La Audiencia absuelve de falsedad y estafa al expresidente de Asaja Valladolid Lino Rodríguez por el caso Sodeprin

Durante el juicio, celebrado a primeros de octubre, el ministerio fiscal solicitó que se les impusiera a cada uno de ellos de un año y nueve meses de prisión y multa de nueve meses por considerarles autores de los delitos de falsedad en documento mercantil y a Ana de la Fuente, además, se le imputaba estafa procesal. Asaja, que se personó como acusación particular, solicitaba penas de dos años y tres meses de prisión y multa de diez meses. El tribunal de la Sección Cuarta les absuelve de estos delitos en la sentencia, hecha pública este jueves, porque considera que «no ha resultado acreditado que los acusados elaboraran un contrato ex novo con la exclusiva intención de aportarlo en el procedimiento civil en su beneficio« para cobrar una factura impagada.

Según el relato de hechos probados, Lino Rodríguez, que fue presidente de Asaja Valladolid hasta el 29 de diciembre de 2016, fue también administrador único de la sociedad Sodeprin hasta 2013, cuando le relevó en ese cometido su esposa, Ana Isabel de la Fuente. Esta sociedad desempeñó para Asaja trabajos de asesoría laboral, fiscal y contable hasta que Rodríguez fue expulsado de la organización y entró la nueva directiva.

Desde abril de 2015, Asaja encomendó a Sodeprin, a partir de abril de 2015, que asumiera los servicios profesionales que la organización prestaba a los socios en Medina del Campo porque el trabajador que lo hacía hasta entonces se marchó. Sodeprin asumió esos servicios y giraba la facturación la giraba a Asaja una vez que los había cobrado a los socios, puesto que el «sindicato» agrario ofrecía esos servicios a coste cero y la única que podía cobrar honorarios por ella era la asesoría.

Por este trabajo, continúa el texto de la sentencia, Ana de la Fuente, en nombre de Soderpin, facturó inicialmente 4.840 euros que Asaja le abonó y posteriormente giró un cargo de 27.819 euros que la organización no le pagó y que correspondían a trabajos de asesoría a socios «que se reconocen prestados». La mujer de Lino Rodríguez reclamó esta cantidad por la vía judicial a la organización en diciembre de 2018 conforme a la factura emitida por Sodeprin de fecha de 27 de diciembre de 2016 que resultó impagada.

En la demanda se hizo referencia a un contrato de servicios profesionales al que se vincula esa factura impagada. Este contrato, de fecha de 9 de abril de 2015, firmado por los tres acusados, derivó, según las defensas, de un acuerdo adoptado por el comité ejecutivo y la junta directiva de Asaja desde abril de 2015, a raíz del cese del trabajador de Medina del Campo. La nueva directiva de Asaja, que ejerció la acusación particular durante el juicio, no reconoce ni otorga validez a este contrato aunque reconoce que Sodeprin prestó esos servicios y tampoco la cuantía de la deuda reclamada en la demanda civil.

Según refiere la sentencia «no se ha practicado ninguna prueba objetiva, determinante y fehaciente sobre la falta de realidad del contrato aportado por Ana de la Fuente conteniendo el acuerdo mencionado«. A pesar de que el letrado de Asaja por aquellas fechas declaró como testigo que ni él ni su despacho habían redactado tal contrato. Para el tribunal sentenciador, »esta afirmación es subjetiva y carece de apoyo objetivo alguno, máxime cuando se ha admitido por los denunciantes la realidad de la prestación de los servicios profesionales de asesoría laboral y fiscal por parte de Sodeprin«.

Tampoco «hay prueba plena», sostiene el tribunal, de que la directiva de Asaja no acordara contratar a esta asesoría. Algunos de los testigos, miembros de la junta directiva, «aseguran no saber a ciencia cierta si se convocó o no el comité ni la junta en dicha fecha porque habitualmente no se levantaba acta». Puntualiza el fallo que «si no se tiene constancia cierta de dicho contenido y se desconoce si se adoptó el acuerdo de contratar a Sodeprin, no puede tampoco afirmarse la falta de autenticidad del contrato, que este se firmara o se elaborara ex novo para aportarlo al procedimiento ordinario de reclamación de cantidad«.

Que existiera o no el contrato, concluye la sentencia, «es inocuo» porque los trabajos encargados por Asaja se realizaron. «Asaja reconoce que los trabajos se han hecho y el modo de cobrarse dichos trabajos, una vez que percibe el importe de los socios, hace indiferente que se aporte o no el contrato, porque la realidad es que Sodeprin recibió el encargo de hacer los trabajos cuando el trabajador de Medina del Campo se fue, en abril de 2015, y los llevó a cabo«.

La absolución en este pleito con Asaja no significa que Lino Rodríguez vaya a salir de la cárcel, pues está cumpliendo varias condenas. La más grave, impuesta por la propia Audiencia de Valladolid el pasado mes de abril, de diez años y cuatro meses de prisión por los delitos de administración desleal, apropiación indebida agravada por el valor de los defraudado, y por falsedad de documento mercantil en el marco de la Operación Cebada o caso Asaja.

En la misma sentencia su esposa, Ana de la Fuente, y el exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico, han sido condenados a dos años y el exgerente de la citada OPA, Fernando Redondo, a cuatro meses, todo ello en la causa que investigaba la gestión económica de la asociación entre 1990 y 2014, periodo que la acusación pública y las particulares, ejercidas por la propia organización y la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Patata Industrial y Consumo (Indycons), denunciaron que estuvo plagado de irregularidades.

El primero, además, deberá abonar indemnizaciones que superan los 1,2 millones de euros, de ellos 28.731 a Asaja; 646.111 a Ifycar, 136.000 a Productores de Patatas y 388.648 a Derco. También se incluye en algunas partidas a su esposa, de forma conjunta y solidaria, y al exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico.

Antes de esta sentencia, Lino Rodríguez ya estaba en prisión cumpliendo condena de dos años y ocho meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León por importe de más de un millón de euros.

De esta forma, Lino Rodríguez suma cuatro condenas. La última, de dos años y medio de prisión por dos delitos de estafa y administración desleal, de forma que acumula penas (algunas pendientes de la resolución de sus recursos) que suman diecisiete años de prisión por distintos delitos cometidos durante su etapa al frente de la organización agraria. La penúltima sentencia, dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 2, le obliga a indemnizar a la organización agraria en la cantidad de 8.785,32 euros. Los hechos se circunscriben al contrato de trabajo que Lino Rodríguez firmó por cuenta de Derco, una de las sectoriales de Asaja que carecía de actividad, en el que se atribuyó la condición de ingeniero agrícola sin realizar prestación laboral alguna.

Además, todavía tiene varias causas pendientes. El próximo juicio está previsto para el próximo martes 26 de octubre en el Juzgado de lo Penal 1 por su actividad al frente de la cooperativa Campo Abierto, una de las sociedades afines de Asaja. Se le acusa de realizar la compra, a través de esta sociedad, de tres sedes comarcales. utilizando fondos que tendrían que haber sido destinados a cursos de formación para agricultores y ganaderos.