Las acusadas de 'limpiar' la cuenta de una anciana reconocen la estafa y no irán a prisión

La sentencia establece que María Asunción, hija de la directora de la residencia y figuraba como empleada, es autora de ambos delitos y que Esther, que trabajaba para ella como empleada de hogar, es cooperadora necesaria de la estafa, pues era quien sacaba dinero en los cajeros de la cuenta de la octogenaria con una tarjeta que previamente hicieron que la anciana contratara con una entidad bancaria. Para el pago de la responsabilidad civil, las acusadas han consignado, respectivamente, 60.000 y 6.000 euros, y se han comprometido a pagar durante el plazo de suspensión de la condena, al menos 500 y 70 euros mensuales. A sus respectivas condenas se les aplica la circunstancia atenuante de reparación del daño y, respecto de María Asunción, la atenuante analógica de drogadicción.

Una vez que las acusadas ratificaron el acuerdo ante el tribunal de la Audiencia de Valladolid, el juicio continuó este viernes con el debate sobre la responsabilidad civil, que la fiscal y las acusaciones pretenden que afronte la Residencia de Mayores Juan de Juni SL y Allianz, la aseguradora con la que tiene suscrita una póliza.

Según expuso en su alegato el letrado de la acusación particular, Jaime Díez-Astrain, está justificado que la residencia, que tiene una póliza de seguros, afronte el pago de la responsabilidad civil subsidiaria, ya que la acusada principal era empleada en ella y la víctima residía allí en 2017. Esta, explicó el abogado de la familia de la fallecida, tenía una cartilla de ahorros que vio la acusada y la convenció para solicitar una tarjeta de crédito «de la que se apoderaba prácticamente a diario para sacar dinero personalmente o valiéndose de la otra acusada, en los cajeros automáticos y realizar compras en distintos establecimientos». Para la acusación, María Asunción se prevalió de la confianza profesional y se aprovechó de la víctima para despojarla de su patrimonio. «Abusó de su relación asistencial para la comisión de los delitos» e incluso «llegó a arrendar la vivienda de la víctima y se fue a vivir a ella y contrató de limpiadora a la otra acusada», subrayó, para concluir que «es la empresa la que pone a la trabajadora a disposición de la víctima». Entiende que la responsabilidad de la aseguradora Allianz, con la que la residencia tenía contratada una póliza de 300.000 euros es la responsable directa porque «se trata de una póliza de responsabilidad civil de explotación consecuencia de la actuación de sus empleados».

Los letrados de la residencia y de la aseguradora, por su parte, negaron responsabilidad civil alguna en los hechos delictivos y señalaron que estos se habían producido fuera del centro y que incluso, cuando la dueña de la residencia supo lo ocurrido, presentó la denuncia.