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El menor condenado a ocho años de internamiento por matar a su madre en el barrio vallisoletano de la Rondilla ha sufrido una agresión en el Centro Regional Zambrana. Los hechos han ocurrido este jueves durante una de las clases de secundaria que se ... imparten en el centro y dependen del IES Leopoldo Cano. En presencia del profesor, otro interno le ha propinado varios golpes que le han obligado a ser atendido por los profesionales del centro.
El agredido, que ahora tiene 17 años, mató a su madre, Eva María Sánchez Villarreal, en junio del año pasado durante una discusión ocurrida en el domicilio familiar en el que residían. Por estos hechos cumple una pena el centro de reforma Zambrana de Valladolid hasta que cumpla la mayoría de edad. Si la comisión que estudia la evolución de su comportamiento lo aconseja, podrá seguir en el centro en internamiento cerrado hasta los 21 años, pero después tendrá que pasar lo que le quede de la condena en una prisión para adultos, posiblemente, en la de Villanubla.
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Lo ocurrido el jueves en el Zambrana no es un hecho aislado y el centro ha registrado dos agresiones de menores a educadores en tres días. Las agresiones se produjeron por parte de una interna con covid que escupió y tosió sobre educadores del centro con intención de contagiarles, según afirman trabajadores. Además, esta misma menor propinó patadas al personal de seguridad y el jueves alcanzó con una piedra a otro vigilante.
Los hechos han ocurrido después de que la dirección instaurara hace tres semanas un renovado sistema de corrección educativa ante los comportamientos disruptivos. El nuevo paradigma de intervención, aplicado y estudiado después de que en el centro de menores falleciera un interno hace año, ahonda en la «permisividad» ante hechos violentos de los usuarios, tal y como señalan los trabajadores, quienes explican que ahora estas conductas no pueden ser sancionadas con la retirada del tiempo de ocio o de la propina. Es más, tampoco se les puede enviar a la habitación a reflexionar sobre su comportamiento y «esta laxitud» ha convertido las correcciones educativas «en meras llamadas de atención que acentúan los incumplimientos ante la ausencia del carácter sancionador que tenían las medidas previas», según indican los trabajadores.
El nuevo paradigma que se ha implantado en el centro ha acabado con la economía de fichas que ha funcionado durante más de 20 años y no ha encontrado el respaldo del equipo educativo, que lo compone aproximadamente el 90% de los profesionales que intervienen con los internos. La implantación del nuevo protocolo supone la supresión de las medidas educativas que se emplearon con anterioridad a internos como el asesino de Eli, o el asesino y violador de Leticia Rosino y que, remarcan los trabajadores, «demostraron en gran parte su utilidad en la reeducación de numerosos menores y jóvenes delincuentes».
Los trabajadores recalcan que el nuevo paradigma «ha dado paso a un sistema que iguala a internos que muestran un comportamiento ejemplar con otros a los que el vacío y la ausencia de medidas correctoras eficaces les da alas para incumplir sistemáticamente las normas».
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