Acusado de estafar por teléfono a 3.000 parados en Valladolid con falsas ofertas de empleo

El fiscal considera que el acusado, «con la finalidad de obtener un injusto enriquecimiento patrimonial, creando la apariencia de ofertar puestos de trabajo», publicó en portales de Internet anuncios de empleo en los que facilitaba como teléfono de contacto un número convencional de una línea móvil. Las personas interesadas en la supuesta oferta de trabajo llamaban a ese teléfono y «los empleados de esas mercantiles, tras hacerles algunas indicaciones, se les incitaba a realizar una nueva llamada a un número« 807 «de tarificación adicional» sin advertir a la víctima de que ese número al que iban a llamar« iba a suponer un coste a mayores. La única información que se facilitaba a las personas que llamaban preguntado por esta oferta de empleo era que había que llamar a los números 807 517 343 y 807 517 052. Los números de tarificación adicional tienen un coste elevado, que oscila entre los 0,35 céntimos por minuto a los 3,45 euros, dependiendo de la cuarta cifra del número, pues cuanto más alta sea, generalmente más caro es el coste.

Indica la Fiscalía que en los anuncios que se publicaban en Internet «no había una oferta real de trabajo, no existían o eran de libre acceso y, en todo caso, no eran ofertas gestionadas por el acusado». Lo único que pretendía, «era que la persona interesada se mantuviera el mayor tiempo posible al teléfono 807 para facturar todos los minutos que se pudiera».

Muchos de los afectados llamaban a cuatro teléfonos móviles a nombre del acusado y de la mercantil L y J o de la empresa Comunicando 2005 SL, desde donde se les remitía a los «807» a nombre de Wham 21KH.

Según los datos aportados por Telefónica a la causa, unas 100 personas al mes llamaban a los números de tarificación adicional, de modo que durante 15 meses se estima que unas 3.000 personas fueron las afectadas por esta estafa. La operadora calcula que ambas empresas llevadas a juicio obtuvieron unas retribuciones que suman unos 85.000 euros.

El 9 de julio de 2019, la compañía telefónica resolvió los contratos de prestación de servicios con estas dos empresas al haber detectado «actividad fraudulenta, al generar tráfico inducido en esos números ochocientos sin proporcionar ningún servicio».