El acusado de una estafa telefónica a 3.000 parados equipara su «servicio» a «lo que hace Google»

Para el representante legal de Telefónica de España, el acusado, que contrató ese servicio de tarificación adicional con la compañía denunciante, el engaño es evidente, pues sabía que la legislación «prohibía expresamente que se tengan que hacer dos o más llamadas para obtener un servicio» y, además, «es un agravante en sí mismo que se engañe a personas en busca de empleo, utilizando esa necesidad». La acusación particular solicita que se le imponga por la estafa una pena de dos años de prisión, 12 meses de multa y a sus dos empresas, WHAM 21 y KH, una multa de 169.938 euros. Además, reclama una indemnización a favor de la operadora de telefonía de 84.989 euros. La Fiscalía pide una pena más dura, cinco años de prisión y multa de 11 meses con cuota diaria de 10 euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Además del decomiso de las ganancias obtenidas a través de sus empresas, se reclama que estas sociedades hagan frente a una multa de 400.000 euros.

A preguntas de la fiscal, el acusado ha declarado que para confeccionar la base de datos de las ofertas de empleo utilizaba las que aparecían en portales específicos de Internet como Infojobs o en otros medios, que las «contrastaban» en su empresas y luego «el personal las verificaba a diario». Entonces, explicó, las publicitaban y cuando una persona interesada en esa oferta concreta llamaba al teléfono móvil ordinario «se le informaba». Tanto el ministerio fiscal como el propio magistrado presidente del tribunal han insistido en preguntar al encausado si la información que ofrecía «era distinta, más amplia o detallada», o complementaba la que las propias empresas daban en sus ofertas de empleo. La justificación que ha ofrecido el acusado es que muchas de las personas que llamaban «no tenían acceso a Internet ni wifi en casa» y que además de esa oferta concreta «les facilitaban otras» en ese mismo sector de actividad y localidad. «¿Por qué ponen de número de contacto un teléfono de móvil ordinario cuando la única información que les van a dar ahí es que llamen al número de tarificación »807«, por qué no lo ponen directamente?», le preguntó la fiscal. «Porque era una manera de hacerlo», se limitó a responder el acusado, quien ha confesado que no tenían relación alguna con las empresas que hacían esas ofertas de trabajo.

Para las acusaciones, la voluntad de engañar para obtener un beneficio económico es más que evidente. El letrado de Telefónica ha subrayado que empezaron a investigar a raíz de las quejas que les llegaron de algunos usuarios. «Hemos hecho un cálculo muy prudente y ajustado sobre las personas que llamaron a las líneas convencionales y poco después a las tarificadas y calculamos que lo hicieron unas cien personas al mes, que serían 3.000 personas posibles víctimas del espectro de Telefónica; de otras compañías no sabemos», ha explicado ante el tribunal. A raíz de detectar el fraude, ha subrayado, la compañía resolvió los contratos con las dos empresas denunciadas. También, a preguntas del letrado defensor, el testigo-acusación ha manifestado que es incierto que Telefónica se llevara un 20%. «Estamos obligados a dar soporte técnico a las empresas que contratan la tarificación adicional, pero ese beneficio se lo lleva la empresa que nos ha contratado».

Para la Fiscalía, el gancho está claro. «La gente llama y piensa que va a contactar con la empresa que ofrece el trabajo o que lo gestional, pero se encuentra con un operador que no les da información y les remite a un número de tarificación adicional y aquí estriba el engaño. Estos anuncios inducían al error».

Durante el juicio, que duró menos de lo previsto porque la Fiscalía renunció a varios policías testigos, hubo dos momentos surrealistas. El primero cuando, después de varios intentos con la videoconferencia, el tribunal hubo de conformarse con tener el testimonio de audio de un policía porque no fue posible conseguir la imagen y el sonido. Previo a responder a las preguntas, y con el ruido de fondo de los gorjeos de un bebé, el agente expresó su ofuscación por lo que consideró «falta de tacto del tribunal» por hacerle ir a una Comisaría a prestar declaración en pleno permiso de paternidad. Mientras contestaba a las preguntas, tuvo que calmar a su pequeño en un par de ocasiones.

El segundo momento extraño fue durante la declaración de una testigo de la defensa, que comenzó diciendo que no tenía «relación» con el acusado y resultó ser su expareja, con quien tenía un hijo en común y además era propietaria de una agencia de publicidad que en 2014 y 2015 era la que «comprobaba» y difundía los anuncios de las ofertas de empleo recopiladas por las empresas denunciadas por estafa.