La sequía, los costes y la enfermedad hemorrágica lastran el año agrario

La sequía, los altos costes de producción y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) son tres de los factores clave que han marcado el año 2023, y que los representantes de las organizaciones profesionales agrarias definen como «catastrófico», «especialmente duro» o «muy complejo».

Uno de los sectores que se ha visto más castigado ha sido el cerealista. «La cosecha de cereal, de media, ronda los siete millones de kilos y hemos cogido 3,2 millones, un 55% menos, y si a eso añadimos que los costes fueron el doble, tenemos un año catastrófico para el sector agrario y sin duda alguna, el que más hemos perdido los agricultores y ganaderos de Castilla y León», mantiene Donaciano Dujo, presidente de Asaja.

En su análisis carga de manera especial contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues entienden que el tratamiento que se ha dado a la región ha sido «injusto» en el capítulo de ayudas. «En materia agraria se ha dejado a seis provincias en intensidad media de sequía y a tres en alta debido a que se peleó», recuerda, «con datos reales, que son las indemnizaciones de Agroseguro, se demuestra que somos la comunidad más afectada por la sequía, de los 400 millones que se han pagado en indemnizaciones, los agricultores de Castilla y León han percibido 185» por lo que considera que el Gobierno «en materia agraria ha discriminado a la región de manera negativa por no ser de su signo».

En el caso de la Junta de Castilla y León «las ayudas han compensado o aumentado la indemnización de Agroseguro en un 25% para los profesionales, ha habido préstamos a interés cero que son importantes aunque a todas luces insuficientes, pero hay que valorarlas de manera positiva».

Asegura que los costes de producción han sido entre un 50 y un 60% más elevados que en 2021, «y los precios de lo nuestro están por debajo de los de ese año». Esto hace que la situación sea «complicada» y así se deduce del hecho que se ha bajado de los dos millones de hectáreas de cereal, «nos quedamos en algo más de 1,6 millones y este año vamos por la misma línea porque los costes siguen siendo altísimos».

En el apartado ganadero el año también ha sido «tremendamente malo» si se tiene en cuenta que todo es una cadena en la que repercute la mala cosecha, la escasez de pastos y los costes «altísimos» de pienso, forrajes y paja. «Encima, no solo hemos tenido el problema de la tuberculosis, este año la EHE ha azotado con mucha mayor virulencia que en otras comunidades y el Gobierno en funciones se ha desentendido, solo ha sido la Junta la que ha dado una pequeña ayuda, insuficiente para todos los gastos que ha habido».

Dujo también se refiere a un primer año de la PAC «con menos presupuesto, muchos requisitos y compromisos absurdos», al tiempo que clama por una desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde la Alianza UPA-COAG, sus coordinadores, Aurelio González y Lorenzo Rivera, coinciden en señalar que el 2023 ha sido una año «malo por la sequía en el secano, por la escasez de agua en el Pisuerga, por los altos costes de producción, los bajos precios de los que solo se salvan la remolacha y las patatas y en el caso ganadero por una enfermedad muy grave como es la EHE».

González cifra en 12.000 los animales muertos como consecuencia de la enfermedad hemorrágica epizoótica, alrededor de 1.000 en Segovia, 8.300 en Salamanca, 1.200 en Zamora y 2.000 en Ávila.

Recuerdan que hasta la fecha, los importes de ayuda se han establecido para las granjas y animales afectados hasta el 16 de octubre para que pudiesen entrar en los presupuestos de 2023. En este sentido, exigen que se active «urgentemente» otra partida de ayudas que se destine a los perjudicados después de esa fecha para que no haya discriminación entre ganaderos. Además, reclaman al Ministerio «que se implique directamente con los afectados, en primer lugar poniendo ayudas y así complementar las de la Administración regional, y también trabajando en el desarrollo de una vacuna que entre dentro de las campañas de saneamiento ganadero».

González resalta, una vez más, «la profesionalidad» del sector agrario de la región, «seguimos produciendo a pesar de los inconvenientes» aunque no es ajeno al «alto endeudamiento», la «feroz» especulación tal y como se ha visto cuando hay conflictos, o al hecho de que la maquinaria agrícola tenga «precios prohibitivos» y el precios de los costes siga alto.

En concreto, cuando se estaba abordando el inicio de la campaña, los precios de los abonos de sementera se encontraban un 70% por encima de los registrados al comienzo de la campaña anterior 2021/2022 (la correspondiente a la cosecha de 2022). Y el gasóleo un 50% superior.

