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Los juzgados de la provincia no tenían tantos asuntos pendientes a falta de tres meses de acabar el año desde 2015. El tercer trimestre del ejercicio actual echó el cierre con 7.026 expedientes pendientes de tramitación judicial acumulados en los meses de julio, agosto ... y septiembre, sumadas todas las jurisdicciones y todos los órganos competentes.
Hace siete años, fueron más de 8.000. Este volumen de casos en cartera es un 4,5% mayor que el que registraba la Administración de Justicia en la provincia segoviana en los primeros nueve meses de 2021, según los datos que ha publicado recientemente el Consejo General del Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El repunte tiene mucho que ver con el aumento de la litigiosidad observado en el tercer trimestre del año que ahora encara su recta final. Esto quiere decir que, en el conjunto global de las cuatro jurisdicciones -Civil, Penal, Contencioso-Administrativa y Social- ha habido a lo largo de esa etapa, coincidente con el verano, un aumento de los asuntos ingresados por parte de los quince órganos judiciales que componen el entramado judicial en la provincia.
4.074nuevos asuntos entraron en los órganos judiciales de la provincia en el tercer trimestre del año
3.441asuntos se resolvieron en los órganos judiciales segovianos durante los meses de julio, agosto y septiembre
En concreto, entre julio y septiembre, ambos inclusive, el Poder Judicial contabiliza 4.074 expedientes entrantes, a un promedio de más de 44 diarios o de 1.350 mensuales aproximadamente. Estas cifras dan cuenta de la gran actividad que asumen los juzgados, unos más que otros, en la provincia segoviana, ya que la media de asuntos ingresados por órgano es de casi 272 procesos. El incremento con respecto al tercer trimestre del curso anterior es del 9%.
Si a ello se añade que el ritmo alcanzado en la capacidad resolutiva también ha subido, pero no en la misma proporción y a la misma velocidad, la cartera de asuntos pendientes de tramitación engorda más de lo deseado por los responsables de la judicatura en la provincia hasta superar por primera vez en los últimos siete años la barrera de los 7.000 casos a falta de descontar del calendario los últimos tres meses del año.
Sin embargo, las mismas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ponen de relieve comportamientos distintos en función de las jurisdicciones. La afluencia de órdenes entrantes en julio, agosto y septiembre en los órganos de lo Civil, lo Contencioso-Administrativo y lo Social fue más baja que la experimentada en 2021. Es en lo Penal donde se encuentra la razón que justifica el incremento de la litigiosidad durante esos meses estivales. Cerca del 55% de los casos ingresados se concentraron en esta vía.
Los 2.225 nuevos asuntos llegados en esos tres meses representan un 8% más de los que ingresaron los órganos que entienden de la jurisdicción Penal un año antes. Sin embargo, no excede en demasía de la media habitual de nuevos expedientes desde la entrada en servicio, primero del Juzgdo de lo Penal 1 bis en 2016, y posteriormente del segundo tribunal, que se antojaba necesario y que empezó a funcionar en octubre 2020 tras más de diez años de reivindicaciones, no solo en el ámbito judicial.
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Uno de los motivos que explican el aumento de nuevos casos que llegan a la jurisdicción Penal, a tenor de la objetividad de los números y de las experiencias que comparten los propios profesionales, es la tendencia al alza de las denuncias relacionadas con la violencia de género contra la mujer, que también va acompañada con un acelerón en las resoluciones dictaminadas.
También las tramitaciones penales en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción han experimentado, a lo largo del tercer trimestre, más trasiego de casos nuevos con respecto al año anterior. Según el Poder Judicial, la afluencia ha crecido un 10% hasta los 1.759.
Pero la mayor presión se detecta en el único Juzgado de lo Social que opera, por el momento, en la provincia. Y eso a pesar de haber reducido la cantidad de casos ingresados en el tercer trimestre del año frente a los que entraron en el mismo plazo del ejercicio precedente. Esa afluencia bajó un 29% hasta quedarse en 218 nuevos procesos, expedientes que por otra parte ha de asumir un solo órgano, de ahí que arrastre sea la jurisdicción que mayor sobrecarga de trabajo soporte en la Administración de Justicia de Segovia.
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El problema y la necesidad de contar con un segundo Juzgado de lo Social que alivie el exceso de trabajo son habituales en la lista de demandas que la Audiencia Provincial que preside Ignacio Pando recoge en las memorias de cada año trasladadas y recogidas como suyas por el TSJCyL.
Esta reivindicación tiene el tiempo contado. A mediados del pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Real Decreto que permitirá la puesta en marcha de setenta nuevas unidades judiciales en toda España con el objetivo de afrontar, atender y resolver la carga laboral existente en determinada sedes y tribunales. En el caso de Segovia, el Ministerio creará el ampliamente reclamado segundo Juzgado de lo Social, que estará ubicado en el partido judicial de la capital.
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