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El atasco en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, que se puso en marcha hace ahora catorce años parta descargar al único órgano de lo Penal que prestaba servicio en la provincia de Segovia, no es el único quebradero de cabeza causado ... por las infraestructuras disponibles para llevar a cabo con fluidez la actividad judicial. El presidente de la Audiencia Provincial –y uno de los candidatos que se han postulado para dirigir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuando José Luis Concepción deje el puesto– pone de manifiesto que la jurisdicción de lo Mercantil «también está apurada con cargas importantes de trabajo». Abundan los casos ingresados de competencia desleal y también están muy presentes los expedientes relacionados con el conocido como 'cartel de camiones'.
«La litigiosidad ha subido», reitera Ignacio Pando, quien explica que este tipo de procedimientos «llevan mucho trabajo», ya que hay que tramitarlos igual aunque el trasfondo sea muy parecido en muchos expedientes. Aunque no estaba previsto y tampoco se ha tramitado oficialmente la solicitud, considera necesario «descargarlo con algún apoyo».
El responsable de la judicatura en la provincia segoviana va más allá y extrapola el llamamiento al funcionamiento conjunto de las sedes y órganos que aglutina la Oficina Judicial. «Es necesario aumentar las plantillas», hace hincapié el magistrado. Después de un año de organización y prestación de servicios para asumir la actividad que exige este modelo, Pando deduce que el personal del que se dispone es «escaso». Esta carencia la conocen en el Ministerio de Justicia, agrega el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, ya que la demanda de ampliación sí que se ha solicitado por parte de la Junta de Jueces, secundad por la Sala de Gobierno.
En cuanto a los empleados que harían falta para que la maquinaria de la Oficina Judicial común, Ignacio Pando hace unas sencillas cuentas. Opina que se requiere un funcionario más por casa unidad procesal que conforma este sistema de gestión. Si son diez, por lo tanto se necesitan diez trabajadores más «para que las tramitaciones se lleven a cabo de la manera adecuada».
La propia Audiencia Provincial de Segovia, que sigue ubicada en el vetusto edificio de la calle San Agustín de la capital segoviana después de la mudanza que se hizo entre finales del año pasado e inicios de este a las dependencias del nuevo Palacio de Justicia, también ha cursado su correspondiente petición de más personal; pero la reclamación no ha obtenido respuesta desde que se formulara en los albores de la pasada primavera.
En la institución que preside Pando, también se hace notar «una mayor carga de trabajo» a raíz de cambios en las tramitaciones de los recursos de apelación. «Se trabaja como se puede», desliza el magistrado, lamentando a su vez los trastornos que causa la ralentización de la justicia en la ciudadanía. El sistema alimenta que cada retraso en uno de los procesos repercuta en el siguiente y acumule demoras, además de que el volumen de casos pendientes crezca. Ignacio Pando apunta una de las razones que está detrás de este panorama. «No llega gente con experiencia en unidades procesales y se generan disfunciones», señala el máximo responsable de la Audiencia Provincial, para quien «existe un problema de reposición» en las plantillas.
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Pando localiza en la jurisdicción Civil uno de los repuntes de casos más notorios en Segovia. El aumento responde a las reclamaciones canalizadas por esta vía judicial, las cuales «han aumentado mucho» debido a los conflictos con los bancos y asuntos relacionados con los derechos del consumidor.
Pese al déficit de personal, las cargas que soportan algunos órganos y el proceso no siempre fácil de adecuarse a un nuevo sistema a la hora de llevar las atribuciones profesionales como el que representa la nueva Oficina Judicial, «se está funcionando relativamente bien».
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