Condenan a Sacyl por el contagio de covid de una enfermera segoviana

El Juzgado de lo Social número 1 ha tramitado la demanda de una enfermera de un ambulatorio segoviano contra la Junta de Castilla y León al alegar la falta de medidas de seguridad e higiene al principio de la pandemia, que conllevó a su contagio de covid en marzo de 2020 y a una baja laboral de una veintena de días. El veredicto ha llegado tres años después de la admisión de la demanda y la Gerencia Sanitaria tendrá que abonar un recargo del porcentaje de entre el 30% y 50% sobre las prestaciones económicas derivadas de la situación de incapacidad temporal, reconocida como accidente de trabajo.

Aunque el primer caso de covid de Segovia se confirmó a finales de febrero, los procedimientos de actuación de la Consejería de Sanidad se publicaron en enero. Desde ese momento hasta mayo, el Sindicato de Enfermería Satse de Segovia realizó hasta seis requerimientos a la Gerencia y a Inspección de Trabajo sobre la falta de equipos de protección o el uso no adecuado de batas impermeables, mascarillas, guantes y otros elementos. Hicieron hincapié en su reutilización y en el riesgo de los procedimientos para su desinfección.

En la sentencia consta la distribución de EPIs desde enero de 2020, pero no se ha podido acreditar que «dicho material llegase a la trabajadora», matiza. «La Gerencia no fue diligente ni previsora, no puede justificar la entrega porque no la llevó a cabo», asegura la secretaria provincial de Satse, Miriam Rubio. Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el sindicato, pero hasta ahora no se había producido un pronunciamiento judicial en la provincia sobre ello. Según el veredicto, «está presente la omisión de medidas de seguridad» al establecer una causalidad entre el accidente laboral y la carencia de medios de protección necesarios, «lo que supone una infracción».

«Ha sido un proceso largo y complicado porque se excusan con las situaciones posteriores a la baja de la compañera», sostiene Rubio, en referencia al desabastecimiento de material. Ante ello, el pronunciamiento comunica a la Gerencia que debería haber incrementado el acopio de los EPIs específicos tras la advertencia de la OMS. «Hay un elevado número de enfermeras y otros trabajadores que se contagiaron», remarca la secretaria de Satse. No obstante, no todos han podido pedir responsabilidades a la Gerencia.

«Un requisito para exigir el recargo es que la baja laboral se considere un accidente de trabajo», puntualiza. Esta situación solo fue reconocida al 4% de los profesionales contagiados, calcula el sindicato. «El Servicio de Salud Laboral nos puso muchas trabas para hacer estos informes que nos exige el Instituto Nacional de la Seguridad Social», estima Rubio. Satse menciona que hay al menos cinco juicios programados por el mismo motivo para las próximas fechas. Contra la sentencia se puede interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).