerlo en un municipio de menos de 20 000 habitantes, dado que es la obligación que tiene la Diputación Provincial, dar este servicio a los municipios de menos de 20 000 habitantes. Nosotros no tenemos ningún problema en que se haga en la Cistérniga».

En la « premura» con la que se han hecho las cosas también incide Sergio García, alcalde de Cabezón de Pisuerga, que dice no entender «estas prisas de última hora» y apunta que hacer un parque para dar servicio al alfoz «debía haberse estudiado con tiempo; no se puede improvisar de esta forma».

El malestar que une a estos alcaldes socialistas lo ha expresado en estas últimas horas también Víctor Manuel Sanz, alcalde de Fuensaldaña. Cree que un parque «no se puede establecer en unos días y el 1 de enero ya debe estar dándose un buen servicio como hace el ayuntamiento de Valladolid. Espero que no ocurra ninguna desgracia porque será responsabilidad del presidente de la Diputación, por no poner los medios que ya teníamos hasta ahora», apostilla.

Aseguran que en días pasados varios alcaldes y alcaldesas del PSOE ya remitieron cartas al presidente de la Diputación de Valladolid en las que le trasladaban su inquietud. En ellas, además, le hacían responsable del «punto hasta el que se ha llegado con esta situación», declaraban.

Desde el PSOE vallisoletano recuerdan que en el último pleno correspondiente al mes de noviembre, el portavoz del Grupo, Francisco Ferreira, se ofreció a mediar «si era necesario», y «acompañar» al vicepresidente tercero de la Diputación, Agapito Hernández, «en las negociaciones con el Ayuntamiento de Valladolid».

El PSOE reprocha que «unos días después de esto, el portavoz del Grupo Popular en la Institución Provincial grabara la conversación que mantuvo el concejal del Ayuntamiento de Valladolid Alberto Palomino sobre la negociación del servicio de extinción de incendios».