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Tras una maratoniana y lenta selección de los miembros del jurado porque se aceptaron varias excusas y hubo que esperar a que llegaran los aspirantes retrasados con sus respectivas citaciones, un trámite que duró casi cinco horas, pasadas las tres de la tarde juraron o ... prometieron ejercer sus funciones como integrantes del tribunal popular cinco mujeres y seis hombres.
Ellos serán quienes decidan en su veredicto si los seis encausados por el crimen de la Circular son culpables o no del asesinto de María Aguña, la septuagenaria cuyo cuerpo sin vida, maniatado y amordazado, fue encontrado en el pasillo de su vivienda el 18 de octubre de 2018, horas después del robo frustrado en su piso de la Circular.
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Las acusaciones, empezando por el fiscal, así lo aseguran, como quedó patente en los escritos provisionales que leyó el letrado de la Administración de Justicia. La fiscal y los letrados de dos de los hijos de la mujer asesinada sostienen como un denominador común que los acusados huyeron del lugar del crimen dejando a su víctima completamente desvalida y que la dejaron morir tirada en el suelo del pasillo de su casa a María Aguña. El arco de penas que se piden, solo por este delito de muerte, va de 13 años por homicidio a los 25 de la prisión permanente revisable.
En total, sumados los delitos de robo en casa habitada, detención ilegal y pertenencia a organización criminal, los acusados se enfrentan a 31 años de prisión y multas, para cada uno de los herederos, de 100.000 euros más el valor de los anillos robados, que será determinado en sentencia.
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Los acusados, Rubén Alonso Rocher, el 'dentista' vallisoletano considerado el cerebro del golpe y que cumple condena por otra causa, y los ciudadanos búlgaros Arso Atanasov Iliev, Emil Artinov Minayan, Anton Androv Mihaylov, Gabriel Emilov Kamenov y Gabriel Mladenov volverán hoy a ocupar sus sitios en la Sala del Jurado de la Audiencia de Valladolid, donde solo hay espacio para el tribunal, las acusaciones, las defensas, los procesados y los agentes de la Guardia Civil que les custodian. Sus abogados defensores se empeñaron en sus escritos en desdibujar las pruebas policiales sobre las que se asientan las acusaciones, principalmente en las relacionadas con la ubicación a través de sus teléfonos móviles y en las cámaras de seguridad de entidades de bancarias de la plaza de la Circular.
Casi todos ellos niegan haber participado en el asalto frustrado a la casa del número 9 y mucho menos haber golpeado o dejado morir a la viuda propietaria del inmueble. Incluso, el letrado del protésico dental Rubén Alonso ha justificado que la reunión en un local alquilado de su patrocinado con el resto de los acusados no fue para ultimar los preparativos del robo, sino que iba a contratarlos para realizar unas obras menores pero, al ver su catadura, se echó atras, motivo por el que estos se habrían vengado de él tratando de implicarle en el crimen. Según el fiscal y las dos acusaciones que representan a los hijos de la mujer (una tercera acusación, de la tercera hija, se ha retirado del procedimiento), fueron Anton Androv Mihaylov, Gabriel Emilov Kamenov y Gabriel Mladenov los tres sicarios que entraron en su vivienda en busca de la caja fuerte que no encontraron y huyeron dejando a la mujer malherida y apenas sin poder respirar por las mordazas tirada en el pasillo. Falleció tras varias horas de agonía y fue encontrada al día siguiente, después de que sus hijos, alarmados porque no contestaba a sus llamadas, avisaron a la Policía.
De asesinato califica el ministerio fiscal el hecho de que los tres sicarios que asaltaron la vivienda de la viuda no tuvieran clemencia y, en su fuga, no se compadecieran de la septuagenaria y, al menos, le retiraran de los orificios nasales y la boca la cinta aislante con la que le habían cubierto parte de la cabeza y el mentón. Este hecho, considera la Fiscalía, transforma lo que pudo ser simplemente un robo chapucero e, incluso, un homicidio, en un delito contra la vida en su escala más grave, pues obviaron el deber de auxilio y la dejaron abandonada a su suerte. Incide la representante de la acusación pública en que la invasión de su casa y la extrema violencia le produjo tal situación de estrés, unido al no poder respirar bien, que terminaron en un paro cardíaco.
