Reclaman la liberalización inmediata de la concesión de la autopista entre Segovia y Madrid

La anulación de la actual concesión de la AP-6 –y su consecuente liberalización definitiva–, es una de las peticiones que se recogen en dos escritos presentados ante el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo. En ellos, se pide a ambos organismos comunitarios que investiguen si la Comisión Europea cometió alguna irregularidad al no respetar los términos de la sentencia condenatoria del TJUE al Estado español. Además, reclama que se tomen las medidas oportunas para que el caso vuelva a ser estudiado por el tribunal europeo y para que se analice si se ha dado o no cumplimiento a la sentencia judicial de 2010.

La presentación de ambos escritos, el pasado 23 de diciembre, son un nuevo intento de resolver los problemas de seguridad que sufre San Rafael, por cuya travesía circulan cada día más de 12.000 vehículos (una décima parte de gran tonelaje) que evitan así el pago obligatorio por circular por la AP-6.

La plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha dado un paso más y ha denunciado ante la Unión Europea la «vulneración del derecho por parte de la Comisión Europea y el Gobierno de España». En concreto, se refieren al incumplimiento de la sentencia que condenó al Estado español en 2010 por la adjudicación «irregular» de la actual concesión de la AP-6 a la empresa Ibérica de Autopistas (Iberpistas), perteneciente a Abertis.

En 1999, el Gobierno adjudicó nuevas obras a la misma empresa que en 1968 a cambio de la prórroga de la concesión durante un periodo mínimo de 32 años y máximo de 37 a contar desde entonces. Sin embargo, esta decisión fue denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano que probó finalmente la vulneración del derecho al no haberse publicado en el pliego del concurso la totalidad de las obras a ejecutar por la empresa concesionaria. Se refieren así a la construcción de un tercer túnel bajo la sierra de Guadarrama, la AP-51 y la AP-61. Esta concurrencia pública fue realizada por el Ministerio de Fomento bajo la dirección del popular Rafael Arias Salgado.

2018Es el año en el que acababa la concesión de 50 años de la AP-6, hasta que con las obras del tercer túnel de Guadarrama y de los tramos hasta Ávila y Segovia se prorrogó la concesión entre 32 y 37 años. La ampliación de la explotación fue declarada irregular.

La sentencia declaró ilegal tanto la adjudicación y licitación de las obras como la prórroga del peaje a partir de 2018. Para dar cumplimiento a la condena, el Gobierno de España acordó la resta de siete años al periodo de explotación, cuya fecha de finalización todavía no se había fijado (en abril de 2020 se decidió que fuera en 2029). Además de recortar el periodo de explotación, para cumplir con la condena de los tribunales europeos el Gobierno también aprobó la aportación de una compensación, a la que seguiría una nueva licitación de la concesión durante los siete años restados anteriormente.

La plataforma no está de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno de España para dar cumplmiento a la condena. Sostienen que no solo no ha quedado anulada esta cesión –ya de por sí «ilegal», matizan–, sino que ha quedado en los mismos términos temporales que estaban fijados antes de la sentencia del TJUE. En suma a ello, además de poder continuar con el peaje, Iberpistas ha recibido «una millonaria indemnización» por la sentencia. Por tanto, ha cobrado «dos veces por estos siete años, lo cual podría incluso suponer una malversación de caudales públicos», recoge la petición.

En su escrito, la plataforma recuerda que la Comisión Europea dio su beneplácito a las medidas adoptadas por el Gobierno de España, Pero lo hizo a través de un correo electrónico, fórmula que «no tiene la figura de un acto jurídico». No obstante, la organización tampoco entiende, y así se lo hace saber al Defensor del Pueblo Europeo y Parlamento Europeo, cómo la Comisión Europea pudo aceptar la propuesta del Gobierno de España, que «en la práctica deja una concesión condenada por el TJUE en las mismas condiciones temporales y que incluso podría ocasionar en el futuro una malversación de caudales públicos». La plataforma llega a esta conclusión al prever que, una vez finalice la actual concesión en 2029, «se volverán a licitar los ya mencionados siete años», por lo que el plazo de la concesión culminaría en 2036, tal y como se preveía antes de la condena. Esto «deja las cosas como estaban desde el principio», critica la plataforma, de ahí que contemple que existe «fraude de ley».

De este modo, se reclama la intermediación del TJUE para la investigación de estas posibles irregularidades y que haga «real y efectivo» el cumplimiento de su propia sentencia publicada en 2010. La solución que sugieren ante este problema es liberalizar definitivamente la autopista, ya que el peaje está «totalmente amortizado». Esto también daría respuesta a las reiteradas movilizaciones, protestas y quejas en San Rafael que solicitan una alternativa a la gran cantidad de tráfico que cruza por su travesía de conductores que pretenden evitar el peaje.

Las denuncias trasladadas a ambos organismos de la Unión Europea alcanzan las 37 páginas y están firmadas por Juan Manuel Gea, portavoz de la plataforma.