Valladolid

El Arzobispado cederá a la Junta entre cinco y diez viviendas para alquiler social

El Arzobispado de Valladolid prevé poner a disposición de la Junta entre cinco y diez viviendas ubicadas en la provincia, y que se utilizaron para distintas labores eclesiales y parroquiales, para que las incluya en el Programa Rehabitare, de alquiler social y que busca fijar población en el medio rural.

Así lo recoge el protocolo suscrito este miércoles por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien insistió en así quieren colaborar para frenar la despoblación. Se traduce como una «clave concreta» en una «fijación en el territorio», afirmó Argüello.

Argüello trasladó que la Iglesia posee varias casas en distinto estado, aunque la mayoría se encuentran rehabilitadas y vacías. Quiere que las parroquias explique el «uso real» que tienen estos edificios antes de cederlas, y gracias a este protocolo se analizará cada caso según su «situación actual«.

Con esta firma, Argüello aseguró que se expresa lo que ya era una «intención dialogada y compartida« de poder ofrecer estas viviendas para que puedan ser usadas. Así, se configurará una comisión mixta entre Junta y Arzobispado para analizar los aspectos técnicos y costes que configuren la viabilidad de cada actuación.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, agradeció la implicación de la Archidiócesis de Valladolid en este ámbito, quien puntualizó que ya son 33 las viviendas que cuentan con moradores gracias a estos convenios, ya que se otorga acceso a un «recurso tan básico» como es la residencia a personas que lo necesitan, porque «confluye en un objetivo de interés social y de compromiso de la Junta y de la Iglesia».

Suárez-Quiñones recordó que en estas acciones específicas enmarcadas en los convenios con el ámbito eclesial se han invertido 1.700.000 euros, pese a las dificultades del incremento que ha supuesto la nueva realidad de la construcción en el gasto público, ya que rehabilitar la vivienda cuesta el doble que hace unos años. Todo ello forma parte de un programa autonómico de 550 viviendas, cuyo objetivo es llegar a las 700 en esta legislatura.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio puso en valor la colaboración público-privada necesaria para dar respuesta a las necesidades sociales y fijar población en los municipios de la comunidad a través de una política de vivienda de la Junta «comprometida, social y avanzada», aseveró.

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