Valladolid

«Acordamos que me lo quedaba», afirma el abogado acusado de apropiarse del piso de su cliente

El juicio ha quedado visto para sentencia y tanto el fiscal como la acusación particular, que defiende los intereses del sobrino de la septuagenaria fallecida el 14 de marzo de 2019, han mantenido sus peticiones de condena de cinco y seis años de cárcel, respectivamente, por un delito de estafa.

Según la tesis de la acusación pública, el abogado se percató de que la septuagenaria era soltera, vivía sola y carecía de familia próxima, y por eso le hizo creer que el problema de humos generado por su vecino era muy complejo y que el coste de los trámites alcanzaría los 60.000 euros. Esos humos procedían de la caldera de gas del vecino de abajo y se colaban por la rejilla de la cocina, afectando también a las demás habitaciones de la vivienda y, supuestamente, eso generó en la mujer una situación de nerviosismo e intranquilidad que trató de resolver recurriendo a los servicios del acusado, que representó a esta mujer en distintas instancias, dos en vía contencioso-administrativo, otras dos penales y una más en la jurisdicción civil. «Acepté hacerme cargo del caso pero la mujer no hacía provisión de fondos», explicó el acusado en el juicio, donde señaló que, en pago a esos gastos de representación no abonados por las numerosas gestiones realizadas, acordó con la mujer que se quedaba con su piso, aunque recalcó que no había cobrado «ningún tipo de honorarios» y nunca había tenido posesión del inmueble.

Fue el 22 de marzo de 2013 cuando la clienta se vio obligada a firmar con su abogado un contrato de compra-venta del piso por importe de más de 68.000 euros que la mujer, al parecer, no había podido sufragar hasta entonces. No obstante, la defensa presentó una testigo, amiga de la fallecida, que señaló que la septuagenaria había tenido problemas en la relación con su sobrino, que reside en Asturias, y que «iba a dejar todo al abogado porque era la única persona que se había preocupado por ella».

En el juicio comparecieron también, en calidad de testigos, el vecino de abajo de la septuagenaria, así como el abogado que le defendió en los diferentes procesos que se abrieron por este asunto, Tomás Husillos, quien señaló que no entendía la elevada cuantía de los gastos del acusado, más de 68.000 euros, ya que él acordó con su cliente honorarios de 2.500 euros, de los que solo ha recibido 500. Además, Husillos indicó que todos los procesos «se podían haber evitado porque el problema nunca existió y radicaba en que se estaba generando contaminación, pero no hay ninguna medición», afirmó el letrado, que sostuvo en todo momento que «el problema fue artificial».

Durante su declaración exculpatoria, el acusado señaló tanto al abogado de la acusación particular como al sobrino de la septuagenaria e indicó que la «inflaron a tranquilizantes» para quedarse con su patrimonio inmobiliario y que «el denunciante y su letrado han suplantado la identidad de María y ha ido otra persona a la Notaría».

Por otro lado, la defensa del acusado apeló a los problemas actuales de los abogados. «Debido a la situación que tenemos en estos momentos los letrados, que nos cuesta cobrar, que un compañero esté aquí sentado sin haber cobrado un euro por este tema sabiendo además la Fiscalía que durante cuatro años ha dicho que no había delito y de repente ha habido un giro, nos parece lamentable. Ruego a sus señorías que lo estudien bien, que lo vean bien y emitan una sentencia absolutoria», afirmó el abogado de la defensa en su última intervención en un juicio que se celebró, a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de suspenderse.

Un receso de media hora fue necesario para que el tribunal determinase si las nueve cuestiones previas planteadas por la defensa del acusado debían ser aceptadas y suspender la vista, pero finalmente fueron todas rechazadas y el juicio se pudo celebrar durante más de cuatro horas. Además, la defensa del acusado llegó a pedir la nulidad de actuaciones y dejó a criterio del tribunal la posibilidad de deducir testimonio a la propia fiscal jefe de Valladolid por entender que había infringido de forma grave el Estatuto Fiscal por falta de motivación en sus informes y por mostrar un cambio de criterio inexplicable a lo largo del procedimiento.

El letrado de la acusación aseveró en su última intervención que «es increíble que por solucionar un problema de una caldera una persona pierda una vivienda de un alto valor en esta ciudad», mientras que la parte contraria señaló que «la víctima sabe que no tiene dinero para pagar al abogado y redacta algo porque le conoce de siempre, es como su hijo, y le deja todo porque se lo merece».

Después de escuchar a todas las partes y a los testigos de unos y otros, será la sentencia la que determine si Juan Ramón Sanz Martín estafó o no a esta mujer de 75 años y si entra en prisión, tal y como solicitan tanto la acusación particular como el ministerio fiscal.