Segovia

Los vecinos creen que el traslado municipal al CIDE será la «puntilla» para la vida en el casco antiguo

«Nos parece fatal. Esa gente que trabajaba en el casco hacía la compra en él y en él pasaba parte de su vida. Eso se ha perdido», dijo Clemente Oria, presidente de Avras. Los vecinos consideran que la medida no responde a las promesas que el PP realizó en campaña electoral, dirigidas a asegurar la vida ciudadana en una zona excesivamente sometida a la presión del turismo y sumida en un fenómeno en auge: la llegada de estudiantes con un alto poder adquisitivo.

Esta impresión es compartida por la Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia, que ya ha expresado en más de una ocasión su preocupación por el proceso de «gentrificación» que el recinto amurallado experimenta en favor del turismo y los estudiantes de IE University. «Es la puntilla. Si había alguna duda sobre la existencia de planes para acabar con la vida en el casco histórico... es la prueba», señala Pedro Montarelo, presidente de la asociación, que también intervino en la asamblea como vecino y socio de Avras: «Quizá sea demasiado suspicaz, pero me da la impresión de que ahora se está poniendo de manifiesto un plan muy evidente, si tenemos en cuenta tres cosas de actualidad: la reforma del mercado de Los Huertos, que redundará en una ampliación de la zona hostelera; la insistencia en el paseo del Salón como lugar para las ferias, que ha de poner de relieve la 'necesidad' de ampliarlo y hacerlo accesible mediante la construcción de un párking, y el traslado de 180 funcionarios municipales al CIDE, muchos de ellos con puesto de trabajo en el casco antiguo».

Después del traslado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), hace ya nueve años, y de los juzgados, el pasado diciembre, Amigos del Patrimonio cree que la marcha de más funcionarios contradice el argumento esgrimido por el Ayuntamiento para la reforma del mercado de Los Huertos. «Quieren que el mercado gane clientes, pero si no hay funcionarios... Llena el antiguo INSS de funcionarios y tendrás clientes asegurados en el mercado. Me da la sensación de que no tienen ningún interés en revitalizar el recinto amurallado, que todo responde a un modelo establecido para que sea, únicamente, una zona de ocio», señala Montarelo.

La Asociación de Amigos del Patrimonio estableció en 2010 un lema muy claro que sigue defendiendo: «Ciudad habitada, patrimonio conservado». Según Montarelo, en el momento en que este binomio se deshaga, el peligro para Segovia es que se deshabiten los lugares de vida común. «Parece una verdad de perogrullo, pero donde no hay habitantes no hay ciudad. Esto debería bastar para poner en riesgo la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que no solo protege un monumento, sino a la ciudad vieja entera. Si la ciudad vieja de Segovia deja de tener habitantes para convertirse en un museo, perderá su singularidad. Es evidente».

La marcha de los servicios municipales, al margen de los funcionarios que desalojará de la Casa Consistorial, conllevará el vaciamiento de dos edificios más: el que acoge la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, situado en la calle Marqués del Arco, y la Casa de Andrés Laguna, actual sede de las concejalías de Cultura y Turismo. 'A priori', el primero puede ser fácilmente enajenable; el segundo es patrimonio histórico que el Ayuntamiento ha de mantener con contenido. De hecho, ya alberga las dependencias del Centro Didáctico de la Judería. En cualquier caso, son 'peccata minuta' al lado del problema que representan otros inmuebles que languidecen desde hace años sin que en ellos se vislumbre el más mínimo futuro.

«El antiguo INSS, el Palacio de Enrique IV, la Telefónica, las Jesuitinas, la Casa del Marqués del Arco, cerrada a cal y canto pese a estar declarada Bien de Interés Cultural, el Palacio de los Ramírez Arellano, la antigua Escuela de Magisterio, el Policlínico, que lleva cerrado desde el año 2008... El Ayuntamiento quiere levantar en él una residencia para mayores. Y al lado, en las ruinas del convento de San Agustín, se ha proyectado otra residencia, para estudiantes, el mismo fin para el que IE University alquiló el Palacio de Mansilla... Observamos con preocupación que no queda ámbito para el vecino. Y no sabemos cómo conseguir que los segovianos sean conscientes de esta situación. Me cabreé mucho con la anterior corporación porque dejó escapar la oportunidad de hacerse con el Palacio de Mansilla para ampliar en él las dependencias municipales... Tiene razón el alcalde cuando dice que es insostenible las condiciones en las que están los funcionarios, pero la solución no es llevárselos al CIDE».

El traslado de los funcionarios de los juzgados a las dependencias construidas en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra es otra dentellada más. Y resulta incomprensible, a ojos de muchos vecinos, que el Ministerio de Justicia se interesara en su día por el Palacio de Mansilla, enviara a sus técnicos a evaluarlo, salieran con buena impresión y los partidos políticos acabaran apostando por un nuevo Palacio de Justicia lejos del recinto amurallado. El viejo Palacio de Justicia mantendrá un hilo de vida porque continuará acogiendo las dependencias de la Audiencia Provincial. El Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) prevé en ese lugar la construcción de viviendas. Lo mismo ocurrirá, pasado el tiempo, con el colegio de las Concepcionistas, antigua casa-palacio del Conde de Cheste.

Las residencias de estudiantes proyectadas contribuyen a la gentrificación que, a juicio de Amigos del Patrimonio, está dándose en el casco antiguo, donde se rehabilitan viviendas enteras para alojar estudiantes y proliferan los apartamentos turísticos. «Hasta en los bajos se hacen viviendas para turistas y estudiantes. Las destinadas a estudiantes son viviendas muy específicas, porque están adaptadas a las necesidades y demandas de los estudiantes, que quieren habitaciones individuales con baño incorporado, armario grande, una mesa y una cocina y un salón comunes. Si un día no hubiera demanda, resultaría muy difícil reconvertir estos edificios en viviendas en las que pudiera residir, por ejemplo, una familia».

En la reunión de Avras de ayer hubo tres concejales, a la par vecinos del recinto amurallado. El de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, aseguró compartir la preocupación expresada por Clemente Oria y Pedro Montarelo, aunque defendió un traslado de funcionarios que no afectará tanto a los que trabajan en el casco antiguo porque el Ayuntamiento seguirá prestando servicios. «Este equipo de gobierno tiene voluntad política para recuperar la zona antigua de la ciudad. Pero no podemos empezar de cero. Durante veinte o veinticinco años, se han estado trasladando muchos servicios administrativos a otras zonas: INSS, Biblioteca, Juzgados... Por otra parte, nos hemos encontrado con oficinas municipales degradadas y un edificio a las afueras de la ciudad que ha costado 30 millones de euros y no tiene un uso definido. De ahí la decisión. Y, créanme, no va a haber menos gente trabajando en el casco después de ese traslado», dijo. González-Salamanca aseguró que el gobierno municipal maneja asimismo planes para crear un centro médico en la zona, rehabilitar viviendas y redirigir el turismo para hacerlo más sostenible. «Dennos tiempo», pidió.