«Me sentaron frente a mi marido para ver cómo le torturaban»

Del total de investigados, todos ellos hombres españoles vecinos de Madrid y Toledo, cuatro se encuentran en prisión provisional y sin fianza desde enero de 2021, cuya prórroga vence el próximo viernes, por lo que a partir de esa fecha quedarán en libertad a la espera de sentencia, según informó el juez Ignacio Pando.

Estos presos reconocieron su participación en los hechos delictivos en la primera jornada de vista oral celebrada este lunes y dos de ellos mostraron su «gran arrepentimiento» sobre lo sucedido. En concreto, confiesan haber estado implicados de forma directa o indirecta en la organización del asalto al matrimonio cuando regresaban a su residencia habitual en Madrid tras pasar un fin de semana de ocio en Soria, así como en las amenazas, lesiones y robo. Uno de los acusados concretó que únicamente había arrendado y prestado luz al espacio empleado para las torturas, además de haber custodiado armas en su vivienda.

Los dos únicos investigados que a día de hoy se encuentran en libertad -aunque también pasaron por la cárcel- son hermanos entre sí y negaron estar de acuerdo con el escrito de la acusación. El Ministerio Público les atribuye la facilitación de información relativa a las víctimas y, en consecuencia, de la comisión de los hechos delictivos, ya que uno de ellos conocía al hombre perjudicado al dedicarse ambos a la actividad inmobiliaria. Su pariente era la conexión con el resto de implicados, según el relato de los presos.

Los hechos que se juzgan se remontan al 19 de enero del 2020, cuando uno de los cónyuges realizó una parada en un municipio del nordeste segoviano en el viaje de regreso y tuvo la sensación de que «había personas que nos perseguían y nos estaban vigilando». Aquel domingo viajaban con más de 40.000 euros en efectivo, ya que barajaban trasladarse a Extremadura los días posteriores para «dar la señal» de una vivienda, lo que finalmente no fue así. Después de emprender de nuevo la ruta hacia Madrid, sobre las 14:00 horas pasaron Riaza en dirección a la autovía A-1.

Fue en este recorrido donde «un coche con luces azules se pegó a nosotros y empezó a hacernos gestos para que nos echásemos a un lado», explicó la esposa. A continuación, el vehículo les adelantó y se cruzó en la carretera, ante lo que la pareja tuvo que frenar bruscamente, mientras que otro turismo llegó al instante.

De los coches salieron hasta cinco encapuchados con chalecos identificativos de la Guardia Civil, tal y como declaró la esposa, y les obligaron a salir del vehículo por la fuerza al ser amenazados con una pistola. El testimonio de las víctimas y de hasta dos acusados abre la posibilidad de que otra persona, que no ha sido identificada, participase en el secuestro.

Allí separaron a los cónyuges, les esposaron y les pusieron unas «gafas negras» con el propósito de ocultarles el traslado a una finca en la provincia de Toledo, donde se acometieron las torturas. La parcela había sido alquilada y el propietario reconoció simplemente haber suministrado luz al contenedor de obra en el que se llevó a cabo un interrogatorio violento de más de diez horas de duración, si bien afirmó ser desconocedor de este suceso. «Solo me dijeron que había una deuda con un señor y que la iban a cobrar», expuso.

Junto a él, al menos otras dos personas estaban presentes en el momento de las lesiones: «Estábamos todos haciendo de todo», aclaró uno de ellos. En el transcurso de la tarde, estos contactaron por teléfono varias veces con uno de los investigados que está en libertad, quien se comunicó con su hermano a continuación, según el informe elaborado por el equipo investigador.

Entre las motivaciones de los delincuentes para llevar a cabo estas acciones destaca la obtención de dinero para comprar drogas y la creencia de que iban a consistir solo en labores de vigilancia. Así justificaron su participación hasta tres de los presos, que percibieron una parte de lo sustraído, aunque indicaron desconocer en cuántos lotes se dividió la riqueza que había sido robada tras golpear repetidamente y amenazar de muerte a las víctimas, tanto con armas como por medio de chantaje con información personal.

«¿Dónde está la caja fuerte?», es la primera pregunta que se formuló a los perjudicados, indicó un acusado. Les habían «prometido» que la pareja custodiaba hasta tres millones de euros en su domicilio. Cuando consideraron que ya habían obtenido los datos necesarias, un ladrón desplazado entró a la vivienda y se llevó 30.000 euros en efectivo y joyas de gran valor, entre las que sobresale un reloj Rolex de oro blanco. Los daños ocasionados ascienden a 42.890 euros. Instantes después, transportaron a los afectados a las inmediaciones y les advirtieron de las consecuencias fatales que tendrían si acudían a denunciar los hechos.

El matrimonio quedó «en shock» y no regresaron a su hogar por miedo a que los asaltantes les pudieran encontrar de nuevo, por lo que solicitaron ayuda a un vecino y a un «amigo que era médico» ante los hematomas, heridas y roturas de un dedo y un diente que presentaban. El 23 de enero, tras «reflexionar» sobre lo que había sucedido, acudieron a la Guardia Civil para dar cuenta de los hechos, lo que supuso el inicio de la operación.

Los agentes efectuaron hasta cuatro registros domiciliarios, en los que se incautaron armas, munición, chalecos antibalas, parte de las joyas y móviles robados y en uno de los inmuebles había 71 plantas de marihuana. Un guardia civil resultó herido de bala en el cuello en la primera de las inspecciones, llevada a cabo en Móstoles. El responsable del disparo señaló que creía que se trataba de un robo, por lo que empuñó el arma, aunque no recuerda «si la detoné yo o se detonó sola», consideró.

Es por ello que la Fiscalía pidió para todos los acusados un mínimo de 22 años de cárcel y una multa de seis meses en su escrito inicial, así como la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas. No obstante, hay casos individualizados en los que la pena de prisión se amplía hasta los 24 y 34 años.

Asimismo, el Ministerio Público solicita una indemnización por responsabilidad civil de 11.500 euros para el marido y de 10.245 euros para la esposa, por las lesiones físicas y psicológicas sufridas, ya que ambos padecen estrés postraumático y el hombre, «depresión mayor grave». Y también el abono de 6.245 euros al agente herido por los lesiones y daños morales.