Segovia

Transportes encarga un estudio para saber qué hacer con las autopistas desde 2029

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El Gobierno deberá licitar la concesión de las autopistas siete años más desde 2029

«Pueden licitarlo ahora y ejecutarlo dentro de cinco años como peaje en la sombra»

Sanz Vitorio preguntó al ministro si conoce el contenido del Real Decreto 525/2012, sobre los compromisos a que el Gobierno español quedó obligado para cumplir la sentencia que en 2010 declaró las irregularidades en la concesión, entre ellos una nueva licitación de siete años al término de la explotación, que si nadie lo remedia prolongará los peajes hasta 2036. Pero Puente no concretó más y remitió el estudio: «Es verdad que hemos encargado un estudio informativo y que lo que pretendemos hacer es saber qué podemos hacer, cuáles son las alternativas y cuáles las opciones antes de que llegue 2029, porque queremos ser previsores. Pero no sé qué va a suceder en 2029».

En el mismo sentido iba la respuesta que en enero de 2023 dio el Gobierno a una pregunta formulada por los tres senadores segovianos del PP. «Teniendo en cuenta que quedan seis años para la finalización de dicha concesión, aún no se han valorado los efectos de la reducción de dicho plazo y, por tanto, no se tiene una valoración de los daños u perjuicios ocasionados a la concesión con objeto de su compensación», dijo entonces el Ejecutivo.

Durante el debate, el senador Sanz Vitorio echó en cara a Puente la tendencia del Gobierno socialista a poner ese «estudio de previsiones de impacto» como «excusa para no hacer la variante de San Rafael, para no desviar el tráfico pesado y para no bonificar a los usuarios recurrentes». «Mire -replicó Puente- si el Gobierno del PP no hubiera prorrogado la concesión en el año 99, desde 2018 no habría peaje en esa autovía. Es un claro ejemplo de que los gobiernos del PP han sido los que más prórrogas de peajes han aprobado en este país».

La plataforma Solución a la Travesía de San Rafael lamenta las palabras del ministro en la Cámara Alta. En un comunicado difundido al hilo del debate entre Óscar Puente y el senador Sanz Vitorio, el colectivo ciudadano dice que el Ministerio de Transportes continúa «ocultando información a la ciudadanía de forma consciente» con el objetivo de «dar una patada hacia adelante» al problema de la masificación del tráfico y la seguridad en la travesía de San Rafael, «para que se lo coma el siguiente Gobierno».

En opinión de Solución a la Travesía de San Rafael, el Ejecutivo tiene la solución en su mano, una vez que el Ministerio de Transportes haya decidido no construir la variante de San Rafael: «Lo que traería la definitiva solución al problema sería la aplicación del artículo 264 h) de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que prevé la supresión de la explotación por razones de interés público».