Todos los pueblos de entre 500 y 2.000 habitantes tendrán depuración de aguas este mandato

El propio titular autonómico es consciente de que la institución segoviana es incapaz de asumir la «abultada» partida económica necesaria para desarrollar este plan. A una entidad de estas características, «se le escapa» una inversión de esta envergadura, ha incidido.

Así, ha desvelado el acuerdo que rubricarán ambas administraciones para financiar las actuaciones. Suárez-Quiñones ha especificado que el 40% de la inversión «a fondo perdido» será asumido por la Junta de Castilla y León. Otro porcentaje idéntico correrá a cargo de la Diputación, aunque el Ejecutivo regional financiará a diez años este importe que sale de las arcas de la Corporación provincial. Es decir, que la institución que preside De Vicente aportará cada anualidad 575.950 euros para la consecución del objetivo marcado por el consejero.

El 20% restante saldrá de los ayuntamientos, aunque también con facilidades por parte de la Junta, que financiará a 25 años esas aportaciones de las corporaciones locales implicadas en el plan, según ha desvelado el consejero en su visita a Segovia este lunes. La única condición que pone el Ejecutivo autonómico es que sea él el que se encargue del mantenimiento y de la explotación de las infraestructuras de depuración, ya que en muchas ocasiones los consistorios no han sido capaces de llevar a cabo esta tarea de manera adecuada.

Con esta planificación prácticamente cerrada, el objetivo para este cuatrienio es que ningún municipio de entre 500 y 2.000 habitantes o equivalentes tengan problemas de depuración de aguas residuales, ha subrayado el titular autonómico de Fomento. Suárez-Quiñones ha explicado que cuando se refiere a 'equivalentes' el criterio establecido tiene cuenta la industria de cada zona, ya que puede haber padrones más pequeños en cuyos entornos haya fábricas con un impacto similar al de esos censos.

«No puede ser que se vierta a los ríos», ha apostillado el consejero, quien a su vez ha explicado que esta medida impulsada por el Gobierno castellano y leonés con la colaboración de las diputaciones y ayuntamientos proviene del «tirón de orejas» que dio la Unión Europea a España en la gestión de las aguas residuales. A partir de entonces, el Estado y las comunidades autónomas se distribuyeron la encomienda de mejorar el ciclo hídrico del país.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha sacado pecho puesto que Castilla y León «ha cumplido con su parte» ya que a lo largo de la pasada legislatura consignó 75 millones de euros a la ejecución de las actuaciones necesarias para la depuración de aguas residuales en los términos de más 2.000 habitantes o equivalentes.

Además, el consejero ha repasado con el presidente de la Diputación de Segovia las próximas obras que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia relacionadas con el abastecimiento de agua para el consumo de las personas y que se localizan en Valtiendas, Ochando, Balisa, Cantalejo, Aldeanueva del Codonal y Lastras de Cuéllar.