Déficit de inspectores de Trabajo en Segovia: hay uno por cada 7.600 activos

La Inspección, dependiente de la Administración General del Estado, consta de diez personas. Además de los tres cargos citados, hay dos inspectores y cinco subinspectores, de los que uno se dedica al ámbito de la Seguridad y Salud Laboral y los otros cuatro están encuadrados en el grupo de Empleo y Seguridad Social.

La estructura y su composición permanece casi invariable año tras año. Si se echa la vista atrás, entre 2011 a 2021 apenas ha habido alteraciones en la configuración y ha oscilado entre los nueve y diez miembros. La mayor modificación en este tiempo fue la incorporación al sistema de la escala de subinspectores en Seguridad y Salud Laboral, en 2018.

Esta plantilla, a fecha de 31 de diciembre de 2021, ha de velar por los derechos laborales y por el cumplimiento de la normativa en una provincia que carece de un fuerte tejido industrial. A pesar de ello, el entramado productivo consta de alrededor de 15.300 empresas registradas, la inmensa mayoría pequeñas y medianas mercantiles. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), al finalizar el año pasado el mercado laboral provincial daba trabajo a 75.584 personas, que es la población activa.

La última voz en alzarse contra la escasez de medios con los que cuenta la Inspección es el secretario autonómico de Unión General de Trabajadores (UGT), Faustino Temprano, quien este miércoles ha estado en Segovia para rendir homenaje a Miguel Ángel Mateo, histórico sindicalista de la Federación de Servicios Públicos en la provincia que se jubila. El responsable regional ha reclamado más personal en las unidades de Inspección de Trabajo «para hacer cumplir la normativa laboral».

Esta reivindicación vuelve a resonar en Segovia a raíz de algunos conflictos que han aflorado en los últimos meses. Temprano ha arremetido contra el impago que arrastra la plantilla de FCC, la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura de la capital. La compañía adeuda 350.000 euros de un aumento salarial que estaba «firmado», como incide el comité de empresa.

UGT en Castilla y León «exige a todas las administraciones públicas, pero sobre todo a la Junta, que no se pueda adjudicar una contrata o una subcontrata a una empresa si no ha cumplido con la obligación de pagar el salario establecido por convenio o el mínimo interprofesional si no existe convenio», declara Faustino Temprano. «Hay que poner coto» a una táctica habitual de las empresas, apostilla.

Esa práctica consiste en acudir a los tribunales para «judicializar» el conflicto laboral. Mientras esté en la justicia, los empleados siguen sin cobrar porque el contencioso bloquea los pagos; y si hay una sentencia desfavorable para la empresa, «recurren, recurren y recurren», critica Miguel Ángel Mateo. En el caso de FCC, ya hay resoluciones judiciales que dan la razón a los trabajadores y avalan el aumento salarial que los trabajadores aún no han percibido.

El secretario general de Servicios Públicos de UGT en la comunidad, Tomás Pérez Urueña, ha añadido otro conflicto a la lista que justifica la demanda sindical de excluir de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a las empresas que mínimamente incurran en el impago salarial convenido o cuyas retribuciones estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional si el vínculo laboral carece del marco regulador de un convenio. Es el de las residencias privadas de la tercera edad. Hay dos patronales -explica- y una de ellas se ha negado a abonar el aumento retributivo avalado por una sentencia.

Pérez Urueña solicita la ayuda de la Junta para que dedique más dinero a las inspecciones. En Segovia, el año pasado la Oficina Territorial de Trabajo recibió 150 actas de la Inspección Provincial. Se tramitaron todas y se resolvieron un centenar, que son aquellas cuyos expedientes concluyeron con sanción al infractor. Esta cifra supone que tres de cada cuatro acabaron en multa. El resto está en tramitación o en periodo de recurso, aunque de estas últimas solo hay tres expedientes pendientes, informa la Delegación de la Junta.

El volumen de actas registró un incremento del 45% con respecto al curso anterior. Sin embargo, el porcentaje de inspecciones que se saldaron con sanción fue más elevado en 2021 que en 2022, ya que 86 de las 103 tramitadas terminaron en castigo para las empresas en las que se detectó algún tipo de irregularidad laboral, lo que equivale a una resolución del 83% .

La inmensa mayoría opta por pagar voluntariamente la multa para ahorrarse el 40% de la sanción, añaden fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia.