Piden 34 años de cárcel por captar mujeres de Colombia para ejercer la prostitución

El Ministerio Público considera que hasta septiembre de 2018, fecha en la que se produjo la intervención policial, los dos acusados actuaron como enlaces desde Colombia de una red que se encargaba de captar allí a mujeres vulnerables, tanto social como económicamente, mediante engaño y el aprovechamiento de su situación. Les facilitaban el viaje a España con la finalidad de que, una vez se encontraban en territorio nacional, destinarlas al ejercicio de la prostitución y al pago de la deuda que contraían con ellos por haberlas llevado a España.

Fiscalía apunta que ambos acusados actuaron en connivencia con otra mujer, que no ha podido ser enjuiciada por estos hechos al encontrarse huida de la Justicia, que estaba auxiliada a su vez por otro hombre, contra el que se ha seguido también causa por estos mismos hechos y en espera de sentencia. Los dos acusados eran quienes convencían -mediante engaño- a las mujeres en Colombia, las aleccionaban para entrar ilegalmente en territorio español y les financiaban el viaje, en colaboración con la mujer que está huida de la Justicia. Las mujeres eran recibidas por otras dos personas, quienes las destinaban a clubes de alterne para el ejercicio de la prostitución, a fin de abonar la deuda que decían habían contraído por traerlas a España.

Las condiciones concretas de explotación de la prostitución de las mujeres captadas y traídas por los acusados estaba organizada en España, donde se imponían a las mujeres las condiciones de trabajo como horarios, precio de la relación sexual, duración de la misma, precio de las copas, reparto de cantidades obtenidas por dichas actividades o el precio de las sábanas. En todos los casos las mujeres estaban alojadas en las instalaciones del propio club al que se destinaban, teniendo que pagar la estancia en determinados casos.

En ninguno de los casos las mujeres poseían los correspondientes permisos de residencia y de trabajo, por lo que tampoco se dio de alta a las mujeres en la Seguridad Social, puesto que carecían de permisos de trabajo y residencia, y tampoco se les formalizó contrato alguno por escrito, careciendo las mujeres de cualquier derecho laboral, lo que permitía un efectivo control sobre ellas, ya que ni tenían posibilidad de costear el regreso a sus países, ni podían acceder a una actividad laboral legal.

Los acusados fueron detenidos en Colombia el en junio de 2021 en virtud de la orden internacional de detención librada por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia e ingresaron en prisión provisional durante el procedimiento de extradición a España.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para una de las acusadas una pena de 19 años de cárcel. Siete años por un delito continuado de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, siete años por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos años de cárcel por un delito continuado de amenazas y tres años más de prisión por pertenencia a grupo criminal.

Para el segundo acusado pide 15 años de cárcel: seis años por un delito continuado de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual; seis años por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y tres más por pertenencia a grupo criminal.