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Los ruidos en el casco histórico plantean un debate entre la subjetividad y la objetividad: hasta qué punto la normativa es suficiente para garantizar el descanso. Porque no hay un medidor de decibelios en cada vivienda. En el 2022 hubo 212 intervenciones de Policía Local ... en materia de ruidos; de ellas, 66 se produjeron en el recinto amurallado. La estadística no concreta el origen de esos ruidos; es decir, no diferencia cuántas fueron originadas por ocio y cuántas, por ejemplo, por obras. Solo 11 del total (el 5,1%) acabaron en denuncia. El concejal de Obras y Turismo del Ayuntamiento de Segovia, Miguel Merino califica como «bajas» las cifras. «La ciudadanía percibe Segovia como una ciudad tranquila y segura. Tratamos de garantizar que se cumpla la normativa objetiva y el derecho de descanso».
La creación de la Plataforma contra el ruido en Segovia ilustra la magnitud del problema. «Parece que no hay un problema porque no hay denuncias», subraya su portavoz, Andreina Cannata. «La ordenanza está bien planteada, pero dificulta poner una denuncia. Por eso hemos pedido que el trámite sea más simple. Que la policía intervenga como cuando ve a alguien saltarse a un semáforo». Por eso su prioridad es clara: «Que cuando se produzca una intervención policial eso tenga consecuencias para el local, para el propietario del piso o para los que están haciendo botellón».
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El grupo partió de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado, pero no se limita al casco histórico. «Vimos que a todos nos pasaba lo mismo. Que la policía paraba la fiesta, pero al día siguiente volvía a pasar. Lo difícil que ha sido denunciar y que no había consecuencias. Ante la impotencia, decimos actuar». La plataforma ha recogido firmas y cuenta con un grupo de trabajo para elaborar el manifiesto o una página web. Hay un grupo con más de 40 viviendas. «Mucha gente quiere contarnos sus historias», añade.
A la hora de desgranar la estadística, el argumento de que el 31% de las llamadas vengan del casco histórico no ilustra la dimensión del problema en sus calles: que el 69% de las llamadas se produzcan fuera del recinto amurallado tiene sentido porque el grueso de la población vive en otros lugares. Merino considera baja la proporción y lo argumenta en parte porque es el lugar con más bares por metro cuadrado. De las 66 intervenciones en el casco, solo 5 terminaron en denuncia (un 7,5%).
Merino pide «generar puntos de encuentro para no criminalizar a ningún sector». Pone en contexto la edad de los universitarios. «Todos los que hemos pasado por la universidad hemos tenido nuestras fiestas». La estadística dice que solo una de cada 20 llamadas acaba en denuncia. ¿Qué ocurre con las molestias que son molestas, pero no cumplen el requisito normativo cuando llegan los agentes? «Con las molestias acústica pasa como con el umbral del dolor, cada uno tenemos el nuestro. Esto forma parte de mucha sensibilidad subjetiva y lo que tratamos es arrojar información objetiva para poder analizar el conjunto del problema».
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César Blanco Elipe
La Plataforma señala las trabas para presentar una denuncia que, según la ordenanza, debe hacerse por escrito. «Es un proceso complicado. La gente piensa que es suficiente para llamar a la policía», explica Cannata. Es el vecino quien debe pedir la medición con un sonómetro, que no siempre están disponibles. «La policía tiene que ir a escondidas, porque si les ven quitan la música, yo lo he vivido ayer. El vecino tiene que presentar la denuncia en el Ayuntamiento y tiene que preocuparse de que la vaya tramitando». Policía Local solo cuenta con un sonómetro para toda la ciudad; fuentes anónimas del cuerpo no creen que sea necesario contar con otro: «Tenemos medios y personal cualificado, el problema viene después con el trámite que se realiza de esa intervención policial».
El Ayuntamiento defiende la «concienciación pedagógica» en sus reuniones con IE University y la Uva para «integrar lo máximo posible a los universitarios en la ciudad y evitar que se encierren en burbujas». Pone en valor el Creativity Center de IE en la Casa de la Moneda y otras iniciativas para que «el ciudadano de Segovia valore esa infraestructura, aunque sea privada, y dé oportunidad a todos los sectores». IE University cuenta en Segovia con unos 1.500 alumnos procedentes de 140 países. Así respondió la entidad ante la pregunta de este medio sobre los incidentes de su alumnado «Trabajamos cada día para promover el cambio positivo a través de la educación, la innovación y la investigación. En cuanto al campus de Segovia, desarrollamos numerosos proyectos de impacto económico, social y cultural que enriquecen la experiencia de nuestros alumnos y a la sociedad segoviana».
Miguel Merino asegura que le gustaría vivir en el casco histórico. «El principal problema no es a qué se están dedicando los pisos, sino el acceso a la vivienda. El precio es una condición limitante para muchas familias que se van a otros lugares». El elevado coste de las matrículas de IE University sitúa a sus estudiantes en una clase económica pudiente que puede pagar unos alquileres a los que no puede acceder un segoviano medio, que incluso emigra al alfoz. Merino argumenta que las competencias de vivienda son de la Junta y pide su apoyo para ofrecer más pisos públicos. «Para abordar el precio de la vivienda hay que generar vivienda que aumente la oferta».Si el propietario pone un precio alto y hay quien lo pague, el sistema se mantiene. Merino ve incoherente que un arrendador saque el máximo rendimiento de su inmueble y se queje de que el casco se despuebla. «¿Dónde está la responsabilidad de que haya cambiado la población del casco? El Ayuntamiento no puede manipular el precio de las viviendas libres». Merino subraya el papel de IE University a la hora de generar residencias en edificios históricos y reducir esa presión.
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