Hoy termina el plazo para realizar alegaciones a los cambios que el equipo de Gobierno quiere realizar en la ordenanza de movilidad, especialmente en lo relativo a carriles bus y bici. La movilización de colectivos como Asamblea Ciclista, Ecologistas en Acción o el partido ... Valladolid Toma la Palabra ha derivado en 1.300 alegaciones a los cambios previstos. Hay que recordar que dos de los considerados prioritarios por el alcalde, Jesús Julio Carnero, se corresponden con el Paseo de Isabel la Católica y la avenida de Gijón.
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El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, se mostró menos taxativo que el alcalde al respecto de los cambios. «Hoy finaliza el periodo de consulta pública. A partir de ahí iniciaremos la tramitación de nueva ordenanza en la que vamos a incorporar todos los informes técnicos del centro de movilidad y aquellos que afecten a distintos servicios públicos para la elaboración de la nueva ordenanza», explicó, sin entrar al detalle de los cambios, aunque admitió que una de sus propuestas, la de llevar el carril bici de Isabel La Católica por las Moreras, sigue en pie.
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El cambio de la normativa, señaló Gutiérrez Alberca, tiene como objetivo añadido flexibilizar los cambios para poder adaptarse a las circunstancias con agilidad. «Por una tramitación administrativa que jurídicamente se declaró irregular por parte de los tribunales, nuestro actual sistema genera una extraordinaria rigidez. No parece que para modificar un carril bus taxi, lo que hoy se denomina urbanismo táctico, que es una actuación de señalización, sean necesarias modificaciones de ordenanza. En ese sentido van nuestras modificaciones desde el punto de vista administrativo», señaló el concejal.
Otro argumento para modificar la ordenanza y dotarla de esa flexibilidad es que «la movilidad post pandemia se ha modificado. Hay más teletrabajo, utilización del transporte público. No pueden tomarse en cuenta cada 5 ó 6 seis años, hay que tomar decisiones en el día a día, obras, cortes de calles… Se debe favorecer el sistema legal para que pueda haber los cambios necesarios», en palabras de Gutiérrez Alberca. «Nuestra voluntad es que el sistema de movilidad tenga flexibilidad suficiente como para no tener que hacer trámites legales de cuatro ó cinco meses para cualquier modificación».
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