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Un informe del Observatorio contra la Violencia de Género deja sin argumentos a quienes aún hoy llevan la contraria a las leyes y al Tribunal Constitucional y aseguran que la violencia machista es un invento y que todas las agresiones en el ámbito de la ... pareja son simple violencia doméstica, sin más.
El organismo del Consejo General del Poder Judicial, en su análisis de los crímenes en el ámbito de la pareja ocurridos el año pasado, concluye que los hombres matan a sus esposas o exparejas dieciséis veces más que las mujeres a sus maridos o excompañeros. Mientras 49 mujeres perdieron en 2022 en España la vida a manos de compañeros sentimentales presentes o pasados, ellas solo mataron a tres de sus parejas. En concreto, las víctimas fueron dos hombres con los que las homicidas convivían y una mujer (una de las parejas era de lesbianas). Tenían una media de 60 años. En las tres ocasiones el arma fue un cuchillo y se trató de relaciones sin hijos.
Y ahí termina la violencia extrema de pareja ejercida por mujeres. El 95% de los crímenes íntimos, 49 de los 52 registrados, fueron violencia de género. El verdugo fue un hombre y el cadáver el de una mujer. Sin entrar en los miles de denuncias por maltrato reiterado, una española fue asesinada cada semana por su marido o exnovio. Eso sí, junto a 2021, el pasado fue el año con menos crímenes machistas de las últimas dos décadas. Un dato positivo que, no obstante, por ahora parece solo un espejismo, pues a falta de cuatro días para que concluya 2023 van 55 asesinadas por sus compañeros sentimentales este año, una cifra ya en la negra media habitual del decenio. Los crímenes dejaron 37 menores huérfanos y solo se libraron de este drama Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia y La Rioja. La mayor tasa de asesinadas, el triple de la media nacional, se dio en Castilla-La Mancha.
Un dato tan atípico como positivo registrado en 2022 fue que el 41% de los homicidas de género ya habían sido denunciados, muy por encima del 25% de media de años anteriores. Eso permitió a los expertos del Poder Judicial hacer un análisis más extenso y profundo sobre dónde están alguna de las acciones a mejorar en la atención y protección a las víctimas para minimizar los homicidios machistas. Eso sí, el mérito de este nivel inédito de denuncias es solo de la propia víctima, en el 68% de los casos, y de la policía, en el 25%. La denuncia de familiares, vecinos, allegados u otros terceros no se dio ni en el 10% de las ocasiones.
De este estudio se deduce al menos la existencia de dos problemas. Hay que mejorar el sistema policial VioGén que valora el riesgo potencial que corren las denunciantes y hay que tomar medidas (sociales, económicas, jurídicas, informativas) para que las víctimas se sientan empoderadas y protegidas y no desistan en tal alta proporción de la acusación contra sus maltratadores.
El VioGén solo fue capaz de detectar riesgo alto o extremo en las circunstancias personales y familiares que rodeaban a una de cada seis mujeres cuya pareja fue denunciado por maltrato y terminó por matarlas. De los 17 casos mortales en que hubo valoración previa del sistema solo en dos se vio riesgo alto y en uno extremo. En cuatro no se apreció riesgo alguno, en cinco parecía bajo y en los otros cinco, medio.
En su descargo hay que subrayar que, a las dificultades que entraña el propio análisis policial, hay que sumar que en nada les ayuda que muchas de las mujeres denunciantes que acabaron asesinadas contribuyesen a cerrar la investigación judicial y la vigilancia contra quienes acabaron siendo sus verdugos. Tres de cada diez de estas mujeres pidieron la retirada de las medidas de protección contra el agresor dictadas por el juez y solo una de cada tres ratificó ante el magistrado la denuncia que había interpuesto. Pero lo que es aún mucho más grave es que algo más de la mitad de las mujeres que después terminaron muertas, el 52%, renunció ante el tribunal a ejercer acciones penales contra su maltratador o se acogió a su derecho a no declarar contra él.
El resultado del paso atrás, al que no son ajenos el miedo, el desamparo, la dependencia o la falta de apoyo familiar que sufren las víctimas, permitió que el 85% de los procesos de los que se retiró la maltratada terminasen sobreseídos, con el agresor libre de cargos y sin control alguno.
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