Rompe aguas cuando iba a ser juzgada por estafa en la Audiencia de Valladolid

La cuarta suspensión de la vista ya había planeado durante buena parte de la mañana una vez conocido que la encausada había ingresado en Urgencias del Río Hortega dos horas antes del inicio del juicio, si bien el tribunal, presto para evitar que testigos y peritos volvieran a verse perjudicados por un nuevo aplazamiento, había movilizado a una forense hasta el centro sanitario a fin de certificar si la exconcejal era apta para ocupar el banquillo, como así entendido finalmente.

De este modo, Inés María F.S. acudía más tarde al Palacio de Justicia donde minutos antes de que diera comienzo la vista ha intentado llegar a una sentencia de conformidad con el fiscal y la acusación particular ante el peligro de verse condenada a penas de entre tres años y seis meses y seis años de cárcel, respectivamente, si bien el acuerdo no ha sido posible ya que las acusaciones reclamaban que consignara la indemnización con carácter previo.

Así, la vista oral se iniciaba con el interrogatorio de la acusada, testigos y peritos y todo apuntaba que el trámite de conclusiones quedaría pospuesto para el martes, a fin de que la encausada tuviera tiempo de abonar los más de 10.000 euros de indemnización requeridos y de este modo pudiera verse beneficiada de un hipotético acuerdo para obtener una sustancial rebaja de la condena que evite su ingreso en prisión.

Sin embargo, tras prestar declaración la acusada y la gran mayoría de testigos, entre ellos las supuestas víctimas y peritos, el magistrado que presidía el tribunal ha suspendido por espacio de diez minutos la vista a petición de Inés María al sentirse indispuesta, si bien dicha suspensión se hacía más tarde definitiva, 'sine die', al comprobarse que la mujer había roto aguas y urgía su trasladado al mismo centro sanitario al que había acudido a primera hora de la mañana.

Durante la sesión inconclusa, Inés María F.S. había reconocido la amistad que la unía con la víctima ya que sus hijos compartían la misma guardería en Medina del Campo y ha explicado que en septiembre de 2019 su amiga, Sheila, le comentó que había recibido un piso en herencia pero no podía venderlo porque sobre el mismo pesaba una carga de 10.000 euros.

La acusada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha negado que se identificara como empleada de Hacienda y ha precisado que propuso a su amiga ponerla en contacto con un inspector al que conocía, para lo que le facilitó unos teléfonos y un correo.

«Yo me limité a ponerles en contacto y fue el inspector el que le facilitó un número de cuenta en la que podía ir haciendo ingresos mensuales hasta levantar el embargo», ha asegurado Inés María, quien, sin embargo, no ha sabido explicar por qué casualmente esa cuenta se correspondía con una que ella tenía abierta en Cajamar y en la que Sheila ingresó un total 1.100 euros, a razón de 150 euros mensuales, y donde su padre giró también tres trasferencias por importe global de 9.972 euros.

La acusada ha precisado también que jamás tocó el dinero que había en esa cuenta, ni siquiera los 3.000 y 5.100 sacados en dos extracciones, ya que cuando eso ocurrió asegura que se encontraba en Santander y no pudo hacerlo en la capital cántabra porque «carecía de cartilla y de tarjeta de débito».

También ha negado que remitiera a la víctima desde su correo electrónico una comunicación de Hacienda en la que se deba cuenta, falsamente, de que el piso había quedado libre de cargas a través del abono de la deuda y tampoco que le entregara en mano una nota simple del Registro de la Propiedad, documento que, tal y como ha puesto de manifiesto en el juicio un policía nacional en calidad de perito, «supone una burda falsificación».

Las supuestas víctimas de la que fuera concejal de Festejos del PP en el Ayuntamiento de Bobadilla, Sheila, su madre y la pareja de ésta, han acusado a Inés María de hacerles creer que era funcionaria de Hacienda para apropiarse de los distintos pagos que la familia ingresó en su cuenta bancaria en la creencia de que la misma correspondía al fisco.

«Siempre confíe en ella, nunca sospeché nada», ha lamentado Sheila, quien se percató finalmente de que todo se trataba de un engaño cuando comprobó que la notificación supuesta de Hacienda declarando el inmueble libre de cargas carecía un un código de verificación.

Se personaron entonces en las oficinas de Hacienda en Medina y allí se enteraron del engaño y de que el piso seguía con el embargo que había que levantar para formalizar la venta. Fue el padre de Sheila, el mismo que ya había ingresado más de 9.000 euros en la cuenta de la acusada, quien tuvo que pagar otros 10.000 euros al fisco para dejar finalmente libre de cargas el inmueble.

Minutos antes del inicio de la vista oral del juicio se han vivido también momentos de tensión en los pasillos de la Audiencia Provincial cuando el novio de la acusada ha hablado en tono amenazante y se ha dedicado a dar instrucciones a los periodistas sobre cómo tenían que hacer las fotos a la acusada o para indicarles que tenían que utilizar las iniciales a la hora de escribir su nombre y apellidos.

«¡No saben lo qué es ser merchero. Me cago en la raza de los pallos, tenías que estar todos muertos!», ha gritado en reiteradas ocasiones el descontrolado novio de la acusada, quien, por contra, se ha visto obligada a tranquilizar a su pareja e invitarla más de una vez a abandonar el Palacio de Justicia, y todo ello con carácter previo a ese desenlace imprevisto motivado por la rotura de aguas de la gestante.