El refuerzo de la protección al Acueducto cumple un año de vigencia con 14 denuncias

La plaza del Azoguejo se abarrota cada día de decenas de visitantes boquiabiertos que se paran a los pies del Acueducto para admirar sus imponentes arcos y sillares. No importa si llueve, nieva o graniza, ya que se trata de un punto emblemático en la ciudad que atrae las miradas. En algunos casos, esta fascinación va más allá. No es difícil ser testigo de algún episodio en el que una persona, con el propósito de hacerse una fotografía para el recuerdo, no duda en encaramarse a los pilares o, incluso, usarlos como perchero o escaparate de souvenirs.

Esta acción y cualquier otra que pueda causar daños al monumento está prohibida, ya sea trepar o descolgarse. Y no es una realidad nueva, sino que se trata de un comportamiento castigado desde hace décadas. Pero en la actualidad, las denuncias interpuestas por las injerencias que afectan al Acueducto se han endurecido. Lo que se persigue es el refuerzo de su protección para una mayor conservación, de ahí que el 11 de marzo de 2023 entrase en vigor la modificación de la ordenanza de convivencia -publicada cinco días más tarde-, que incluye dos disposiciones adicionales para elevar las multas y agilizar la tramitación de expedientes sancionadores.

Hasta la fecha, se han tramitado un total de 14 denuncias, según la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia. Más del 85% de las infracciones tuvieron lugar entre marzo y octubre del anterior año, lo que arroja una media de más de dos sanciones «graves» al mes por subir al Acueducto. Esto se traduce en el pago de una multa de entre 1.500 y 3.000 euros. Es una cuantía 25 veces superior a la existente antes del endurecimiento de los castigos por vulnerar el artículo 22 de la normativa, cuando el importe variaba entre los 60 y 125 euros.

La Policía Local extrema la vigilancia en todo su recorrido turístico, desde el Arco del Postigo del Consuelo hasta la plaza de Día Sanz. Precisamente, este último escenario es el que más preocupa, ya que concentra la práctica totalidad de imprudencias al ser una de las zonas de menor altura de los arcos del monumento respecto al suelo. Es el epicentro de los comportamientos incívicos, pese a que un cartel de color azul colocado a escasos metros de los arcos advierte de la prohibición en varios idiomas.

El 8 de mayo se multó a dos personas en este emplazamiento, a la vez que la jornada del 4 de junio finalizó con cinco sanciones a dos grupos diferentes de visitantes. La denuncia más reciente data del pasado 4 de diciembre, según el parte de intervenciones policiales remitidas por el Consistorio. Los incumplimientos de la ordenanza suelen cometerse en fines de semana y también sobresalen los festivos.

A día de hoy, todas las denuncias han sido tramitadas y ocho expedientes se han resuelto, lo que ha permitido al Ayuntamiento elaborar un perfil de infractor. En concreto, la mayoría de los ciudadanos que han sido multados son turistas y, entre ellos, sobresalen los vecinos procedentes de Madrid. Por simple desconocimiento, muchos no dudan un segundo en escalar los sillares y captar el momento para publicarlo a continuación en redes sociales, un cuestión que llega a explicar el aumento de esta conducta negativa en los últimos años.

El reglamento recoge varias sanciones, que van desde los 750 a 3.000 euros, según sean leves, graves y muy graves. Hace tan solo dos meses, un joven tuvo que hacer frente a una multa por orinar bajo los arcos del Acueducto, que se tipifica bajo esta ordenanza. Mientras, el Consistorio mantiene la investigación abierta para dar con los responsables que subieron una valla de obra en lo alto del canal del monumento, que recibirán el mayor castigo.

En cualquier caso, la prohibición de subir al Acueducto está detrás del incumplimiento más numeroso, cuyas multas están dentro de los más elevados rangos de gravedad que conlleva el pago de 2.500 euros. No obstante, los afectados «suelen acogerse a la reducción económica del 40%», confirman fuentes de Alcaldía.

No sucede en todos los casos, ya que al menos una persona presentó un recurso de reposición tras confirmarse la sanción, pero los infractores reconocen de forma general su responsabilidad sobre los hechos cometidos y acuden al pago voluntario, por lo que la cuantía final resultante que deben abonar es 1.500 euros. Es por ello que las arcas municipales han ingresado más de 20.000 euros en los doce meses previos en concepto de pago de multas por escalar el monumento romano.

La normativa recoge la posibilidad de sustituir la multa monetaria por sesiones formativas, participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajos para la comunidad. Esta petición, que tiene que ser emitida por el interesado, se decide dentro de cada expediente, que puede ser aprobada tras dar cuenta de la infracción cometida.