Sobre el valor de la producción, desde la Alianza UPA-COAG toman como referencia el mes de agosto en Castilla y León, momento en el que el trigo blando y la cebada presentaban un descenso interanual superior al 25% respecto a los precios del mismo mes de 2022.

Analizando la evolución de la cotización desde julio de 2016, se observa que, a partir de octubre de 2020, comenzó una subida en los precios motivada por la situación geopolítica, alcanzando el máximo en mayo de 2022, con 360,5 euros por tonelada para el trigo y 343,3 euros por tonelada para cebada. A partir de esta fecha, se ha producido un descenso continuo en la cotización. En noviembre de 2023 la cebada cotizaba a 216 €/tn y el trigo a 234 €/tn.

Aurelio González pone igualmente el acento en todas las consecuencias que está trayendo el cambio climático, «aunque algunos lo nieguen», y que en su opinión se aprecia en que cuando llueve «es torrencial» y las sequías son «extremas». Insiste en que la manera de combatir esta realidad pasa por «una mejor regulación de nuestros caudales, más presas y la modernización del regadío, además del apoyo decidido por la innovación y el desarrollo de nuevas semillas más resistentes a la sequía».

Por su parte, Lorenzo Rivera recalca que «la sequía, los costes y la bajada de precios hasta un 30%, hace que el sector más perjudicado este año sea el cerealista». La crítica la dirige hacia la importación. «No podemos admitir la entrada masiva de cereal para piensos y harina y que muchas de nuestras producciones estén pendientes de cobrar, no es justo que se siga importando cereal y luego decir que se quiere eliminar la huella de carbono».

Por otra parte, califica como «fraude al consumidor» que los cereales hayan bajado alrededor del 30% «y eso no lo hemos notado ni en el pan ni en los piensos, que han bajada un 2 o un 3%, algunos un 5%» por lo que no descartan realizar denuncias ante la Aica.

Dentro de toda esta realidad, parece que solo salvan precios la patata, la cebolla y hortalizas, «cuando hay diversidad, la viabilidad está prácticamente asegurada», concluye Rivera.

Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, cifra en 2.000 millones las pérdidas del sector agrario este ejercicio debido a la sequía, «una de las más duras, con algunas zonas que arrastran dos años de sequía extrema» y a los «disparados» costes de producción.

Para González Palacín la Junta ha sido «especialmente cicatera» en sus ayudas, de las que dice están «mal diseñadas» si se tiene en cuenta que toman como referencia el seguro agrario, «es absurdo e injusto». En el caso del Ministerio la crítica también es directa, «no sé si la tiene cogida con Castilla y León», en clara referencia a cómo se declaró la afección por sequía en la región.

El presidente de UCCL Ávila, Francisco Robledo, insiste en que los costes de producción han sido «los más altos en toda la historia, en agricultura y ganadería», ya que se ha triplicado el precio de los abonos, pasando de una media de 200 euros a 600-800 euros, «eso es una barbaridad». El gasóleo agrícola ha alcanzado hasta 1,70 euros el litro, sin dejar de recordar los elevados costes de la energía, de los forrajes, la paja e, incluso, de la maquinaria, «es imposible aventurarse a comprar maquinara nueva».

En relación a la nueva PAC, el coordinador de UCCL Valladolid, Valentín García, aseguró estar «expectante» ante las futuras elecciones europeas de 2024, y a un posible «cambio de rumbo» fía sus esperanzas pues «no podemos ir de súper ecologistas, esperamos que se nos vuelva a considerar sector estratégico». De igual modo, «se han incrementado los requisitos medioambientales, normas fuera de toda lógica», concretó, «no se concibe legislar para todas las regiones por igual en Europa» y apeló a que se permita labrar antes del 1 de septiembre, aunque fuera con labores verticales.

Retos

Por último, González Palacín enumera una serie de retos para el 2024, que van desde la modificación de la PAC, al rediseño de los seguros agrarios, pasando por la cadena alimentaria. «Hay que seguir publicando costes de producción», recalcó, como se ha hecho en el caso de la leche de vaca, por lo que reclamó que se haga también en la patata y en la leche de ovino. « Es una recomendación en nuestras manos para negociar en igualdad de condiciones y equilibrar ese poder negociador», concluyó.

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