Absuelta la influencer Jennifer Lara de amenazar a su expareja «por no dejar ver a su hija»

Nuevo capítulo en los juzgados entre la influencer vallisoletana Jennifer Lara y su expareja en relación a la hija de ambos. En esta ocasión, por un delito de injurias y amenazas, después de que la madre se presentara en el domicilio de él para ver a la menor, situación a la que su exnovio no accedió. Esos hechos, que no han quedado acreditados, se desarrollaron en la noche del pasado 26 de octubre, momento en el que se presentó la madre, previo paso por la Guardia Civil, para ver a su hija. Tras no acceder el padre a tal demanda, esta dijo «hijos de la gran puta, te vas a cagar como no me dejes ver a la niña, como mañana no pueda hablar con la niña me volveré a presentar y lo haré por la fuerza».

Absuelta de este delito por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, Jennifer el día de los hechos se acercó a la Guardia Civil preocupada de que el padre y su hija hubieran tenido un accidente de tráfico. Dio detalles de la situación judicial en la que están inmersos, pero sabedora de que la comunicación no estaba prohibida. Asimismo, el exnovio, durante la vista, reconoció que la propia Guardia Civil le llamó para informarle de que la madre estaba preocupada, si bien impidió a la denunciada mantener comunicación con la hija «ni siquiera momentáneamente para comprobar que estaba bien». «Lejos de ello y lejos de calmar la situación para darla por concluida, sube el volumen de la televisión (eran más de las diez de la noche de un día lectivo) para que la menor no pueda oír a la madre», recalcan los fundamentos de derecho.

De hecho, según las diligencias de la Guardia Civil, cuando supo por parte del instituto armado que su hija estaba bien, regresó a su casa. «Entendemos que las manifestaciones que pudo proferir al denunciante no tienen en absoluto entidad penal. Acude al domicilio del denunciante preocupada por su hija. El denunciante, de forma unilateral, decide dejar sin efecto el derecho de comunicaciones que la sentencia firme a la denunciada. Una vez allí le dice que no la va a volver a ver, lo que la enerva aún más. Consecuencia de ese enfado, podemos decir que la respuesta dada no es la adecuada, pero no es sino fruto de la situación», fundamenta en la sentencia la titular de Instrucción 1.

El camino por los juzgados de esta expareja se inició al término de la relación de ambos, cuando su hija no llegaba al año. En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valladolid decretó un régimen de visitas, mientras la guardia y custodia de la bebé por aquel entonces quedaba atribuida a la madre hasta que la hija cumpliera 3 años.

Sin embargo, el régimen de visitas funcionó con normalidad hasta el 1 de mayo de 2021, cuando Jennifer, por trabajo, se trasladó hasta Alicante, lo que supuso interrumpir toda relación entre la pequeña y su padre. La mujer, pese a los requerimientos para que restituyera de forma inmediata a la menor a Valladolid y que de no hacerlo quedaría bajo la custodia y guarda de su expareja, además del apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, se mantuvo en su postura, impidiendo que el padre disfrutara del régimen de visitas y del periodo vacacional que le tocaba con la menor.

Jennifer Lara desatendió las resoluciones judiciales que desde entonces fue dictando el Juzgado de Familia de Valladolid, y ello pese a conocer que el convenio regulador, en una de sus cláusulas, establecía que en caso de desplazamiento geográfico de carácter laboral la custodia recaería necesariamente en el otro progenitor.

El caso alcanzó posición mediática en julio de 2022, cuando Jennifer Lara tuvo que entregar a su hija a la Policía Nacional por orden judicial. Grabó unas escenas que dieron la vuelta por todas las televisiones nacionales para convertir este caso en mediático. Incluso los representantes legales del padre aseguraron que llegó a recibir más de 2.000 amenazas de muerte en solo 24 horas tras la retransmisión del momento de la entrega en las redes sociales.

Recientemente, el Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid denegó moderar la inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de la patria potestad de la madre tras el informe psicosocial.

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