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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ratifica la condena que había dictaminado antes el Juzgado número 1 de Segovia contra la ... Gerencia de Asistencia Sanitaria, a la que obligaba a abonar un recargo de «entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones por accidente de trabajo derivado de una situación de incapacidad temporal» padecida por una enfermera de un centro de salud en los inicios de la crisis desencadenada por la covid-19, resume la secretaria general del sindicato profesional de enfermería Satse en la provincia, Miriam Rubio.
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La resolución del Alto Tribunal Regional confirma los términos del fallo anterior y fija ese recargo en el 30% en el litigio planteado contra la Gerencia de Asistencia Sanitaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Lo más importante, según pone de manifiesto la representante de la organización denunciante, es que queda acreditado que la enfermera se vio desamparada e indefensa en el desempeño de sus funciones asistenciales durante las primeras andanadas de la pandemia del coronavirus, que tanto castigó a la provincia y al personal que trabaja en el sistema sanitario.
Según arguye Rubio a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, «queda acreditado que no se le proporcionaron las medidas de protección adecuadas y necesarias» en aquellas semanas de desconcierto por la irrupción de un virus mortal y desconocido. Estos hechos juzgados se remontan al periodo que va del 13 de marzo al 6 de abril de 2020, que es el tiempo en el que la enfermera estuvo de baja laboral por incapacidad temporal al haberse contagiado en el puesto de trabajo, incide en el relato la secretaria provincial de Satse, quien subraya la consideración de «accidente de trabajo» a lo que le ocurrió a la demandante.
Miriam Rubio
Secretaria provincial de Satse en Segovia
La responsable del sindicato profesional califica de «negligente» la actuación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, pero sobre todo la gestión de la dirección de Riesgos Laborales, al impedir que personal como la enfermera que denunció su caso accediera a los medios de protección ante la covid-19 que había disponibles en los inicios de la pandemia, tanto equipos de protección individual (EPIs) como mascarillas. En este sentido, Miriam Ruano llama la atención sobre otra de las lecturas que se extraen de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Apunta que los responsables de salvaguardar la salud de las plantillas en la provincia de Segovia «no dan la importancia que merece a la prevención de riesgos».
Recuerda cómo «físicamente yo misma tuve que estar presente de guardia» para garantizar la entrega de equipos y de material anticovid. Por lo tanto, recursos había, reitera la presidenta de Satse en Segovia, pero «se limitaron, no sé si con la intención de contener por lo que pudiera venir». «El servicio de prevención de riesgos no hizo su trabajo», apostilla.
La del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es la primera sentencia confirmatoria de «la penalización» a la Gerencia de Asistencia Sanitaria. A Miriam Rubio le hubiera gustado que más profesionales que padecieron una indefensión similar hubieran dado el paso de llevar a la justicia su reclamación; sin embargo, precisa que, desde 2020, la central sindical ha venido denunciando el elevado número de trabajadores sanitarios que se contagiaron del virus durante la primera ola, aunque «solo en torno al 4% les fue considerado como accidente de trabajo».
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