Segovia, a la cola de la región en contratación de obra pública

En concreto, la inversión conjunta se quedó en 107,9 millones de euros, lo que supone un recorte de 11,5 millones frente al monto con el que bajó la persiana el curso precedente, cuando el valor de las contrataciones abiertas ascendió a 119,4 millones de euros.

El listón estaba alto. La inversión en obra pública alcanzó en 2023 un máximo desconocido desde hacía al menos cinco años en la provincia. Fue el mayor presupuesto manejado desde 2018. De hecho, el incremento de las cuantías licitadas fue del 62% si se compara con los números de 2022, en el que las contrataciones realizadas se quedaron en 73 millones de euros, once millones menos que en 2021, pero más del doble que el importe de las adjudicaciones desarrolladas doce meses antes.

Al igual que Segovia, hay otras tres vecinas de la comunidad autónoma que, al hacer las cuentas de las contrataciones abiertas a lo largo de 2024, les sale un capital licitado para la ejecución de obra pública inferior al del año anterior. Son Zamora, Palencia y Soria. Sin embargo, los importes globales que arrojan las tres son más cuantiosos que el desembolsado en Segovia.

Esto quiere decir que la provincia queda relegada al furgón de cola de Castilla y León al ser la que menos gasto hizo el pasado curso en obra oficial, tal y como se deduce de los números publicados por la Cámara de Contratistas de la comunidad autónoma.

En lo que se refiere al reparto de los casi 108 millones de euros que se licitaron para la ejecución de obra pública en la provincia de Segovia durante el año pasado, la Junta de Castilla y León se alza como la administración más inversora al copar más del 59% del importe conjunto de las adjudicaciones. Seis de cada diez euros procedieron de la financiación autonómica, que en 2024 llevó a cabo licitaciones por valor de 64,14 millones de euros.

Dentro del entramado del Gobierno regional, sobresalen los procedimientos abiertos para la continuación de las obras del centro de salud de Nueva Segovia. Su construcción se retomó en julio de 2024 después de estar paradas durante más de un año. La Junta tuvo que iniciar una nueva licitación para la terminación de una infraestructura sanitaria anhelada y reclamada desde más de un cuarto de siglo.

Sin embargo, la consejería más inversora no fue Sanidad, sino Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Dos de cada tres euros destinados a la contratación de obra pública en la provincia procedieron del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. Más de 44 millones de euros.

La segunda administración que más dinero se dejó en obra oficial en la provincia durante el pasado ejercicio fue la central. El Estado y sus proyectos en tierras segovianas acapararon un desembolso de 22,47 millones de euros. La Cámara de Contratistas atribuye el Ejecutivo de la nación en torno al 22% del importe total licitado al cierre del curso.

Más de la mitad de ese presupuesto vino del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que licitó proyectos que sumaron un desembolso de 11,9 millones de euros. Entre ellos, la restauración de la fuente de La Cascada, en los Jardines del Palacio Real de La Granja, con un valor de unos 4,9 millones de euros. El departamento de Agricultura y Pesca fue el segundo que por más valor contrató en Segovia en 2024, con 2,7 millones de euros. Le siguen Transportes y Movilidad Urbana, con 2,4 millones, y Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 2,2 millones de euros. Este último presupuestó en 1,8 millones las actuaciones para la restauración y reverdecimiento del eje de conexión entre el cementerio municipal y la Real Fábrica de Vidrio en el Real Sitio de San Ildefonso.

Al igual que ha ocurrido en el resto de la comunidad autónoma, la actividad de obra pública en la provincia también acusó el freno echado por muchos ayuntamientos, cuya aportación para completar la tarta de la distribución fue del 19%; aunque, en dinero contante y sonante, la inversión de las corporaciones locales sumó un monto que se acerca al de la Administración central, con algo más de 21 millones de euros en liza, según indica el avance de la organización cameral regional.

Solo las entidades abulenses invirtieron menos en obra pública que las segovianas. La Diputación fue la segunda de la comunidad autónoma que menos dinero licitó en este tipo de intervenciones, con 3,35 millones de euros, según la información recabada en el avance. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, tramitó actuaciones por un importe total de 5,16 millones de euros, el tercero por la cola de la región por detrás de los Consistorios de Palencia y Soria. En resto de corporaciones locales de la provincia abrieron procedimientos de adjudicación que sumaron 12,81 millones de euros, solo por delante de las de la vecina Ávila.

Otra conclusión que se extrae de los números del avance publicado recientemente por la Cámara de Contratistas, es que las promociones de edificaciones que sacaron a licitación los distintos ámbitos públicos incluyen prácticamente el mismo número de viviendas que las que salieron a adjudicación durante 2023. Entonces fueron 121 y en 2024 se quedaron en 115. Sin embargo, el presupuesto conjunto impulsado por las tres administraciones para la construcción de casas fue más alto el año pasado: 50,5 millones de euros frente a los 37,4 millones del curso anterior.

La Administración autonómica está detrás de dos promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en sendos municipios de la provincia segoviana. Una se ubica en Sanchonuño y consiste en la construcción de veinte hogares; y la otra, de once inmuebles, se localiza en Carbonero el Mayor. La primera salió a licitación por 2,7 millones de euros, y la segunda, por algo más de dos millones. El pasado mes de noviembre, ambas fueron adjudicadas.

Con las obras civiles que buscaron adjudicatarios pasa lo contrario que con las edificaciones. Salieron más proyectos a licitación; pero el valor total invertido por Estado, Junta de Castilla y León y ayuntamientos segovianos fue menor. De hecho, bastante inferior al que arrojó el balance de 2023, que cerró con 81,9 millones de euros asignados para adjudicar 182 propuestas de infraestructuras oficiales. Doce meses después, el cómputo inversor de las tres administraciones se redujo a 57,4 millones de euros, lo que representa un 30% de recorte, a pesar de estar en liza 189 proyectos, siete más que un año antes.