El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha emitido un informe en el que desgrana la labor de fiscalización llevada a cabo sobre municipios de Castilla y León y las medidas adoptadas para promover el ahorro energético. A partir de la documentación recabada hasta ... junio del año pasado, el organismo que preside Mario Amilivia, hace públicas las conclusiones extraídas de esta especie de examen global al que ha sometido a los Ayuntamientos de poblaciones de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones de la comunidad autónoma.
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Entre ellas, destaca que la capital segoviana es la excepción que confirma la regla del resto de capitales de provincia de la región en cuanto a que es la única de las nueve que no está adherida al movimiento europeo del Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía. El análisis del organismo regional, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, reseña la vinculación que existe entre esas incorporaciones con las consiguientes aprobaciones por parte de las corporaciones municipales de diferentes planes de acción general en materia de ahorro y eficiencia energética. Esto no quiere decir, ni mucho, menos que Segovia no disponga de proyectos encaminados a ese objetivo.
De hecho, el informe del Consejo de Cuentas deja claro que tanto el Ayuntamiento de la capital segoviana, como los de otras localidades de más de 20.000 vecinos empadronados como son Miranda de Ebro, en Burgos; Ponferrada, en León, y las vallisoletanas Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero, «han acreditado haber adoptado medidas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, aunque no están enmarcadas en una planificación».
A este respecto, el informe cita algunas de las actuaciones llevadas a cabo hasta mediados del año pasado, sin perjuicio de que se hayan añadido más iniciativas en este tiempo. A falta de una estrategia general, la institución sí da cuenta de la aprobación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que salió adelante en anteriores gobiernos del Partido Socialista en la corporación municipal.
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Asimismo, se reconocen otras intervenciones a favor del ahorro energético como la modificación del alumbrado público y ornamental, la mejora de la flota de vehículos y maquinaria de conservación de zonas verdes, los programas de acciones formativas orientadas a la educación ambiental, reformas en la climatización y aislamiento de edificios o la aprobación de un plan director de arbolado, entre otras medidas.
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En cuanto a la gestión de las administraciones provinciales, el Consejo de Cuentas de Castilla y León señala que, «con carácter general las Diputaciones no están adheridas a ningún tipo de pacto por el clima y la energía». Pero hay matizaciones. Así, la de Segovia, además de las de Salamanca, Palencia y Burgos, disponen de instrumentos de planificación relativos a esta materia. Asimismo, han tomado algún tipo de medida encaminada a conseguir un mayor ahorro y a ganar en eficiencia energética. La mayor parte de estas corporaciones provinciales se han unido a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias.
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De la Diputación de Segovia, el Consejo de Cuentas destaca en su análisis de la fiscalización efectuada los pasos dados en el ámbito de la movilidad y las intervenciones desarrolladas en instalaciones y edificios públicos para ser más sostenibles.
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