La campaña contra el peajes en la AP-6 llega recogidas más de 9.000 firmas en cinco días

En paralelo a esta iniciativa ciudadana, los diputados y senadores del PP de Segovia han anunciado que presentarán diferentes iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, para preguntar al Gobierno sobre el incremento del precio del peaje de la autopista AP-6.

El aumento, en términos relativos, supone el doble con respecto a la subida media del 0,84% que han registrado con la llegada del nuevo año el resto de las autopistas de pago estatales en concesión. Así lo establece el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, por el que se modifica el contrato de concesión de esta vía que el Estado tiene con Castellana de Autopistas, filial del grupo Abertis. En virtud de este Real Decreto, el Ministerio autorizó a la empresa adjudicataria de la explotación a realizar una subida extraordinaria adicional del 0,85% en su peaje de 2020, pero también en los de 2021 y 2022. De esta forma, la circulación por la autopista y el túnel de Guadarrama registrará un encarecimiento acumulado del 2,55% en los tres próximos ejercicios, que se sumará a la subida anual que registren las vías de pago en función de la fórmula de actualización automática con que el sector cuenta desde que en 2000 la acordara con el Gobierno central de entonces. En virtud de esta fórmula, que tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente y que se pondera en función de la evolución de los tráficos, la subida media de las vías de pago es del 0,84%.

Esta modificación al alza de los precios no ha afectado a las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis financiera, que rescató el Estado y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento, dado que no se explotan a través de contratos de concesión.

En el caso de la AP-6 (Villalba-Adanero), con la subida extraordinaria aprobada por el Consejo de Ministros se pretende compensar a la concesionaria de la vía por la inversión que ha destinado a realizar distintas obras. En cuanto al impacto que traerán consigo los cambios aprobados en las otras dos vías de anta capacidad que transitan por la provincia de Segovia, la AP-51 y la AP-61, fuentes ministeriales indicaron que «se sustituyen las tarifas que deberían haber entrado en vigor el 30 de enero de 2018 por las tarifas vigentes hasta el 29 de enero de dicho año, a las que se aplicará la subida anual ordinaria hasta el fin de su contrato de concesión».

Desde hace meses, los usuarios habituales de las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51, en las provincias de Segovia y Ávila, esperaban que en noviembre el Gobierno anunciase su decisión sobre el futuro de las tres vías de comunicación a partir de 2024. Sobre la mesa están las dos opciones que el Real Decreto 525/2012 permitía tras una sentencia de abril de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se condenaba al Estado por irregularidades en la adjudicación de las autopistas en 1999. Por un lado, establecer 2024 como la fecha final de la concesión a la empresa Abertis y permitir la liberación de las autopistas, ya sin peajes; por el otro, prorrogar otros siete años la concesión, retrasando su liberalización hasta 2031.

«Todavía no disponemos de una solución en ese sentido», declaró a principios de diciembre la subdelega del Gobierno, Lirio Martín, quien explicó que en noviembre se han recogido los últimos datos sobre la densidad del tráfico en las autopistas y ahora será el turno de analizarlos para determinar por qué opción se decanta el Gobierno. «Son valoraciones que se tienen que hacer en base a lo que aludía esa sentencia (del Tribunal de Justicia de la UE). Es una cuestión técnica. Son unos datos que hay que analizar y cuando se avance en ello decidiremos», señaló la representante del Estado en la provincia, quien no puso plazos de tiempo para tomar una decisión.

Por su parte, Julio Huerta, portavoz de la plataforma Ávila Libre de Peajes (convertida en partido político desde hace meses), señaló que «entendemos que hasta que no haya un gobierno establecido no habrá decisión». No obstante, indicó que la decisión se debería haber tomado en noviembre y que por ello la Comisión Europea podría multar al Estado, tal y como recuerda que ocurrió entre 2010 y 2012, el tiempo que transcurrió entre la sentencia del tribunal europeo y la redacción de un Real Decreto 525/2012 del que asegura «es ahora cuando se dará cumplimiento».