Afectados por inquilinos okupas: «Tengo menos dinero que los que no me pagan el alquiler»

El aumento de estos casos de impago ha traído consigo un nuevo término, el 'inquiokupa'. Caseros de Valladolid relatan su experiencia con inquilinos que dejan de pagar las rentas alegando vulnerabilidad pero que no abandonan la vivienda.

C. R. E. no quiere desvelar su identidad. Teme a las represalias de las personas que okuparon su casa de Murcia. Esta mujer tenía pensado pagar el alquiler de una vivienda en Valladolid, donde abrió un negocio, con los ingresos que lograse con la renta de su vivienda en tierras murcianas, pero sus planes se fueron al traste cuando los inquilinos dejaron de pagarle. «Hice un contrato, se quedaron, me pagaron unos meses y luego dejaron de pagarme. Al ver lo que me estaba pasando, contraté una empresa de 'desokupación' y echarles me costó unos 4.000 euros más las deudas que me han dejado», explica esta vecina de Valladolid, quien reconoce que todo el proceso que ha llevado a cabo para recuperar su casa ha tenido un coste para ella que va más allá de lo económico. «Ha sido emocionalmente muy doloroso y económicamente me ha quedado temblando. Me ha tocado hasta pedir ayuda a mi familia», asegura C. R. E., que es miembro de la Plataforma de Afectados por la Ocupación y recalca que lo que ha vivido ella es un mal común para aquellos que tienen una vivienda en alquiler. «Los políticos se piensan que somos pocos, pero hay muchos casos como el mío», sentencia.

Otra de las afectadas por la okupación de viviendas alquiladas es Esther Pérez, que residía en Madrid hasta 2014, cuando se desplazó a Valladolid para aceptar una plaza de responsable de almacén en una tienda del Centro Comercial Río Shopping. «Alquilé mi casa en Madrid, en Carabanchel. Por motivos laborales me fui a trabajar a otra provincia. No para especular», recalca esta mujer, que cuando decidió cambiar de lugar de residencia y se compró una casa nueva en Valladolid jamás pensó que tuviese que pasar por las estrecheces que vive en la actualidad. «Estos inquilinos pagaban cuando alquilaron, pero en abril de 2021 me dejaron de pagar. Al principio me dijeron que tenían problemas y que estaban a la espera de una ayuda, pero el tiempo pasaba y tuve que poner el caso en manos de la justicia. Está denunciado desde finales del 2021. Llevan dos años sin pagarme el alquiler. Tengo la vivienda de Madrid hipotecada y la de Valladolid, también», relata.

Esther no puede sacar a los inquilinos okupas de su casa de Madrid. «Los servicios sociales han dado a los inquilinos un informe de vulnerabilidad. Así que mi abogado ha presentado un escrito con mis ingresos –descontando las dos hipotecas, los dos IBI, las dos comunidades y todos los gastos que tienen las casas–. Al final, en neto, me queda menos dinero al mes para vivir que a las personas que viven en mi casa sin pagar el alquiler», asegura esta mujer.

Esther no entiende que no haya una solución para su caso. «Yo no entro a valorar si esta persona es vulnerable o no lo es. A mí eso me da igual. El caso es que no es normal que yo, como particular, me tenga que hacer cargo de su vulnerabilidad. Para eso está el Estado o los servicios sociales», explica esta vecina de Valladolid, quien piensa que ahora ella también está en una situación de vulnerabilidad a la que nadie da una solución. «Tengo derecho a la propiedad privada. Estoy pagando mi casa. Llega un punto en el que no te puedes creer todo lo que está pasando», añade.

La desesperación ha llevado a esta mujer a buscar de manera incesante una solución para su situación, pero no lo ha conseguido. «Tengo una inquilina vulnerable, pero en el contrato me aparece un avalista y a esta persona no se le ha reclamado nada de la deuda. Cuando los demás estamos hipotecados y tenemos un aval, si nosotros no nos hacemos cargo de la deuda, se lo exigen a nuestro avalista y si el avalista no paga y tiene propiedades, se las expropian. No entiendo que no pase nada», concluye.

Otra de las personas que ha sufrido a un inquilino okupa es Lucía Narváez. Alquiló su casa en Fuente Berrocal a través de una inmobiliaria en noviembre de 2020. «La inquilina presentó unos papeles con sus rentas, que eran muy grandes, y eso me hizo fiarme de ella. Tanto, que llegué a bajar el precio porque prefería que fueses ella la que se quedase», explica esta vecina de una de las zonas de lujo de la ciudad, que alquiló un pareado a una persona que no le pagaba la renta. «Mi sorpresa llegó cuando me dejó de pagar. A finales de enero le mandé un burofax, se llevó al juzgado y en junio me habían fijado la fecha de lanzamiento, pero la inquilina alegó malos tratos de su exmarido. Entonces me dijeron que no la podían desahuciar porque era una persona vulnerable y el gobierno había paralizado los desahucios a estas personas.El asunto es que esta mujer se paseaba por la urbanización con coches de lujo y luego no me pagaba», explica.

Después de una larga batalla legal, la inquilina morosa se fue de casa sin avisar. «Lo dejó todo muy sucio, incluso roto, pero se marchó y pude respirar tranquila», afirma Lucía, quien asegura que se lo pensará mucho antes de alquilar su vivienda nuevamente.

Estos son solo tres de los muchos casos que tiene registrados en Valladolid la Plataforma de Afectados por la Ocupación, a la que también le constan, entre otros, la situación de impagos continuados que sufre un hombre en su casa baja de La Overuela o la de otro en la avenida de Segovia en Las Viudas.

Todas estas personas, abanderadas por la Plataforma de Afectados por la Ocupación, solicitan que los casos en los que se declare una emergencia habitacional, se habiliten los cauces para que los inquilinos vulnerables puedan acceder a una vivienda social por la vía de urgencia, pero que sean los servicios sociales los que se encarguen de estos casos. «La responsabilidad de los servicios sociales de dotar a estas personas de un recurso habitacional está recayendo sobre nosotros. Están viviendo a nuestra costa», sentencia el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo.