Sancionados 30 agricultores por participar en tractoradas y cortar autovías

Segovia es una de las provincias de la región donde menos multas se han formulado contra agricultores y ganaderos. En total, según los datos recabados por la Delegación del Gobierno en Castilla y León hasta el día 20 de febrero, las tractoradas sin autorización se saldaron con 602 denuncias por Seguridad Ciudadana y 641 multas por infracciones de tráfico. Más de 170 se corresponden con las movilizaciones llevadas a cabo en Valladolid.

«En líneas generales, hemos tenido un comportaminto cívico en las protestas a la hora de hacer visible el malestar por la situación del sector», subraya el secretario general de Asaja Segovia, Pablo Rincón. Esto no ha impedido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan emitido 30 sanciones administrativas, que ahora se encuentran en estado de tramitación. «Penales no tenemos», confirmó la Subdelegación.

Asaja informa de que las multas «no siguen un criterio general». Muchos afectados han recibido esta notificación de infracción por haber obstaculizado el paso en autovías con sus tractores o a pie, lo que sucedió en la A-1, AP-6 o A-601, entre otras carreteras. Pero también «por llevar pancartas y, además, hemos visto denuncias que se han realizado de forma incorrecta, pues se han interpuesto contra gente que no se encontraba en la manifestación: no están debidamente justificadas», asegura Rincón.

Por su parte, el presidente provincial de la alianza Upa-Coag, Pedro Matarranz, advierte de que algunos de los participantes en las manifestaciones «van a tener que llevar abogado» al enfrentarse a multas de hasta 600 euros. Esto se debe a que el corte de vías de alta capacidad durante movilizaciones no autorizadas consiste en una infracción en materia de seguridad ciudadana cuyo importe oscila entre los 601 y los 30.000 euros, pero en la mayoría de los casos se ha aplicado la sanción mínima.

La Unión de Campesinos-UCCL Segovia no tiene constancia de que algunos de sus socios haya sido multado. «No tengo información de ningún problema; entiendo que los que han sido sancionados son aquellos que en grupos independientes se han movido por libre», declara su presidente, César Acebes.

En la provincia, no se han producido incidentes graves que hayan desencadenado en castigos penales por atentado contra la autoridad, entre otros delitos. De ahí que Asaja haya mostrado su oposición rotunda a las denuncias cursadas. «Solicitamos que se invaliden, que no se multe; entendemos que las sanciones no son necesarias. Son desproporcionadas y lo único que buscan es paralizar las movilizaciones del sector», apostilla. Upa-Coag tampoco descarta tomar medidas ante las multas que consideren «injustas». Matarranz ejemplifica con las penalizaciones que hayan llegado a participantes «solo por quejarse», concluye