Adiós a las últimas gasolineras del centro de Valladolid cien años después

La decisión de no sacar de nuevo a licitación la explotación vino dada, precisamente, por su céntrica ubicación, ya que los surtidores de Poniente y Circular (ambos instalados en suelo municipal desde hace un siglo) se encontraban dentro de la zona de bajas emisiones proyectada por el anterior equipo de Gobierno (PSOE-Toma la Palabra) y minimizada por el actual Ayuntamiento a 1,08 kilómetros cuadrados (el anterior tándem planteaba 3,1 kilómetros cuadrados).

De hecho, aunque la estación de Poniente estaría en cualquier caso abocada al cierre por esta circunstancia, la de la Circular podría haber esquivado esas restricciones de movilidad con el nuevo Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible de Partido Popular y Vox, que deja a la plaza fuera de la superficie que limita el tráfico de vehículos. La situada en el paseo de Zorrilla frente a Vallsur estaba, en todos los supuestos, fuera de estas limitaciones.

Así, desde que los surtidores dejaran de llenar los depósitos de las decenas de coches y motocicletas que cada día paraban allí, estas instalaciones, aún sin funcionar, formaban parte del mobiliario urbano de la ciudad, fijadas junto a la calzada, en zonas peatonales. Precisamente, hace apenas un mes el Grupo Municipal Socialista criticó la «dejadez» del equipo de Gobierno «por consentir que formen parte del mobiliario urbano cuando deberían estar desmanteladas» y les instó a que requirieran a Repsol que las desmontara de manera inmediata. «La falta de diligencia del gobierno municipal a la hora de gestionar con la empresa este desmontaje está llevando a tener las instalaciones en la vía pública de forma innecesaria. Hemos solicitado que, en caso de que la empresa energética no ejerza su obligación, se proceda por parte del Consistorio a ejecutarlo subsidiariamente, cobrándole al titular lo que corresponda», explicaron entonces fuentes del partido.

Las isletas de la Circular y Poniente, situadas en punto estratégicos, ocupaban suelo vallisoletano desde hace cien años. Sin embargo, no fue hasta 1998 cuando la Comisión de Hacienda aprobó la regularización de la ocupación, puesto que se regían por la normativa de los años veinte, que contemplaba el comercio de petróleo (monopolio de Campsa) como un servicio público. Además, según recogían las páginas de El Norte de Castilla del 23 de julio de 1998, aunque en la década de los ochenta del siglo pasado se liberalizó el mercado, el Ayuntamiento no transformó esa normativa, por lo que la entidad petrolífera continuó utilizando el suelo público de forma gratuita.

Las tres anteriormente citadas son, probablemente, las gasolineras urbanas más simbólicas de la capital vallisoletana, aunque no son las últimas que quedan enclaustradas entre viviendas de la ciudad. La empresa petrolífera tiene desplegadas por todo el callejero al menos otras cinco. Es el caso de la situada en la plaza del Carmen, en la calle Arca Real (en un esquinazo con la carretera de Madrid, frente al nuevo Mercadona), en Puente Colgante, en avenida de Palencia con calle Soto y en la plaza de San Bartolomé, junto al Puente Mayor.

Asimismo, su proximidad a los bloques de pisos -sobre todo, la de la Circular- hizo que estas instalaciones no estuvieran exentas de polémica. De hecho, hace tres años, cuando se cambió el surtidor, esta estación de servicio fue objeto de quejas vecinales. Hubo dieciséis alegaciones «manifestando la problemática coexistencia de los usos de la zona, gasolinera y residencial», según confirmaron el año pasado fuentes municipales, además de la afección al subsuelo del antiguo cauce del Esgueva. Pero se consideró que el cambio de surtidor no afectaba de forma sustancial a la licencia ambiental vigente y la estación de servicio pudo seguir adelante con su plan.

Se da la circunstancia de que al cierre de esas tres céntricas gasolineras urbanas hay que añadir que Repsol tendrá que esperar al menos a 2025 para ampliar su red de estaciones de servicio en Valladolid, al superar la cuota de mercado del 30%, el umbral establecido para limitar este crecimiento empresarial en la normativa sobre competencia en el sector de hidrocarburos. En Castilla y León solo podría expandirse a lo largo de este año en las provincias de Burgos y Zamora.

La Ley 8/2015 establece que los operadores con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad o en virtud de cualquier otro título que les confiera la gestión directa o indirecta de la instalación. Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién ostente la titularidad o derecho real sobre la misma.