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El Procurador del Común entiende que la reglamentación vigente que regula la prestación del transporte urbano en Segovia «puede suponer un agravio». La resolución de la institución equivalente al Defensor del Pueblo en Castilla y León pone el solfa el «sobrecoste» que acarrea la utilización ... de este servicio público para las personas con discapacidad, ya sean dependientes o con problemas de movilidad reducida, que solamente pueden viajar en los autobuses urbanos con otro pasajero que hace las funciones de acompañante.
La entidad autonómica que preside Tomás Quintana se muestra partidaria a que esas personas cuidadoras puedan desplazarse gratis en las distintas líneas que conforman la red del transporte urbano de la capital segoviana, siempre y cuando el usuario al que acompañan «precise de ayuda de otros para hacer posibles» los trayectos. El Procurador del Común piensa que de esta manera «se favorece su movilidad con mayor autonomía e independencia». No es la primera vez que la institución se refiere a la accesibilidad en los autobuses, ya que recientemente también solicitó la revisión diaria de las rampas que despliegan los vehículos para que suban y bajen sillas de ruedas.
En el argumentario sobre el que construye la resolución, dirigida al Ayuntamiento de la ciudad, la institución regional cita «la falta de previsión» del reglamento en vigor, lo que conlleva «un gravamen añadido al que se ven obligadas a afrontar de forma cotidiana las personas con discapacidad». En este sentido, llama la atención sobre lo que considera una «contradicción» con respecto a los preceptos dispuestos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento que data de diciembre de 2006, ratificado por el Gobierno de España a través de su publicación dos años después en el Boletín Oficial del Estado.
Uno de los artículos de dicho marco, según la alusión que hace Quintana en la resolución, contiene «la exigencia de asegurar que esta población pueda vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida y, por tanto, su acceso, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico y al transporte». Asimismo, el Procurador del Común de Castilla y León esgrime otro artículo de la citada convención para armar las conclusiones, el cual habla de «imponer las medidas efectivas» con el fin de que las personas que padecen una discapacidad puedan gozar de una movilidad personal con la mayor independencia posible. Y ello implica que lo hagan «a un costo asequible».
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma se ampara en la normativa vigente para solicitar al Consistorio de la capital segoviana que tenga en cuenta también a los acompañantes al introducir exenciones o bonificaciones en la tabla de precios que rige el empleo del transporte público. Quintana abraza su petición al texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la garantía de asegurar el accesibilidad universal a esta población en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Además, recuerda que estos principios también están recogidos, aunque en otros términos, en la legislación regional sobre supresión de barreras y accesibilidad.
Cabe matizar que el reglamento municipal sobre el que sitúa el foco la resolución sí establece un bono concreto para aquellos usuarios que presentan una movilidad reducida, un colectivo que, a tenor de la actual ordenación de la prestación del transporte urbano, incluye a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y con 7 o más puntos de movilidad reducida. Además, dicha norma también ofrece la opción de otra clase de bono específico para los usuarios que ni siquiera poseen esa capacidad de movimiento autónomo.
Sin embargo, los fundamentos de la resolución de Tomás Quintana insisten en la advertencia de que los acompañantes no tienen reconocida ninguna bonificación cuando actúan de apoyo a los viajeros con discapacidad y que, gracias a esa ayuda, les facilitan la utilización de los autobuses urbanos y, en definitiva, de la red del transporte público de Segovia.
«Resulta indudable que los acompañantes de las personas con discapacidad que necesiten asistencia en sus desplazamientos puedan acceder de forma gratuita al transporte público, y encaja entre las medidas a adoptar por las administraciones para garantizar la igualdad de oportunidades de las mismas», sostiene el Defensor del Pueblo en Castilla y León, quien interpreta que los poderes públicos, en este caso el Ayuntamiento de la capital segoviana, han de impulsar medidas «contra la discriminación y medidas de acción positiva».
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Y la gratuidad del viaje en los autobuses urbanos de la ciudad para quienes acompañan a una persona con discapacidad sería una de ellas porque «contribuiría de forma notable a su integración en sus actividades cotidianas», tal y como destaca una iniciativa parlamentaria presentada ante la Mesa del Congreso de los Diputados hace seis años y que fue formulada a favor de las exenciones del pago del billete de transporte público para la asistencia personal o acompañantes de aquellas personas que los necesiten como recurso imprescindible para su movilidad y autonomía.
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