Los acusados por la prevaricación de Meseta Ski piden la prescripción

Ambos aspectos han sido rechazados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular ejercida conjuntamente por Ecologistas en Acción y Valladolid Toma La Palabra (VTLP), que han rechazado la prescripción al haberse resuelto ya sobre ello tras reabrir la causa la propia Audiencia Provincial en 2022, solo en lo concerniente a la prevaricación. Sobre esto la defensa de Alfonso Centeno, exvicepresidente de la Diputación y la cara más visible de Meseta Ski, ha alegado que el auto que dictó la reapertura tomaba erróneamente agosto de 2010 como la fecha del último acto que obedecería a una prevaricación para descartar la prescripción.

En aquel momento los encausados aprobaron la realización de nuevas obras con el consiguiente gasto para reparar las pistas de esquí, dañadas por el paso del tiempo tras la paralización de la justicia. Una decisión que según alega la defensa fue tomada tras aprobar las Cortes el Proyecto Regional Meseta Ski y que por tanto en aquel momento la responsabilidad recaería en la Junta de Castilla y León, que se convertía en la «impulsora del proyecto». Además arguye que al ser anulada la ley regional en 2014 el acuerdo de 2010 sería invalido y todos los hechos anteriores se entenderían como «no producidos».

Frente a esto la Fiscalía ha explicado que en agosto de 2010 se estaba retomando el anterior proyecto «alejado del inicial» y «no sometido a las normas de contratación públicas» y que fue suspendido por el Juzgado Contencioso. Rechaza también que la nulidad de la norma regional implique la «no existencia de los hechos», a lo que se ha sumado el abogado de la acusación popular, que ha apuntado a que el argumento dado por la defensa convertía la ley regional aprobada por las Cortes en «un antecedente de la ley de Amnistía».

El juicio, que continuará este martes tras la decisión del magistrado, sienta en el banquillo de los acusados al alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno; el exalcalde de Villaverde de Medina y ex diputado provincial, Pedro Pariente; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa; y al arquitecto de Sodeva, Valentín González. Ni la Fiscalía, que si lo hacía inicialmente, ni la acusación popular, han pedido la imputación del director de la obra, Santiago González. Todos ellos se enfrentan a una pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de sus cargos.

Petición que la acusación popular eleva a once años de inhabilitación más el pago de un indemnización conjunta cercana a los 12 millones de euros para resarcir a la Diputación Provincial o a Sodeva de un dinero con el que se ha cometido un «despilfarro absoluto y manifiesto», según ha expresado a las puertas del Tribunal Julio Pereda, diputado de VTLP, que ha comparecido junto al portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y León, Luis Oviedo.

«Nosotros lo que esperamos, aunque sea con 16 años de retraso, es que conozcamos la verdad y que los responsables de este desaguisado sean condenados a lo que la norma establece» ha proseguido el diputado, que apunta a la existencia de una «verdadera malversación», aunque el juzgado no los haya dejado «tirar por esa línea de investigación».

Los hechos juzgados se remontan al año 2006, cuando la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), una empresa pública dependiente de la Diputación creada para la dinamización económica de los municipios de la provincia, planteó la apertura de un centro de deportes de invierno, con una pista de 'ski' y 'snowboard' sintéticas. El proyecto fue adjudicado en junio de ese mismo año a la constructora Corsan-Coviam por 4.060.000 euros, que cinco meses después, en noviembre, se elevaría hasta los 7.498.962,74 euros tras modificar la longitud y los materiales.

Ese mismo mes llegaba la primera paralización cautelar tras presentar Ecologistas en Acción un recurso por la recalificación de los terrenos escogidos en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas, que habían sufrido un incendio en 1998. Esto desembocó en la apertura de un proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo nº2 que acabaría declarando la ilegalidad del proyecto en 2009, cuando ya superaba los 10 millones de euros.

Tras tomar firmeza la sentencia en abril de 2010, que revocaba la concesión de la licencia y la autorización del suelo, las Cortes aprobaban a en junio a instancias de la Diputación una ley regional para dotar a las pistas de esquí de la consideración de Proyecto Regional, en un intento por salvar el complejo del varapalo judicial, lo que implico una mayor inversión para reparar la infraestructura ya construida. Pero finalmente la ley fue anulada cuatro años más tarde por el Tribunal Constitucional y las pistas demolidas parcialmente en 2018, cuando el gasto ya ascendía a los 12 millones de euros.