El 80% de los solicitantes de placas solares son residentes en chalés

La subida de los costes de la electricidad ha desencadenado una ola de peticiones de alternativas para el consumo. A mediados de 2021, multitud de hogares observaron cómo la factura mensual de la luz se triplicaba a la vez que se publicaban subvenciones dirigidas a fomentar la energía verde. Por ello, multitud de segovianos, amparados por la experiencia, testimonio o la promoción de las propias empresas, depositaron su confianza en los paneles solares.

La producción de energía eléctrica por medio de las instalaciones fotovoltaicas se ha elevado más de un 200% en los últimos cinco años en la provincia, hasta superar los 127.000 megavatios por hora (MWh) en 2022. La solar ya supone en Segovia el 15% del total de energía consumida y el 60% de la producida. La cantidad resultante en los tres primeros meses del año ha permitido abastecer a unos 33.000 hogares, si se tienen en cuenta los datos de la Red Eléctrica Española (REE), que elevan a 270 kWh el consumo medio mensual de por vivienda.

«En Segovia estamos bien posicionados por los 'macrohuertos' solares», señala el presidente de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Segovia, José Ángel Gallego. Estos parques fotovoltaicos se extienden por la provincia y conforman el grueso de la energía producida. No obstante, cada vez tienen más importancia las iniciativas de particulares. A día de hoy, el perfil esencial de demandante de las placas solares es el residente de vivienda unifamiliar, que protagoniza el 80% de las instalaciones de los últimos dos años.

Les siguen los edificios que persiguen el autoconsumo comunitario, para ahorrar costes de electricidad que afectan a las zonas comunes, las pequeñas industrias y pymes. Las peticiones de estas últimas han experimentado un gran repunte en los últimos meses. Realmente, «son las que sacan una mayor rentabilidad», explica.

El precio del montaje ronda los 1.000 euros el kilovatio (kWh) -salvo fluctuaciones por la inflación- y el tiempo previsto para esta labor es de entre tres y cuatro días. Las instalaciones en los chalés de la provincia rondan los cinco o seis kWh y se prevé un plazo que ronda los seis años para amortizar la inversión. Los plazos se aceleran en lo que respecta a las empresas. «Una casa consume pocas horas mientras que una fábrica puede estar más de diez horas en funcionamiento, salvo que tenga turnos de 24 horas, por lo que el rendimiento es más alto», sostiene Gallego.

Esta premisa, alimentada por el encarecimiento de la energía tras la pandemia y la convocatoria de subvenciones, contribuyó a que las solicitudes para implementar placas solares se duplicasen en 2022. Este año, la curva de la demanda ya no es «al alza, se ha aplanado». «Ahora es un trabajo continuado y no exponencial, o se ha mantenido o ha subido un 5%», refiere Gallego.

El 'boom' de las fotovoltaicas provocó un exceso de trabajo al que las empresas tuvieron que hacer frente de un día para otro. Aunque ahora la situación se haya estabilizado, la amplia lista de espera que asciende a varias semanas para instalar o utilizar los paneles solares en la vivienda se ha convertido en un problema al que los clientes tienen que hacer frente.

Por un lado, los montadores han esperado al buen tiempo para proceder con los trabajos, muchos de ellos arrastrados de meses anteriores. Por otro lado, el incentivo de este tipo de energía verde ha provocado un colapso en la Administración autonómica «muy difícil de solucionar en el corto plazo», que también afecta a las empresas.

Las ayudas anunciadas se agotaron en tan solo unas horas desde su publicación por el exceso de demanda. «Es un dinero que vino y, según vino, se gastó», recuerda Gallego. En las sucesivas tramitaciones, «la gente está adelantado dinero que no tiene; no podemos terminar de cobrar las instalaciones», lamenta el presidente.

A ello se suman los atrasos en la compensación de excedentes orientados a hacer frente a las horas en que la producción de las placas solares disminuye, como sucede en el más crudo invierno. Mientras que Segovia en junio disfruta de quince horas de sol, en diciembre se reducen a poco más de nueve.

La demora para la legalización de las instalaciones, una diligencia que debe procesar la Junta, también concentra las pesadillas de los clientes y las empresas. El tiempo medio de espera es de seis meses pero algunas de ellas «llevan un año», sostiene Gallego. A su juicio, los atrasos se deben a los numerosos certificados que se tienen que presentar y los continuos requerimientos a los que los solicitantes se enfrentan. «Si te dicen que falta un documento, desde que lo envías y hasta que lo vuelven a revisar pasa mucho tiempo», remarca.

Los grandes complejos fotovoltaicos concentran el 65% de la tramitación de la Administración regional y el resto se reparte en las pequeñas infraestructuras de autoconsumo. Por ello, desde la asociación segoviana solicitan un mayor incremento de personal en la plantilla encargada de llevar a cabo estas gestiones de expedientes. También confían en que la demanda, así como los plazos, se estabilicen en los próximos meses empujados por la «normalización» del consumo previo a la pandemia y el abaratamiento de la energía. «Ya se percibe una moderación, la cosa está más tranquila», concluye.