Segovia

El proyecto de mina en el nordeste reduce a la mitad su número de hectáreas

La empresa habla de «una gran oleada de impugnaciones» en la fase de exposición pública a la que está respondiendo de la forma más argumentada posible, un proceso que no prevé terminar antes de 2024. Un buen número de estas alegaciones incidían en que el volumen de hectáreas era excesivo, «que íbamos a dejar inoperativa toda la comarca, algo que no es así». La respuesta ha sido reducir una extensión que en un primer momento ascendía a las 1.600 hectáreas –afectaba a Sepúlveda Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo– a la mitad, unas 800, una distribución que afectaría principalmente a Barbolla y Sotillo, con una parte de Castillejo. «Es una manera de que la gente no se sienta tan sumamente sorprendida por una gran extensión de terreno».

Los ayuntamientos implicados presentaron en julio más de 2.200 alegaciones ante la sede de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León en Segovia. La plataforma contra la mina de cuarzo a cielo abierto en el nordeste segoviano, que esgrime un amplio respaldo de agricultores, ganaderos, cazadores, ecologistas, residentes y visitantes, habla de «explotación indiscriminada de los recursos naturales» y alerta de que el proyecto amenaza los recursos agrícolas, ganaderos y turísticos de la zona, destruye el paisaje y pone en peligro la salud de los habitantes.

Un tronco común de las alegaciones está en las enfermedades –principalmente de origen respiratorio–, un argumento que la empresa rechaza. «Ya lo contestaremos en nuestras alegaciones». El estado de las fincas cuando acabe la concesión era otro aspecto nuclear, pues los ayuntamientos argumentan que los terrenos ya no serían productivos. «Estamos preparando una serie de informes con datos fehacientes para demostrar que eso no es así». Cada uno de los proyectos requiere de una declaración de impacto ambiental, una responsabilidad que recae en la Junta. «No hay una consecuencia directa de nuestra actividad con afecciones pulmonares o improductividad de los terrenos», asegura Valencia.

La empresa habla de un proyecto a largo plazo. «No son hectáreas que se van a trabajar simultáneamente, sino a lo largo de toda la vida de la concesión. Y las concesiones generalmente son para 30 años». El procedimiento administrativo está en un 'impasse' a la espera de que la empresa presente sus alegaciones. «Intentamos hacerlo lo antes posible, pero las medidas de campo para contestarlas nos van a llevar un tiempo. Posiblemente no seamos capaces de hacerlo antes de final de año».

Valencia califica las concesiones mineras como procesos a largo plazo, especialmente esta primera fase previa a la declaración ambiental, indispensable para que la Junta conceda el derecho minero, que afecta a organismos medioambientales, de medio rural o patrimonio cultural. «Si las cosas van bien, la Ley de Minas prevé un periodo máximo de tres años». La respuesta social amenaza con frenar el calendario. «Creo que la información que han recibido no ha sido la correcta, por eso hemos tratado desde el primer momento de hablar con todos los alcaldes y estamentos. No concebimos cómo algo que llevamos haciendo casi 40 años en otras partes de España, y no hemos tenido ningún problema, pueda haber generado una alarma social tan grande». La empresa se ha reunido recientemente con algunos alcaldes para explicar la reducción de hectáreas. Así ha trasladado a algunos ayuntamientos como Sepúlveda que ya no estarían implicados en esta primera concesión.

Frente a las críticas al impacto ambiental de la minería, la empresa argumenta una gestión responsable. «Lo que no podemos es pensar que la minería que se practica ahora es la misma que se practicaba hace 200 años. Nuestro proyecto es total y absolutamente sostenible y compatible con el medio ambiente y con el resto de actividades que se realizan en la zona». Sitúa como ejemplo su mina en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). «Siempre he ofrecido una visita para que los alcaldes de la zona puedan ver lo que estamos haciendo de primera mano. Que no tengan que estar influidos ni por mí ni por nadie, que saquen sus propias conclusiones».

Cada equipo de extracción tendría tres personas, número que agrandó el descontento social al considerarse bajo. Valencia suma una planta de procesado de ese material que presumiblemente se construiría en Barbolla, aprovechando la ubicación de una antigua planta que sería desmantelada. Este tratamiento requeriría más de una veintena de trabajadores, lo que elevaría por encima de la treintena el número de empleos directos. «Luego nosotros subcontratamos la carga y transporte del material. Podríamos llegar a acuerdos con gente de la zona que tenga camiones o palas cargadoras».