El agresor del parricida de La Rondilla había pegado antes a una educadora

«Con los adolescentes se requiere autoridad desde el respeto, y si les permites y consientes todo la bola se hace muy grande y cuando se quiere corregir la situación, es imposible. Y eso con menores 'normalizados'. Imagínate con estos chicos, que están aquí por orden del juez, porque han cometido delitos. Son una bomba de relojería. Pasan de cero a cien en segundos», indican las mismas fuentes. El nuevo sistema, subrayan, «basado exclusivamente en el diálogo, no funciona». Antes, por escupir, quien lo hiciera perdía una salida de fin de semana, explican. «Había unas consecuencias por mal comportamiento, pero ahora ellos entienden que no pasa nada, se les da una charla y poco más. Se traduce en que vamos perdiendo autoridad y mañana vuelven a hacer una más grande porque no hay consecuencias, no tienen freno».

En plantilla hay 80 trabajadores por turnos para atender la 46 internos, lo que significa, en la práctica, que cada tres educadores supervisan a 12 chicos que tienen actividades diversas educativas y de ocio. La mayoría son adolescentes, aunque algunos de los internos han cumplido los 21 años, pues en ciertos casos se permite que pasen parte de la condena en el centro antes de completarla en prisión.

Aunque «es un trabajo bonito, vocacional, la falta de valoración unida a la situación actual« lleva a pensar a los trabajadores a buscarse otro trabajo en el que van a cobrar un poco más y no se arriesgan a faltas de respeto »e incluso a ser víctimas de agresión». Por eso solicitan a los políticos que reaccionen y se estudien sus propuestas para reformar el protocolo. Antes tenían una propina por buen comportamiento de seis euros a la semana, que se les descontaba si se portaban mal. Ahora, a pesar de tener un comportamiento «disruptivo», los infractores siguen manteniendo su paga semanal de seis euros.

Ellos tienen varios incentivos: pueden recibir llamadas diarias de su familia y realizar dos llamadas a la semana (y otras dos si se comportan bien) y hasta jugar con la 'play' en unos horarios limitados, incluso extras por comportamiento excepcional, «un refresco, un premio a mayores» que les anime a mejorar en la convivencia. El problema es que «si ven que el compañero que se porta mal sigue manteniendo privilegios, esto tiene un efecto contraproducente pues contagian al grupo y van llevando a que la gente se porte peor», explican.

«Pronto nos echaremos las manos a la cabeza cuando veamos que nadie quiere trabajar en el centro Zambrana para dar una segunda oportunidad a unos adolescentes que también se lo merecen», vaticina uno de los educadores de la plantilla. Las agresiones se han producido poco después de que los representantes de los trabajadores solicitaran a la Gerencia un cambio en nuevo protocolo que les restaure el principio de autoridad. La propuesta es que los adolescentes adquieran cada día de buen comportamiento un incentivo que sea diario para que sean conscientes de que lo pueden perder. «Es empezar desde cero y te voy incentivando a medida que vas cumpliendo las normas. Así ven que su hucha crece y sus privilegios aumentan y animan al resto del grupo a portarse bien para no perder ese estatus. Primero tienes que conseguir respeto para poder trabajar con ellos. Muchos llegan pasados de vueltas, sin apenas educación y valores».

Sin embargo, la Junta no ha dado respuesta a su petición y el malestar crece entre los trabajadores, que además de sentir que les han quitado 'herramientas' para corregir el comportamiento de los menores infractores, se quejan de las condiciones laborales marcadas en el convenio nacional y del «agravio comparativo» del salario que cobran (pertenecen a la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social, con domicilio social en Madrid, que consiguió la licitación de la Junta en junio de 2021), 1.400 euros al mes, respecto de los 1.800 que perciben trabajadores del área de socialización, que sí son de contratación pública. Ellos se ocupan de los internos que están allí por orden del juez, porque han cometido delitos y por ello reivindican «mayor reconocimiento» y que se valore su trabajo.

«Los educadores, psicólogos, trabajadores sociales se vuelcan en dedicación a unos adolescentes que requieren cosas que no tienen: normas, formación, cariño, pautas para un uso adecuado del tiempo libre. No todos los internos son iguales ni tienen la misma manera de comportarse o de aceptar unas normas, una guía que les ayude a seguir adelante lejos de estos muros. Las normas son la base de una convivencia ordenada y el incumplimiento de las mismas debe tener una consecuencia tangible y notoria que provoque un cambio de actitud en aquellos que incumplen», se indica desde la plantilla. «Ser educador en el Zambrana significa entender, educar y conseguir influir en un adolescente para que modifique sus malos hábitos. Esta labor viene marcada por las pautas que la dirección implanta por un lado y en base a un convenio que recoge los derechos y deberes del educador», explican.