Valladolid

Los 154 autobuses tienen rampas de acceso pero el Procurador pide garantizar su eficiencia

Y en particular en Valladolid reconoce que el servicio se corresponde con las exigencias normativas y que hay una sensibilidad hacia lo idóneo de responder a las necesidades de las personas que se mueven en silla de ruedas en la ciudad; pero reclama un plan de seguimiento y control, unas revisiones eficientes que garanticen el buen funcionamiento de las rampas.

Y ello tras detectar ciertas carencias en este sentido. Recoge así este Defensor del Pueblo el caso de Sonia Crespo Torres, aunque evita dar su nombre; pero señala la fecha de publicación del artículo que recogía sus problemas con el acceso a los autobuses y su desesperación al respecto. El artículo de El Norte de Castilla recogía la reclamación de esta usuaria que había sufrido varios incidentes que le habían impedido llevar una vida normalizada porque tenía que quedarse en tierra cada vez que le fallaba la rampa mecánica y esperar a un nuevo vehículo con el riesgo de que tampoco funcionara bien. Y que aún ahora indica que todavía hay fallos con las automáticas.

El informe facilitado a esta Procuraduría por AUVASA, que gestiona tales competencias para el Ayuntamiento, recoge que la totalidad de autobuses que componen la actual flota, de 154 vehículos, «disponen de rampas de acceso, siendo de tipo bajo con sistema de inclinación lateral que permite favorecer el acceso de las personas al coche. En el 62% de ellos esta rampa es de tipo doble, es decir, manual y automática motorizada, permitiendo, en caso de fallo puntual de esta última o de problemas en su despliegue por la situación física de la parada, hacer uso de la rampa manual. En el resto de vehículos (el 38%) es de exclusivo tipo automático motorizado».

«De estas características técnicas se deduce –indica la oficina de Tomás Quintana– que los autobuses urbanos de Valladolid cumplen con lo establecido (Anexo V del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre) para regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad».

Valora así el Procurador del Común que «no cabe duda, pues, de que en el sistema de transporte público urbano se tiene presente la accesibilidad, lo que beneficiará tanto a las personas con problemas de movilidad como a otros colectivos con discapacidad y al conjunto de los viajeros, que percibirán la mejora en velocidad resultante». Considera además que esto favorece además a la empresa operadora al reducir el tiempo de detención en la parada, gracias a la mayor velocidad en la entrada y salida de viajeros, «mejorando así la eficiencia de su flota».

No obstante, «la accesibilidad real –apunta– no solamente depende del cumplimiento de la regulación. Un autobús verdaderamente accesible además de cumplir con la normativa vigente, debe responder de forma eficaz a las expectativas de los usuarios», asegurando que el acceso y la salida de los pasajeros se realice sin incidencias o riesgos. «Lo que no queda garantizado cuando surgen problemas técnicos en su funcionamiento, que rompen la cadena de desplazamiento. De poco sirve contar con sistemas de acceso si los mismos con frecuencia fallan o generan inseguridad en los usuarios».

Y, destaca el informe, aunque AUVASA achaca el citado caso a un hecho anecdótico, a la par confirma que «en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2023 se registraron un total de 13 incidencias relacionadas con fallos en las rampas». Y aunque ese número represente una ratio del 0,000075% respecto al movimiento de vehículos en dicho periodo, «resulta suficiente para demostrar que en esos casos las personas afectadas habrán visto condicionado su desplazamiento, en discriminación con el resto de pasajeros», apunta.

«Hace falta –añade– que la accesibilidad sea plena e integral, de forma que garantice a las personas con problemas de movilidad el transporte en las mismas condiciones que al resto de los usuarios, no viéndose afectados por un fallo del material móvil o por la inseguridad que pueda generar un posible funcionamiento inadecuado». Y recoge que aunque AUVASA tiene un programa de control y revisiones, el Procurador insta a a esta sociedad a «seguir evolucionando y trabajando para evitar cualquier situación que conlleve a la discriminación en la utilización de los autobuses urbanos de ese municipio, poniendo todos los medios al alcance posible para garantizar de forma continua (a través de sistemas de revisión y mantenimiento eficaces de las rampas de acceso, así como de las herramientas metodológicas, un funcionamiento cada vez más eficiente y perfecto de tales mecanismos destinados al embarque y desembarque de esa población vulnerable», concluye.