Rebajan a diez años la pena al hombre que incendió una casa okupa en Segovia

Ante la falta de respuestas, se tomó la justicia por su mano. «Os voy a matar, os voy a quemar vivos», dijo a quienes le habían engañado. Dejó cinco heridos y una costosa factura que ha pagado de su bolsillo. Gracias a ello cumplirá como máximo diez años y medio de prisión, pues la Fiscalía ha reducido a la mitad su petición inicial.

El juicio ha tenido lugar porque cuando hay sobre la mesa penas superiores a los seis años no se puede prestar conformidad. Este ciudadano marroquí fue enjuiciado por cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, uno más de daños, otro de amenazas y uno de incendio. Un concurso delictivo por el que el Ministerio Público pedía inicialmente 20 años de prisión.

La representación legal que defiende los intereses del encausado solicitó como atenuantes la situación de drogadicción y la reparación del daño, pues su familia pagó la responsabilidad civil de los heridos, la intervención de los bomberos de Segovia para sofocar el fuego y los gastos sanitarios, algo que debe hacerse antes de que se dicte una sentencia. Así las cosas, la Fiscalía ha reformulado el escrito de acusación antes de la vista con una propuesta de reducción de la pena con respecto al original.

Ha sido un juicio de asentimientos. Los policías locales y nacionales ratificaron sus informes: que cuando comparecieron vieron el edificio en llamas y que el acusado colaboró a partir de entonces con ellos. El abogado defensor, Francisco Javier Piquero, pidió traductor árabe, que intervino puntualmente para aclarar cuestiones técnicas. Acudieron tres de los okupas de la casa, pero la Fiscalía optó por interrogar solo a uno de ellos porque la declaración del resto iba en la misma línea. Este testimonio reconoció que habitan el lugar irregularmente y fue menos explícito en sala que en el atestado –«ahí se va a comprar droga»– a la hora de describir las actividades que se realizan en la problemática vivienda de la calle Velódromo.

La casa se ocupó de nuevo dos días después. «Lo normal es que hubieran mantenido el precinto y allí no hubiera entrado nadie. Yo no lo entiendo. Todo el mundo sabe lo que hay y aquí nadie hace nada», subraya el abogado defensor. Se han declarado diversos incendios y percances en los últimos años.

El más grave ocurrió en agosto de 2020, cuando se produjo un asesinato tras una discusión por drogas. La incertidumbre de la sentencia está en si el tribunal aceptará el atenuante por drogadicción que plantea la defensa, que presentó un informe que acredita al acusado como consumidor.

Los forenses concluyeron que ese atenuante «pudiera no ser de aplicación» y la defensa pidió que se valore de oficio por el tribunal. «Los hechos pueden catalogarse como muy graves, que lo son, pero hay que tener en cuenta en qué contexto se producen y hablamos de gente en situación de exclusión social», sostiene Piquero, que pide evitar una pena «desproporcionada».