Los litigios entre cónyuges se disparan en los casos de divorcio en Segovia

Maridos y esposas ponen sus intereses en manos de los abogados y litigan. A tenor del balance difundido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), cada vez pleitean más, ya que el año pasado fue el que más divorcios registró en el último decenio.

La suma de las disoluciones matrimoniales que no dejan ningún resquicio a la reconciliación aumentaron en 2024 un 17,6% en la provincia de Segovia. El año bajó la persiana con 290 demandas atendidas en los juzgados. Están incluidas tanto las rupturas que se produjeron de mutuo acuerdo y por consenso como aquellos divorcios en los que no hubo pacto previo entre los cónyuges. En ambos supuestos, los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan sendas subidas de los asuntos ingresados.

Sin embargo, los propios números guían el foco de atención hasta colocarlo sobre los procedimientos en los que no existió un acuerdo previo y desembocaron en litigio. Esos divorcios que derivaron en un contencioso conyugal se multiplicaron por cuatro durante el pasado curso con respecto a 2023. De un año a otro, los tribunales pasaron de atender 30 demandas de parejas decididas a romper el vínculo que contrajeron en su día a intervenir en 137 asuntos de este tipo.

Todavía dicho incremento es mucho más llamativo si se enfoca el espejo retrovisor de la comparación hacia el ejercicio 2022, cuando en la provincia se contabilizaron solo 24 trámites judiciales por divorcios sin consenso, como los denomina la Administración a la hora de evaluar el impacto de las rupturas matrimoniales en el funcionamiento judicial. Es decir, ahora ese volumen se ha disparado hasta multiplicar por seis aquella afluencia de casos.

Es complicado encontrar las razones que están detrás de un aumento tan rápido como espectacular en las disoluciones sin acuerdo, sobre todo cuando los pactos entre las partes han ido -y lo siguen haciendo- ganando terreno en las estadísticas judiciales. La abogada matrimonialista Elvira Sanz Rivas admite esa complejidad en la búsqueda de los motivos que justifiquen el fenómeno del curso pasado en los tribunales. En su reflexión, supone que ese repunte viene a ser, en cierto modo, «un reflejo de la sociedad en general» en la que se vive. «Cada vez discutimos más, hay una atmósfera de crispación y esto repercute en general en todos los ámbitos, incluido la familia», añade la letrada segoviana.

La evolución en los últimos diez años alcanzó en 2024 un doble hito: el de los divorcios totales tramitados en la provincia y el de las separaciones sin acuerdo y sin vuelta atrás en la relación. La curva que dibuja la progresión a lo largo de los meses venía buscando esas cimas, con cifras parciales que aventuraban los máximos que al final se han dado, tal y como recoge el informe del Poder Judicial. Solo entre enero y junio, ambos inclusive, ya se habían registrado 72 demandas en las que los cónyuges no se pusieron de acuerdo con los términos de la disolución matrimonial, lo que anticipaba a su vez un notable aumento, que en el ecuador del curso se situaba en el 56,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Al final, se han cuadruplicado.

Por su parte, los divorcios pactados también subieron durante 2024, aunque no en la dimensión en la que lo hicieron aquellos en los que los cónyuges terminaron por resolver sus diferencias a través de un contencioso. Durante los seis primeros meses, las rupturas consensuadas ya habían experimentado un incremento del 35% con respecto al mismo periodo de tiempo del curso precedente. Ahora, el balance facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma esa tendencia y da cuenta, al cabo del año, de 153 divorcios amistosos precedidos de un acuerdo previo, treinta más que con los que acabó 2023.

El aumento de la litigiosidad que arrojan los datos del Poder Judicial está muy por encima del crecimiento medio nacional, que se situó en el 3,6%. En el conjunto del país, «el incremento global se debe al comportamiento de las demandas de divorcio, especialmente las consensuadas, que son las que más han aumentado», recoge el comunicado oficial. Sin embargo, en Segovia el crecimiento responde más a los casos en los que no hubo un pacto entre los cónyuges.

De hecho, al analizar los datos de la provincia se observa que nunca se había estrechado tanto la distancia entre el volumen de las disoluciones matrimoniales consensuadas y las que se vieron abocadas a un pleito. En los últimos diez años, según los distintos informes del servicio estadístico del Poder Judicial al acabar cada curso, la diferencia a favor de los divorcios amistosos había sido mucho mayor. A lo largo de ese decenio, las demandas con acuerdo alcanzado entre las partes para evitar el litigio han venido siendo entre dos y siete veces más numerosas que las que acabaron en un contencioso. Ahora, al cierre de 2024, ambas clases de ruptura casi se tocan cuando se dibuja su evolución.

Los matrimonios más consolidados, las parejas que acumulan más vivencias conjuntas y más años desde el día en el que se dieron el 'sí quiero', ya fuera por lo civil o por la Iglesia, son mayoría en el balance del Consejo General del Poder Judicial sobre disoluciones matrimoniales.

A partir del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos más próximos son de 2023, se concluye que dos de cada tres parejas que se rompen legalmente suman más de diez años de casados. A más distancia le siguen los divorcios de esposos que llevaban entre dos y nueve años juntos, que suponen el 30% en la provincia de Segovia. Es otra forma de ver que el paso del tiempo es un factor de desgaste en los matrimonios.

Por otra parte, los procedimientos de separación han quedado relegados a casi ser residuales en la actividad de los juzgados. La diferencia que hay con respecto a los divorcios es que en estos la disolución legal de la relación matrimonial permite a los excónyuges volver a casarse. Con las separaciones, la puerta de la reconciliación queda abierta, ya que, a efectos legales, no existe una ruptura de las nupcias contraídas.