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Los juzgados de la provincia de Segovia cierran el ejercicio de 2022 con un notable incremento de sentencias y autos presentados y resueltos respecto al año anterior. La actividad judicial recupera la normalidad tras el parón por la pandemia, aunque el tiempo medio necesario para ... poner al día los diferentes órganos y jurisdicciones asciende a cinco meses, siempre que no ingrese ningún asunto nuevo. Los tiempos se alargan en el ámbito civil, donde la espera se acerca a los siete meses, mientras que se acortan en los demás. En materia social, los plazos se abrevian más de la mitad en comparación con 2020.
Segovia está entre las quince primeras provincias con menor congestión en el sistema judicial. Pese a ello, si continúa el ritmo de resolución del pasado año, el periodo requerido para eliminar los retrasos se ampliaría doce meses más. Los últimos datos de la actividad publicados por el Consejo General del Poder Judicial revelan que los quince juzgados provinciales ingresaron un total de 17.029 asuntos y resolvieron 16.626. Esto supone que cada asunto que accede a trámite se zanja prácticamente en el mismo ejercicio a partir de una sentencia.
IGNACIO PANDO
Presidente Audiencia de Segovia
Pero no todos los ámbitos evolucionan del mismo modo. Cada uno de los órganos de la jurisdicción civil resolvió 601 casos presentados, mientras que en penal tuvieron que hacer un mayor esfuerzo con 652 y el único Juzgado de lo Social afrontó 1.230. Por primera vez en el último lustro, la demora en la resolución de asuntos pendientes es mayor en el ámbito civil que en el social, que se ha recortado a la mitad en tan solo dos años.
Este hito se debe a la introducción de una magistrada de refuerzo en este órgano. «Está funcionando con dos jueces, ya que había mucha carga de trabajo y retrasos», subrayó el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando. Sobre el último balance de la actividad judicial, afirma que no hay récord absoluto en los asuntos asumidos. No obstante, «en comparación con etapas anteriores, los procedimientos han subido mucho, sobre todo en el apartado civil», reconoce.
El incremento del trabajo se observa en el conjunto de juzgados, pero sobre todo en los lejanos a la capital, es decir, el de Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva. «Hasta hace poco, la competencia de los juicios de consumidores relativo a las hipotecas y cláusulas suelo se atribuían exclusivamente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, lo que ahora ha cambiado», explica Pando, a la vez que reconoce el aumento en el volumen de procedimientos que se abordan en los pueblos.
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Ana María Criado
El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, comparte la misma percepción. Hace hincapié en que durante la pandemia se produjo «un pequeño atasco» que luego se dilucidó en el tiempo, cuyo máximo exponente queda reflejado en el ámbito civil. «Hay circunstancias que se han ido acumulando y de ahí el notable incremento en esta jurisdicción», puntualiza. Ejemplifica con las reclamaciones a bancos sobre intereses y gastos, las demandas de desahucios o los juicios monitorios, que permiten reclamar deudas dinerarias acreditadas. «Principalmente son pequeñas cantidades», matiza Pando.
La crisis económica a raíz de la llegada del virus y el estallido de la guerra en Ucrania ha motivado muchas de estas actuaciones. «Tiene mucho que ver», remarca el presidente de la Audiencia, hasta el punto de ser conocedor de un repunte en los asuntos de materia mercantil que se corresponden con los concursos empresariales, disoluciones, quiebras y suspensión de pagos. Las sentencias emitidas en este sentido casi se cuadruplicaron en 2022 en comparación con el periodo anterior.
En cifras positivas también se encuentran los casos de violencia contra la mujer ingresados tanto en los órganos civiles como en los penales. En el caso de estos últimos, se resolvieron un total de 872 procedimientos y el ejercicio se cerró con otros 110 que permanecían en trámite. Del total de 649 delitos penados, el 84% se corresponden con malos tratos y el resto son quebrantamientos de condenas o medidas cautelares.
«Los asuntos de violencia de género aumentan todos los años, hemos visto un crecimiento notable en los últimos cinco o seis años», detalla Pando, quien prefiere ser optimista y achacar el incremento a que «las mujeres denuncian más» ante situaciones que «antes se callaban y ahora no». Según los datos recientemente publicados por el Consejo, 99 mujeres víctimas requirieron protección en 2022 y en la provincia -el 54% de nacionalidad española-, y cuatro menores han sido tutelados.
EMILIO FUENTETAJA
Decano Colegio de Abogados de Segovia
ESMERALDA HERNÁN
Letrada de la Administración de Justicia
Por su parte, Fuententaja coincide en que actualmente los abogados atienden numerosas denuncias por violencia de género a través de los despachos particulares o la asistencia jurídica gratuita. «Estos casos se están dando con cierta asiduidad», lamentó. El Ayuntamiento de la ciudad aprobó por unanimidad la creación de un nuevo Juzgado específico de Violencia contra la Mujer, lo que el decano considera que «puede ser factible» y permitiría encarar esta prioridad «de manera exclusiva».
No obstante, la principal petición que elevan para la mejora del sistema judicial es su «reactivación», en referencia a la huelga de letrados de la Administración de Justicia. «La situación está muy mal, nos perjudica notablemente, estamos en medio de un conflicto que no tenemos nada que ver», indica el colegiado. Si bien es cierto que se organizaron algunas jornadas de paros en 2022, estas no repercutieron significativamente en la actividad. No sucede lo mismo en esta ocasión. «A medida que se prolonga en el tiempo, empieza a ser preocupante», subraya Pando.
Jesús María de la Fuente
Decano Colegio de Procuradores de Segovia
La representante del cuerpo de letrados Esmeralda Hernán declara que «no hay visos» de que la situación mejore. «Seguimos parados al 100% y sin ver avances, el Ministerio de Justicia no nos hace caso«, determina, ante lo que pide el apoyo de abogados, procuradores y otros trabajadores del gremio. «Segovia es una ciudad que iba bastante al día», remarca.
La huelga supone un gran agravio para los ciudadanos, pero al ser una convocatoria general a nivel nacional, «seguiremos con esa ventaja», insiste el presidente de la Audiencia. «Si nosotros funcionábamos con dos piernas, ahora lo hacemos con una. El problema es que los que solo contaban con una pierna ahora se quedan sin ninguna», concluye.
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