Aplazado el juicio por apropiarse de 300.000 euros de una sociedad agraria

Una prueba presentada por la defensa y en la que la Fiscalía y la acusación particular han propuesto el análisis antes de las declaraciones del querellado y los testigos. «Hay vértigo si empieza hoy la vista oral», ha apuntado el letrado de la acusación particular. De esta forma, el juicio arrancará este jueves, sin descartar sesiones de mañana y tarde y con la posibilidad, si las agendas lo permiten, ampliarse hasta el viernes o el lunes.

Asimismo, en las cuestiones previas, el abogado de la acusación particular también ha presentado una documental, en la que el presidente de la sala ha calificado de «deslealtad absoluta por esperar al último día». Una calificación que el letrado ha reiterado que «no había ninguna intencionalidad», a pesar de que la defensa de César Moyano ha destacado que llevaban tres años esperando esas pruebas, aunque no se ha opuesto a las mismas.

El acusado se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel (tres años por el delito de apropiación indebida y otros dos por falsedad documental), una multa de 6.480 euros y una indemnización en responsabilidad civil a la mercantil de 294.315 euros.

El 24 de octubre de 2013, César Moyano fue reelegido como administrador único de la sociedad por tiempo indefinido tras una junta general extraordinaria. Un cargo que ostentó hasta el 13 de septiembre de 2018, momento en el que fue cesado. Durante ese tiempo, según el escrito de calificaciones de la Fiscalía, el administrador, «excediéndose en sus facultades y con ánimo de lucrarse», destinó fondos a su patrimonio al incorporarlos como gastos de personal de Jaramiel.

Unas retribuciones que ni los estatutos de la sociedad ni los socios de la misma conocían y que el acusado creó ad hoc para cobrar salarios como trabajador por cuenta ajena que ascendieron durante los casi cinco años a 253.600 euros, al percibir un salario mensual de 2.472,60 euros. Unas cantidades, según el Ministerio Público, que se incluían en gastos de personal, a pesar de que en las memorias anuales se expresaba que «no hay importes recibidos por miembros del órgano de administración».

A esa cantidad se suman los gastos personales, que el acusado presuntamente abonó con la tarjeta de la mercantil o directamente domiciliados a una de las cuentas bancarias y que ascienden a 40.428 euros al estar incluidos el alquiler de un garaje para uso personal, así como centenares de compras en establecimientos hosteleros o supermercados durante el 2013 y el 2018.