El juicio contra dos acusadas de «vaciar» la cuenta de una anciana de una residencia será en junio

La Audiencia de Valladolid ha reseñalado para el mes de junio el juicio contra dos mujeres, supuestas autoras del saqueo de la cuenta de una anciana de 81 años que se alojaba en la residencia San Juan de Juni de Valladolid, propiedad de la madre de la encausada principal. Esta, María Asunción Baldeón Segovia, se enfrenta a penas por estafa y hurto que pide la Fiscalía que suman ocho años de prisión. Sobre la cómplice, Esther Ogando de la Fuente, pende una petición de condena de dos años de cárcel como cooperadora necesaria en los delitos que les imputa el ministerio fiscal. Ambas habrían sacado más de 221.245 euros de la cuenta de ahorro de la residente y vendido sus joyas en Orobank. Con el dinero estafado, la empleada de la residencia de ancianos se compró un coche y un aspirador.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia de la octogenaria fallecida, pide que se le imponga una pena de 15 años a la principal encausada, seis por cada uno de los dos delitos de estafa agravada (sacar el dinero con la tarjeta y el arrendamiento a ella de la vivienda de la anciana) y tres años por el hurto de las alhajas. Para Ogando reclaman los herederos de la víctima una pena de seis años por sacar dinero con la tarjeta de la señora. La acusación particular también reclama que se condene a la residencia a pagar lo sustraído, así como a la aseguradora del establecimiento como responsables civiles, han informado fuentes jurídicas.

Inicialmente, el juicio contra ambas mujeres iba a celebrarse el pasado 17 de enero, pero no pudo ser porque la acusada principal contrajo el coronavirus y la vista hubo de suspenderse. Esta suspensión supone un retraso de cinco meses en el proceso para sentar en el banquillo de la Audiencia a las dos encausadas. El nuevo señalamiento está programado para el 24 de junio próximo.

Según consta en el escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía, María Asunción trabajaba desde 2017 en el piso primero del edificio número 8 de la calle Juan de Juni habilitado como residencia. En ella se alojaba la señora de 81 años, que tenía dificultades de movilidad y tenía entre sus objetos personales en la habitación que ocupaba una cartilla «con una suma importante de dinero». Desde que la acusada conoció la existencia de esta cartilla, indica la Fiscalía, «movida por el deseo de procurarse un beneficio económico, concibió la idea de apoderarse del dinero», aprovechándose de que la octogenaria estaba sola y no tenía prácticamente relación con su familia. Así que «la convenció con engaños» para que solicitara una tarjeta VISA de débito de la entidad vinculada a la cartilla de ahorro. De la tarjeta y del pin para poder utilizarla se hizo cargo María Asunción y desde el 14 de abril de 2017 empezó a realizar extracciones de dinero de la cuenta de la anciana a través de la red de cajeros de la entidad.

Ella continuó sacando dinero de la cuenta hasta agosto de ese año, en que «para evitar dejar rastro», encomendó sacar dinero de los cajeros a una persona de su confianza, Esther Ogando, «a quien ofreció una remuneración de 2.000 euros mensuales por realizar extracciones de 1.000 euros hasta vaciar la cuenta». En noviembre de 2018 la dejó sin saldo. Entre ambas realizaron 221 extracciones.

Señala el escrito de acusación pública que además María Asunción usó la tarjeta para realizar veinte compras en establecimientos de Valladolid. De estas compras, solo se ha recuperado un aspirador. Incluso llegó a pagar ciertas obras realizadas en el piso que había sido la vivienda habitual de la octogenaria antes de entrar en la residencia, que la acusada consiguió en abril de 2017 que se lo alquilara a ella por una renta de 500 euros mensuales que nunca abonó.

Con el dinero la acusada adquirió un coche y usó la VISA de la octogenaria para realizar una veintena de compras en establecimientos de Valladolid, según la Fiscalía.

El ministerio público calcula que, en total, se apoderó de 221.245 euros y una parte de ese dinero sirvió para adquirir en noviembre de 2018 un Nissan Juke que en la actualidad está embargado para responder a las responsabilidades civiles que se pudieran derivar del proceso. Además, se le atribuye haberse quedado con varias joyas que vendió por importe de 2.150 euros.

Según el ministerio público, estos hechos consituyen un delito continuado de estafa y hurto por los que solicita que se le impoga a Maria Asunción 6 años de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 10 euros y un año de prisión por hurto, mientras que a Esther, como cooperadora necesaria, pide que se le impongan dos años de prisión y multa de 6 meses con cuota de 6 euros. Además, la acusada principal tendrá que indemnizar a los herederos de la residente con 221.245 euros por el dinero obtenido con la tarjeta de crédito y la cantidad en que se periten las joyas vendidas, además de la suma de los alquileres impagados. Se considera responsable civil subsidiaria a la mercantil Residencia de Mayores Juan de Juni.

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