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El concejal de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, ha criticado la decisión del alcalde de la ciudad, José Mazarías, de excluir a los portavoces del grupos municipales de la corporación de las juntas de gobierno local. El edil de la coalición considera que la decisión del nuevo equipo de gobierno es «un paso atrás en materia de democracia local».
Tras varias semanas de rumores, en la reunión entre portavoces mantenida este lunes se ha confirmado la exclusión de los portavoces del resto de grupos municipales de las juntas de gobierno local, una presencia posible desde hace ocho años en el Ayuntamiento de Segovia.
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Patricia Martín (Ical)
Para San Juan, tener la opción de acudir a las juntas de gobierno local facilitaba la labor de oposición de los grupos políticos sin responsabilidad de gobierno, «arrojando transparencia sobre la labor diaria del gobierno local». Con su salida de este órgano de gobierno, donde tenían voz pero no voto, señalan que se «dificulta innecesariamente la labor de oposición de los concejales, porque en estas convocatorias teníamos la oportunidad de fiscalizar, controlar y conocer los asuntos de actualidad municipal de primera mano, preguntar directamente por cuestiones que afectan a los segovianos y plantear quejas, ruegos o propuestas de manera formal una vez a la semana», ha explicado San Juan.
El portavoz de Segovia en Marcha ha pedido al PP que rectifique esta decisión, poniendo sobre la mesa distintas posibilidades: disminuir la dieta de 150 euros que perciben los portavoces de la oposición por asistir a este órgano o, incluso, eliminarla. «Si el argumento que utiliza el Partido Popular es de ser más eficiente o porque que sale muy caro para las arcas municipales, hay soluciones muy sencillas para solucionarlo. Nosotros estamos más que dispuestos a reducir la cuantía que percibimos por asistir a este órgano, o eliminarla directamente«, ha insistido el portavoz de Segovia en Marcha.
El edil espera que el PP aclare cuál es su motivación para excluir a la oposición de este órgano. A su juicio, esta es una cuestión en la que no caben argumentos técnicos y si la decisión se basa en lo económico existen alternativas propuestas. «Mucho nos tememos que es una cuestión política que tiene como objetivo dificultar nuestra labor de fiscalización y oposición. Nosotros solo queremos que nos dejen trabajar por Segovia», ha resaltado San Juan.
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