Madrid apremia para explotar Navacerrada y Castilla y León sigue pendiente de la justicia

Ahora, ambas entidades locales trabajan en conjunto en la elaboración de las condiciones para, «si es posible», adjudicar la explotación del telesilla de Guarramillas a una concesionaria. De esta forma, la parte madrileña de la estación de esquí podrá reabrir y funcionar lo antes posible, según informó a Europa Press el alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña.

Portavoces de Ecologistas en Acción recuerdan y subrayan que la concesión carece de la autorización de la Comunidad de Madrid antes de que los Ayuntamientos del otro lado de la sierra avancen en el pliego. «Ni Madrid ni Castilla y León pueden renovar la concesión porque va en contra de la Ley de Montes, de lo contrario es posible que tuviera que someterse a una nueva normativa», expone la representante de la organización conservacionista, María Ángeles Nieto.

Frente a estos argumentos, la Comunidad de Madrid defiende que «lo único que se ha hecho es cumplir con la norma», al referirse a la orden del pasado mes de julio en la que se ratificaba la extinción de la concesión de la pista, por lo que se inadmitía cualquier intento de prórroga una vez que finaliza la concesión. De ahí el Gobierno de Ayuso apremie a los Ayuntamientos para que hagan el trabajo y liciten una nueva explotación de la estación de esquí de Navacerrada.

La Consejería de Medio Ambiente de Madrid explica que «para hacer un uso privativo del dominio público forestal [como es la voluntad del Ejecutivo madrileño con respecto a la estación de Navacerrada], la administración titular, es decir, Ayuntamientos y Organismo Autónomo Parques Nacionales, y la que tiene las competencias de gestión, que son las comunidades de Madrid y Castilla y León, deben autorizar ocupaciones temporales» como la que ha estado en vigor hasta que el Ministerio decidió no prorrogar cuando alcanzó la caducidad.

La diferencia con Castilla y León, y más concretamente con la vertiente segoviana, radica en que el municipio del Real Sitio de San Ildefonso no es propietario del monte, precisa su regidor, Samuel Alonso. El dueño es Parques Nacionales. La localidad asiste «como espectadora» al litigio que se planteó el año pasado entre la Administración General del Estado y la Junta después de que ésta se declarara no competente para extinguir la concesión y, por ende, habilitara así la apertura de las instalaciones deportivas de invierno durante la pasada temporada, a pesar de que la explotación había caducado y de que el Organismo Autónomo había decidido no prorrogarla amparándose en el cuidado del entorno natural protegido de la sierra de Guadarrama y en apaciguar los efectos nocivos del cambio climático en este entorno situado a caballo entre Madrid y Castilla y León.

Aparejado a la medida del ente estatal iba el desmantelamiento de las tres pistas de esquí de la falda segoviana –El Bosque, El Telégrafo y El Escaparate–. Pero la judicialización prosigue. No se conoce veredicto casi un año después. Así pues, el contexto, a falta de aproximadamente un mes para las fechas en las que las instalaciones suelen ultimar la maquinaria para abrir sus puertas a los aficionados a la nieve, se repite mientras no haya una decisión en los tribunales. En realidad, ese escenario de aparente ausencia de novedades no es tal.

Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica ha avanzado en estos meses en su objetivo de cercar y acorralar a la concesión de la estación de Navacerrada. En octubre informó de la eliminación de remontes abandonados y en desuso y de edificaciones en ruinas. Además, la Confederación Hidrográfica del Duero también ha certificado la extinción del aprovechamiento para usos industriales del arroyo del Telégrafo, usado por la empresa para fabricar nieve artificial y mantener habilitada la práctica del esquí en épocas de ausencia de nieve.