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Los casos de okupación de viviendas que se detectan en Segovia siguen teniendo un carácter testimonial respecto a otro tipo de actos ilícitos. Apenas se ... contabilizan dos allanamientos de morada por cada 10.000 habitantes en el conjunto de la provincia. Sin embargo, la tendencia es ascendente y las denuncias por usurpaciones se han disparado en los últimos años. Ha habido el doble de infracciones por la entrada ilegal a inmuebles residenciales a partir de la pandemia que en los diez años previos a la llegada del virus.
Tanto los propietarios como las agencias inmobiliarias de Segovia han mostrado su preocupación ante el fenómeno creciente de la okupación. Es una práctica que afecta a locales, pero sobre todo a viviendas, las cuales son asaltadas por los infractores sin el consentimiento de los titulares para establecer su morada en ellas. En muchos casos, se trata de inmuebles en estado de semiabandono, pero se conocen sendos ejemplos de residencias que, estando vacías por un corto o largo periodo de tiempo, han sido víctimas de la usurpación.
30 usurpaciones
han sido detectadas en la provincia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de 2024.
2 infracciones penales
por cada 10.000 habitantes en Segovia se corresponden con la okupación de viviendas.
Segovia registró un total de 30 hechos conocidos de allanamiento de morada a lo largo de 2024, según recoge el portal de criminalidad el Ministerio del Interior. Esto significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tramitado un promedio de un expediente por okupación ilegal cada doce días. El proceso suele comenzar por la denuncia de los propietarios, familiares o vecinos, pero también se han efectuado actuaciones de oficio por parte de la Guardia Civil y las policías Nacional y Local.
La cifra de usurpaciones anotadas el pasado año iguala el récord histórico que ostenta la provincia, ya que en 2021 se investigó el mismo número infracciones penales de similares características. El resto de ejercicios no llegan a rebasar el citado umbral, aunque 2023 se sitúa muy cerca. El periodo pospandemia engloba el 65% del total de las okupaciones que se han notificado en la provincia desde que se tienen registros en 2010. Si se tienen en cuenta los datos más recientes, los casos de allanamiento de viviendas se han duplicado en un lustro y se han cuadruplicado respecto a la última década.
16 víctimas
se han visto perjudicadas por el allanamiento de los inmuebles de su titularidad, ya sean particulares o agencias inmobiliarias.
Un aspecto clave es que gran parte de los delitos detectados por el acceso ilegal a los inmuebles han podido ser esclarecidos. La labor de los agentes policiales y guardias civiles han permitido resolver 23 casos de usurpación de domicilio en 2024, uno más respecto al año anterior. La resolución de los conflictos se ha saldado con 13 personas detenidas, lo que indica que un mismo infractor puede ser el responsable de la entrada sin autorización a una casa. Es una situación contraria a la que se produjo en 2021, cuando fueron identificados muchos más okupas que inmuebles afectados por allanamiento.
La entrada a una vivienda sin permiso implica un perjuicio para las víctimas, que son esencialmente particulares o agencias inmobiliarias. En el último año se cifraron 16 personas damnificadas por este fenómeno -tal y como avalan las denuncias efectuadas-, lo que se constituye como la marca más elevada en Segovia, nunca vista con anterioridad. Es un hecho que ha supuesto un ligero incremento de las consultas dirigidas a la oficina 'antiokupación', que está a punto de cumplir dos años de trayectoria en la ciudad.
La estadística del Ministerio no amplía los detalles sobre la ubicación concreta en los que se han cometido estas infracciones penales, pero un rápido vistazo al archivo del Consejo General del Poder Judicial permite conocer sendas sentencias condenatorias a okupas que han actuado en multitud de municipios de diferentes comarcas. Por ejemplo, en Cantalejo y Ortigosa de Pestaño, donde hace pocos meses dos mujeres fueron condenadas a una pena de multa de varios meses por delito leve de usurpación de bienes inmuebles.
Los allanamientos también proliferan por la ciudad de Segovia. A lo largo del año pasado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en diferentes escenarios. Uno de ellos es un edificio completo en la calle Velódromo, así como varias viviendas ubicadas en las calles Gutiérrrez Mellado, San Gabriel, Viena, Los Silverios y Convento o en la carretera de Villacastín, entre otras localizaciones.
El portal inmobiliario Idealista eleva a 37 el número de chalés o pisos okupados que en el cuarto trimestre de 2024 estaban en venta en la provincia, lo que se traduce en un 1,4% del parque residencial que busca comprador. El 25% se reparten por la capital segoviana. Estos anuncios tienen un precio hasta cuatro veces inferior al que se observa en el mercado, pero su posesión no está garantizada por la existencia de huéspedes ilegales en su interior.
Pese al repunte de los allanamientos de morada, Segovia se constituye como uno de los territorios con menor incursión de los okupas a escala nacional. Es el undécimo destino menos elegido para usurpar viviendas y se coloca por detrás de Cáceres, Ourense, Cuenca, Ávila, Ceuta, Palencia, Zamora, Melilla, Teruel y Soria. Todas ellas se encuentran por debajo de las 22 ursurpaciones denunciadas y el mínimo se establece en cinco inmuebles asaltados. A la cabeza de la clasificación se colocan Barcelona y Madrid, con 5.000 y 1.400 infracciones penales relacionadas con la okupación.
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