Así fue 2023
Un año judicial lastrado por las huelgas agranda el atascoCaso Esther López ·
La jueza mantiene en libertad al único investigado y decidirá si prorroga la instrucción cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte violenta de la vecina de TraspinedoCuando apenas empezaba a despertar la actividad judicial tras la pandemia, el 24 de enero, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocaron una huelga indefinida en defensa de sus derechos retributivos que meses después tuvo efecto dominó pues, al conseguir la aceptación ... del Gobierno de sus reivindicaciones, los jueces y fiscales también pidieron lo suyo. Todos ellos tardaron en conseguirlo varios meses, pero finalmente el Ministerio de Justicia hizo efectivos los acuerdos, mientras que los funcionarios de a pie de los juzgados, que también se habían puesto en huelga, sin que sus protestas fueran atendidas, a pesar de que, al tratarse de la infantería judicial, miles de asuntos se quedaron estancados sin siquiera poder registrarse y cientos de vistas y juicios tuvieron que ser supendidos. Muchos han sido reseñalados para 2024. Finalmente, acordaron suspender la huelga en julio por la convocatoria electoral, hasta tener un interlocutor salido del nuevo Gobierno de Sánchez. Ese encuentro de los delegados de los funcionarios con los representantes del nuevo Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no se ha producido.
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Mientras en los juzgados y en la Audiencia de Valladolid se cuadraban las agendas para incorporar con calzador los juicios suspendidos y arrastrados de todo el año -muchos señalamientos se han tenido que reseñalar para el segundo trimestre de 2024-, otros operadores jurídicos decidieron movilizarse y continúan con su protesta indefinida: los abogados del turno de oficio, convocados por el sindicato Venia, para exigir la dignificación del servicio que prestan, por el que cobran «poco tarde y mal», indicaban indignados en sus concentraciones a las puertas de los juzgados. Ellos se ocupan de la asistencia a detenidos y de garantizar el servicio de la justicia gratuita y el derecho a que todos los ciudadanos tengan asistencia letrada, pero consideran que esta labor que realizan «no está reconocida y el coste que conlleva tiene que estar garantizada por el Estado, que es quien nos encomienda este servicio esencial». A final de año, el Consejo General de la Abogacía negociaba con el Gobierno una subida conforme con el IPC y la redacción de una nueva Ley de Justicia Gratuita.
Con este mar de fondo de malestar por parte de los funcionarios y los operadores jurídicos, la actividad judicial se trató de reconducir a partir del mes de septiembre metiendo con calzador en los calendarios los miles de juicios aplazados y haciendo encaje de bolillos para repartirse las pocas salas de vistas. Se intensificaron también, por parte de la Fiscalía, los acuerdos previos para no tener que celebrar las vistas, principalmente en grandes casos de operaciones de drogas con varios acusados, lo que dejó más despejado el calendario. Macrojuicios como el de la Perla Negra, que precisan de varios días de celebración, se han señalado en la Audiencia de Valladolid para febrero de 2024.
De los juicios que sí pudieron celebrarse a partir de septiembre -después de sufrir varias suspensiones- se cuentan el de El Mancha y sus hermanos por el crimen de Borja Portillo en Medina del Campo, por la Ley del Jurado. La Audiencia de Valladolid condenó a José Rodríguez Lozano a 16 años de prisión como autor del asesinato y dejó en lesiones leves la implicación de sus hermanos . En noviembre se celebró la vista contra Nadya Borisosova Vasilova, la joven búlgara que acuchilló a su marido en el domicilio conyugal de Tordesillas en pleno confinamiento por la pandemia. Su abogado ha recurrido los cinco años y ocho meses de condena por intento de homicidio y pide la absolución.
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M. J. Pascual
En el aire, tras casi dos años de investigación incensante por parte de la Guardia Civil, vuelve a quedar la resolución del caso Esther López, cuando el 13 de enero se cumple el segundo aniversario de su desaparición y muerte en Traspinedo. El 15 de diciembre declaró por segunda vez ante la instructora el único investigado, Óscar S. M., para responder sobre los indicios incriminatorios recogidos en el atestado final de la UCO, que le atribuye el homicidio. Por segunda vez, ante la indignación de los familiares y vecinos de la joven, fue puesto en libertad, aunque con retirada de pasaporte y obligación de presentarse los lunes en la Comandancia de la Guardia Civil. La magistrada tiene que acordar si concede otra prórroga (la última expira este mes de enero) antes de cerrar la instrucción y decidir si archiva o procesa.
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