El letrado de la acusación particular que representa al hijo de la víctima ha destacado en su informe que María Aguña era una mujer extremadamente precavida que no abriría su casa a no ser con engaño y que, además, era muy celosa de su intimidad. La mujer ya había sufrido otro robo con anterioridad y por ello había convertido su vivienda en un verdadero búnker. Las actividades familiares como tratantes hacía que hubiera mucho dinero en efectivo en la casa. De hecho, así había sido días antes del crimen, aunque se hijo había decidido recoger esa cantidad que guardaba en la caja fuerte de su madre. Lo que habrá que aclarar es si lo que trataron de sacar a golpes a María los sicarios era la clave de la caja fuerte o una llave.
Para el letrado que representa a una de las dos hijas de la fallecida, los hechos no son constitutivos de asesinato como para la Fiscalía y el otro abogado de la acusación particular (que incluso pide prisión permanente revisable para cada uno de los seis acusados) sino que considera que no hubo los tipos exigidos para el asesinato, como la alevosía. Solicita una pena de 13 años de prisión. También considera que en el otro delito de robo con violencia en casa habitada hay que añadir el agravante de abuso de superioridad y pide, como el resto de acusaciones, 5 años por este delito y 3 por el de pertenencia a grupo criminal. En el relato de hechos probados, la coincidencia con el ministerio público es prácticamente total.
El defensor del 'dentista' Rubén Alonso, sostiene en su escrito que la imputación es «inconsciente, floja e inaceptable desde la presunción de inocencia». Dice que no conocía a María, aunque sí a su hijo y su pareja. Explica el hecho de que los seis estuvieran en el local de Rubén antes del crimen en que Arso, «que conocía a Rubén de la clínica, le propuso que Emil reclutara una cuadrilla para las reformas en el local, pero luego Rubén se echó atrás» y Arso «comenzó a extorsionarle» exigiéndole el pago. «Esto es un ajuste de cuentas».
Sostiene la defensa de Arso que la investigación policial tiene la base «falsa» de un número telefónico que su representado nunca ha tenido. Es quien atribuye a Rubén actividades de prestamista y asegura que le pidió que le comprara dos tarjetas de móvil, lo que hizo su novia y se las entregó. También afirma que el 'dentista' quería obligarle a delinquir en robos. Solo reconoce que coincidió en la Circular el día de autos con Rubén, quien recibió una llamada de Emil que «le puso nervioso porque le decía que «la habían matado».
Empezó el letrado defensor diciendo que Emil no intervino en la planificación del robo, ni adquirió nada para facilitar el acceso a la vivienda ni nunca estuvo allí. Ha presentado a su patrocinado como un hombre de familia, casado y padre con empleo estable hasta este procedimiento. Ha puntualizado que María tenía problemas coronarios y que Emil no podía saberlo. En todo caso, apostilla al final de su escrito de conclusiones provisionales, como mucho se le podría imputar complicidad en estos delitos, nunca autoría directa.
La letrada María José Sánchez (que, junto con la defensora de Gabriel Emilov, son las dos únicas mujeres y abogadas de oficio que están en este procedimiento) destaca en su escrito que su representado colaboró en todo momento con la Policía y sostiene que cuando salió del piso de María ella «respiraba». Fue reclutado la mañana de autos por Emil y no sabía para qué, pero tuvo que aceptar porque este le presionaba porque le debía dinero y temía por su familia. Fue padre diez días antes de ser detenido por el crimen.
Para el letrado de Emilov, los hechos, como mucho, son homicidio imprudente, aunque lo primero que pide es la libre absolución para su cliente. En todo momento niega que su patrocinado empleara todos los medios para reducir a la señora si se negaba a facilitarles el acceso a la caja de caudales y también que la golpeara, tirara al suelo o le robara los anillos de oro. Propone como alternativas a las condenas de prisión que se le pudieran imponer en la sentencia, en el caso de ser condenado por el crimen, la expulsión de España.
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