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El Ayuntamiento requiere intervenciones a la propiedad de la casa okupa de San MillánEl Ayuntamiento de Segovia se ha puesto manos a la obra para lograr resolver la situación de inseguridad que desde hace años se vive en el número 5 de la calle Velódromo, un edificio okupado foco del trapicheo de drogas que ha registrado ya varios ... incendios e incluso un homicidio. Tras el último incidente, en el que el fuego provocado por uno de los okupas dejó cinco heridos, el nuevo equipo de gobierno de la ciudad se propuso solucionar de una vez por todas la situación en esta zona de San Millán.
El primer paso para ello era comprobar la propiedad del edificio okupado, en duda al estar inmerso en una hipoteca que no se supo si se llegó a ejecutar. La duda ya está resuelta, según detalló ayer el alcalde de Segovia, José Mazarías. Es la promotora que pretendía construir en esta zona una urbanización, y cuya pancarta sigue en la segunda planta del inmueble, la que mantiene en propiedad el edificio.
Resuelta la incógnita, el Consistorio se puso en contacto con la propiedad para instarles a que lleven a cabo las obras necesarias para «aligerar el material que puede ser objeto de incendio, que solucionen los problemas de salubridad». El regidor añadió que en caso de no atender el requerimiento del Ayuntamiento, será el propio Consistorio el que acometa la intervención necesaria de manera subsidiaria. Es decir, pasará después la factura a los propietarios. De momento, y tras enviar el requerimiento la pasada semana, no han obtenido respuesta. De hecho, en el Ayuntamiento no confían demasiado en que la haya.
El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, explicó que la orden de ejecución dada por el Ayuntamiento obedece a la necesidad de resolver los problemas de seguridad y salubridad del inmueble. No obstante, recordó que el principal problema «son las personas que están residiendo allí».
En este sentido, el edil comentó que Servicios Sociales está trabajando junto a otras entidades para intentar ofrecer a los okupas una alternativa que logre convencerles de abandonar el inmueble. «Es una situación que corresponde a los tribunales de justicia», dijo al ser preguntado por las opciones que tiene el Ayuntamiento si la propiedad no decide actuar para echar a los okupas. «Sabemos que es un proceso largo y complicado», añadió.
Por ello, el Consistorio espera no llegar hasta los juzgados y que la actuación de Servicios Sociales ofrezca resultados antes. «Se está realizando una actuación de apoyo a estas personas. Esperamos que sea fructífero. Se habilitará la medida socialmente más adecuada para ellos», explicó González-Salamanca sobre los tres okupas fijos que habitan en la casa, aunque también tienen constancia de que hay días en los que hay alguno más.
«Ha habido varias reuniones haciéndoles propuestas para su salida del edificio», insistió el alcalde, quien precisó que la decisión del Ayuntamiento está motivada por motivos de seguridad. «Viven en condiciones insalubres. Es un riesgo para su integridad», concluyó.
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