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El maltrato de hijos a padres es un problema que no reflejan los números. La multiplicación de casos —la Diputación tenía tres en 2019 y atendió a 13 el año pasado— es una señal de que los padres son conscientes de la realidad, de que ... no son malos padres, sino que sufren lo que los expertos llaman violencia filioparental. Pero son los menos. El gran obstáculo para solucionar el problema está en el estigma social, la vergüenza de pedir ayuda, reconocer que no consiguen controlar la conducta de sus hijos. Un tabú social que repercute directamente en la autoestima y que rara vez sale del entorno privado de la familia hasta que no ocurre algo grave que explota la burbuja. Por eso los servicios sociales asumen la tarea de visibilizar el fenómeno e inciden en la importancia de la detección temprana.
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La Diputación de Segovia detecta los casos a través de los CESAS, sus Centros Agrupados de Atención Social, por medio de las propias familias que solicitan apoyo por sus dificultades en la atención de los menores o de terceros, desde vecinos u otros profesionales como, por ejemplo, policías. La primera alarma llega en la desprotección de los menores; las competencias son de las administraciones locales, pero cuando se diagnostica una situación de desamparo, es decir, la necesidad de separar al menor de la familia, pasa a manos de la Junta de Castilla y León.
La jefa de Prestaciones Sociales y Dependencia de la Diputación —la sección responsable de los CEAAS— Isabel Sanz habla del «ultimísimo» recurso. «Nuestro objetivo es trabajar junto a la familia». La institución cuenta con cuatro equipos de atención familiar divididos por el territorio —Cantalejo, La Granja de San Ildefonso, Prádena y Cuéllar—con siete educadores y cinco psicólogos. Las valoraciones suelen hacerse a domicilio, aunque la intervención de algunas familias no sean voluntarias.
La multiplicación de equipos —la Diputación empezó con uno— y de personal responde a un aumento progresivo de los casos. El pilar de estos centros es evitar la violencia contra la infancia. Sin embargo, cada vez suman más casos de violencia de hijos a padres, por más que aún responda a la metáfora de la punta del iceberg. «No nos llegan todos los casos que son, es una violencia que cada vez tenemos que ir haciendo más visible». Hay más casos porque las redes de detección son mayores y porque los progenitores empiezan a ser conscientes del problema. «Es más fácil que pidan ayuda en un momento dado cuando no pueden contener la situación», afirma.
Sanz habla del cambio en los estilos educativos de la familia y de cómo la sobreprotección produce una inversión de roles. «Esa distancia jerárquica entre padres e hijos se reduce. Desaparecen las normas y los límites por parte de los padres y quien toma las decisiones de qué se hace, cuándo y cómo es el hijo». Por eso habla de hábitos sólidos y de ejercer la autoridad paterna. «No considerar al hijo como un amigo, no ser tan permisivos o negligente». La gestión emocional —los afectos o el estrés— o la forma de solucionar los problemas forman parte de una compleja ecuación de factores.
La violencia genera violencia y el uso de la misma por los padres como respuesta a su falta de control sobre los menores agrava el problema y crea un lenguaje que después sufren ellos en primera persona. «Hay muchos padres que utilizan la violencia como una estrategia educativa para controlar conductas de sus hijos. Y eso no es un modelo educativo adecuado».
Sanz hace hincapié en «la historia de crianzas», de romper con una tradición en la que el concepto de «una bofetada a tiempo» estaba normalizado. «Si una persona se ha criado en un entorno violento, aprende a desenvolverse de la misma manera y es fácil que repita ese modelo», asegura. Es una intervención psicosocial y educativa en busca de los factores, desde el estrés a patologías o consumos.
El reto de los trabajadores sociales es romper ese código de violencia cambiando las relaciones entre los miembros de la familia. «Es un trabajo complicado, es un cambio estructural». El periodo medio de intervención de la Diputación, que llega hasta los dos años, está cerca de año y medio. La frecuencia de las sesiones va en función de la evolución de cada caso. En realidad, es un doble drama. «Me siento como un mal padre y superar esa vergüenza de salir al exterior y pedir ayuda supone un proceso de valentía porque la sociedad es muy crítica», añade.
Esa valentía marca lo agudo del problema cuando llega a manos de los servicios sociales. «Es importante que los padres lo soliciten cuanto antes. Cuando piden ayuda fuera es porque ya lo han intentado todo, más allá de lo que sería deseable». Si ya es complejo revertir una inversión de roles, cuanto más enquistado esté el problema, más difícil es intervenir. «Tenemos que evitar que estos problemas se cronifiquen». Aún representan un porcentaje marginal del total de casos que llevan los CEAAS, que atendieron a 203 familias en 2023: 34 en Cantalejo, 49 en Cuéllar, 23 en Prádena y 97 en el Real Sitio de San Ildefonso.
De ahí que la prevención sea clave. El Programa de Capacitación Familiar de la Diputación interviene con grupos de padres para mejorar sus herramientas educativas mediante talleres que se dan en diferentes municipios: unas ocho sesiones de hora y media en las que se desarrolla el vínculo afectivo, cómo conocer a los hijos o cómo regular el comportamiento infantil a través normas desde la edad más temprana posible. El año pasado acudieron unas 80 personas divididas en nueve grupos, más del doble que el año anterior (37).
El ajuste de roles implica convencer al menor de que ceda una posición de poder. Sanz habla de «herramientas para que solucione los problemas de otra forma». El diagnóstico es que el hijo maltratador usa la violencia porque carece de otras formas de conducta, que ese dominio sobre su progenitor no le hace feliz. Por eso la prevención también toca a los adolescentes a través de programas de entretenimiento que incluyen una parte de conducta.
Los de 'Ocio preventivo y alternativo para jóvenes' mezclan la parte lúdica y formativa. «Incorporamos de forma transversal todo el tema de tolerancia, solidaridad, igualdad de género, la resolución pacífica de conflictos o la prevención de la violencia». El programa 'Construyendo mi futuro', dirigido a adolescentes entre 12 y 17 años, va en la misma línea y contó el año pasado con 72 jóvenes divididos en ocho grupos.
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